Las reformas estructurales
implementadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto vulneran en primer lugar a
los territorios y la autonomía de las comunidades indígenas, ya sea a través de
las concesiones para actividades mineras o energéticas, o por la
“privatización” de los sectores de salud y de educación, plantearon tres
organizaciones en un informe publicado hoy.
Las
organizaciones –el Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa,
la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos-Filial Región Sureste
y la organización venezolana Red Nacional por los Derechos Humanos (RENADDHH)– señalaron que, en el estado de Chiapas, el
cual concentra la mayor proporción de población indígena en el país, las
infraestructuras de salud y de educación se encuentran en el abandono y “al
borde del colapso”.
El informe,
que señala algunas deficiencias graves en materia de derechos humanos en el
país, fue enviado hoy al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de la ONU, que realizará un informe periódico sobre México durante su 62ª
sesión, que celebrará entre los próximos 18 de septiembre y 6 de octubre en
Ginebra.
No queda
desapercibido que la RENADDHH, una organización venezolana de afinidad
bolivariana, participó en la elaboración del informe en medio de las tensiones
diplomáticas que estallaron entre México y Venezuela desde el pasado mes de
abril.
El gobierno
de Enrique Peña Nieto encabezó un grupo de países miembros de la Organización
de los Estados Americanos (OEA) que multiplicó las declaraciones de repudio a
las medidas “antidemocráticas” y “autoritarias” adoptadas por el gobierno de
Maduro ante la agravación de la crisis política en su país.
El gobierno
bolivariano, por su parte, denunció en varias ocasiones la “hipocresía” del
gobierno mexicano: aseveró que la administración de Peña Nieto fomentaba un
golpe de Estado de la “derecha conservadora” urdido desde Estados Unidos, y
señaló la crisis de derechos humanos que azota a México desde hace una década.
La
Cancillería venezolana intentó llevar el tema de los 43 normalistas
desaparecidos de Ayotzinapa ante la Asamblea General de la OEA que se llevó a
cabo en Cancún los pasados 20 y 21 de junio, pero su propuesta de incluir este
debate en la orden del día fue desechada.
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