Miembros de organizaciones civiles
llamaron a las autoridades a transparentar ya la planificación exacta y lo que
está pasando con los millones de pesos, de recursos públicos y privados,
destinados para la reconstrucción del centro del país tumbado por los
movimientos telúricos.
En la
segunda mesa del foro “Retos de la reconstrucción en México” convocado por
InfoDF, Mauricio Merino Huerta, académico del CIDE y coordinador de Nosotrxs,
aseguró que, a más de un mes del sismo
del 19 de septiembre, “no se sabe exactamente qué está pasando con el dinero
público y privado y a dónde irá”, lo cual es “muy delicado” porque esos
recursos vienen de diferentes fuentes e intereses cruzados del extranjero,
entidades y partidos políticos.
Solo con la transparencia, sin exigir
un control, planificación y uso inteligente de la información, los mexicanos
podremos ser “testigos a detalle de cómo se está gastando mal”, advirtió.
Por ello la organización Nosotrxs busca vigilar el
fideicomiso de Banobras y propone un Comité Técnico de especialistas para que
supervise el anexo de presupuesto del Paquete Económico 2018 destinado a la
reconstrucción.
Merino Huerta evaluó que la enorme
corrupción en México, en el caso de los sismos se sitúa en cuatro planos:
-La expansión de las empresas
inmobiliarias desde el 2000 en la Ciudad de México sin un nivel de supervisión
paralelo.
-Ligereza en el uso y atención a
información clave como los mapas de riesgo.
-No saber el destino exacto de los
recursos recolectados para la reconstrucción.
-Riesgo de clientelismo electoral con
los recursos para la reconstrucción, ya que este proceso no concluirá en los
meses que le restan al presente sexenio.
Aunque esta
catástrofe fue en primera instancia una causa natural, “no estábamos preparados
como país” para enfrentar los efectos de los sismos y tratar con humanidad a
las víctimas.
Ahora, dijo
el académico, es el Estado quien tiene que pensar las causas y también las
soluciones.
Dominique
Amezcua Juárez, de Artículo 19, expuso cómo ante el vacío de información
oficial durante los primeros días después del desastre surgieron iniciativas
ciudadanas como Verificado 19S.
“Es inaudito que los gobiernos no
tuvieran protocolos preparados 32 años después (del terremoto). No hubo
vocerías que a diario y a la misma hora informaran sobre hospitales, cadáveres identificados,
medidas de rescate; algo básico para no caer en contradicciones”, declaró.
Acusó que la información ofrecida por
el gobierno no fue “proactiva ni eficiente” pese a que se enfrentaba un
contexto de alto riesgo; hubo maniobra de información “irritante” como el caso
de “Frida Sofía” reportado por la Sedena y Televisa; así como la promoción de
la imagen presidencial y de otros funcionarios públicos.
“El derecho a la información es un
territorio de disputa entre quienes necesitan saber y los que no quieren que se
sepa”, afirmó
Amezcua.
Ante este antecedente de vacío
informativo, dudó que pueda esperarse una respuesta distinta en la
transparencia y rendición de cuentas durante un proceso de reconstrucción en un
marco de elecciones.
Ante ello,
Dominique pidió permanecer en alerta y pensar nuestra ciudadanía frente a la
simulación de “los ansiosos de sacarle provecho a la tragedia”.
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