En su
mensaje con motivo del Quinto Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña
Nieto habló de la mejora en el poder adquisitivo y añadió:
“Aquí destaco las buenas relaciones
laborales entre empresarios y trabajadores. En 46 meses, prácticamente no ha
habido huelgas de carácter federal, no obstante que se han realizado 39 mil
revisiones salariales y contractuales”.
Mintió.
La afirmación que pretende informar
que en lo que va del sexenio no hubo huelgas, la han repetido al menos desde
finales de 2016, tanto Peña Nieto como el secretario del Trabajo y Previsión
Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida.
Para
confirmarlo de manera oficial, se realizó una solicitud de acceso a la
información a la STPS, en cuya respuesta se exponen los siguientes datos:
Del 1 de diciembre de 2012, al último
día de febrero pasado, han estallado 22 huelgas de jurisdicción federal, además
de que 33 mil 417 emplazamientos a huelga fueron conjurados.
En diciembre de 2012, se registró una
huelga, pero el año de mayor conflictividad fue 2013, cuando estallaron 18
huelgas, a las que se suman dos en 2016 y una enero de 2017, año este último en
el que no se contabilizaron los meses de mayor conflictividad en la respuesta a
la solicitud, o sea de marzo a mayo, cuando concluyen numerosas revisiones
contractuales.
Una curiosidad
del registro de huelgas es que, al revisar en qué entidades ocurrieron, resulta que ocho de las 22 fueron en el
Estado de México, entidad de donde es oriundo el mandatario y gran parte de su
gabinete, incluyendo a Navarrete Prida.
La cifra
tendría que ser superior pues existe evidencia de huelgas que estallaron pero
que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró ilegales, como es el
caso de lo ocurrido en la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”, en
Coahuila, apenas en febrero pasado.
Aunque se
había cumplido con todas las formalidades la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje (JFCA) la declaró ilegal por considerar que se había incumplido con
un requisito de forma en el emplazamiento pues el sindicato puso “ejido
Buenavista. Domicilio conocido”, algo que es correcto pues la localidad es
ocupada por la Universidad y no tiene nomenclatura. Sin embargo, eso le valió
la declaratoria de ilegalidad, según denuncio Roxana Cuevas, la dirigente
sindical.
Por detalles como ése, el derecho a la
huelga se ha visto menoscabado, de acuerdo al laboralista Manuel Fuentes Muñiz,
que ha registrado prácticas inhibitorias y extralegales de la JFCA, por forzar
negociaciones entre trabajadores y empresarios.
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