Con la complicidad autoridades
municipales, estatales y federales que operaron en Coahuila durante los
gobiernos de los hermanos Humberto y Rubén Moreira, los Zetas cometieron
crímenes atroces e hicieron negocios en Pemex y la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), así como arreglos con la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP).
Lo anterior se desprende de informe
“Control sobre todo el estado de Coahuila”, presentado por investigadores de la
Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, en el que se alerta que
el gobierno de Estados Unidos posee una amplia veta de información sobre
violaciones a derechos humanos cometidos por el cártel.
En la
presentación del informe, Ariel Dulitzky director de la Clínica y expresidente
del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU,
destacó que una revisión de tres juicios que se siguen en cortes de Estados
Unidos a miembros de los Zetas revela
información sobre ejecuciones y desapariciones de personas, que podrían ser
compartidas para ser investigadas por el gobierno mexicano.
Acompañado
por las investigadoras Sarah Gohary y Moravia de la O, los integrantes de la
Clínica de Derechos Humanos informaron que durante un año y medio revisaron 24
testimonios dentro de los juicios de Austin, seguido contra el empresario
Francisco Colorado Cessa y otras cuatro personas; el de San Antonio, contra
Marciano Millán Vázquez, un comandante de los Zetas; y el Del Río, contra José
Eliud Lugo López y Emilio Villalobos Alcalá.
Los investigadores de la Clínica
advirtieron que los juicios están primordialmente enfocados en cargos por
lavado de dinero, tráfico de drogas y homicidios, por lo que “los abusos a los
derechos humanos y la complicidad del gobierno del estado fueron tangenciales
para los fiscales”
de Austin; los testigos en el juzgado de
San Antonio “ofrecieron más detalles respecto a abusos de derechos humanos,
pero en segundo término”, y en el tercer juicio, es posible tener idea de la
forma en que operaban las desapariciones y la complicidad con las autoridades
de los tres niveles de gobierno.
Pese a que las violaciones a derechos
humanos no fueron tema de investigación para los fiscales estadunidenses, esas declaraciones fueron
suficientes para que los investigadores de la Clínica de Derechos Humanos
consideraran que “el cártel de Los Zetas cometió numerosas violaciones a
derechos humanos y que las instituciones públicas y oficiales estuvieron
involucradas en varias competencias, dependiendo de la situación, lugar y
tiempo”.
Los
testimonios que exintegrantes de Los Zetas rindieron ante tribunales de Texas,
Estados Unidos, NO sólo revelaron su
presunta complicidad con los hermanos Humberto y Rubén Moreira y con altos
funcionarios de sus gabinetes, sino también que la corrupción imperante en
Coahuila permitió que se cometieran entre 2005 y 2012 atrocidades contra la
población civil que pueden configurar crímenes de lesa humanidad.
El documento resalta las
declaraciones sobre presuntas entregas de millones de pesos al exgobernador
Humberto Moreira y su fiscal general Jesús Torres Charles, a su hermano Rubén
Moreira, alcaldes, policías municipales, estatales y federales, militares,
agentes del Ministerio Público de los fueros local y federal.
Los
testimonios también confirman versiones
sobre las presuntas implicaciones de otros dos gobernadores, Fidel Herrera y
Javier Duarte; el primero es señalado de haber recibido sumas millonarias para
financiar su campaña a gobernador y el segundo, por haber facilitado una
propiedad para ejecutar a una contadora.
Un primer
borrador de la investigación, fue publicada en Proceso en su edición 2123, en
el contexto de la entrega de ese documento a la Corte Penal Internacional (CPI)
como parte de una comunicación a esa instancia internacional titulado “México:
Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen
crímenes de lesa humanidad”, presentado por el Centro de Derechos Humanos Juan
Fray de Larios, Familias Unidas en Búsqueda de Personas Desaparecidas y la
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), con el respaldo de al
menos otras 80 organizaciones de la Red Nacional de organismos civiles de
Derechos Humanos todos los derechos para Todas y Todos (Red TDT).
El documento
revela “de manera genérica”, complicidades de los Zetas con autoridades municipales, estatales y
federales, para cometer crímenes atroces como para hacer negocios en Pemex y la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como arreglos con la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), aunque sin que los testigos dieran nombres
específicos.
“Próximamente estaremos en
posibilidad de dar una lista de las empresas que los testigos mencionan como
aquellas dedicadas a lavar el dinero”, anunció Dulitzky, quien a su vez se
comprometió a explorar cuáles serían los mecanismos para que familias de
desaparecidos y autoridades mexicanas obtengan información sobre sitios donde
podrían estar restos de víctimas.
“En uno de los juicios se desprende
que los fiscales de Estados Unidos informaron sobre domicilios claves, pero las
respuestas que tuvieron fue que no existían los domicilios y que el área era
muy peligrosa para enviar a agentes de la PGR; por eso es importante investigar
con precisión cuáles serían los mecanismos efectivos no sólo para que el
gobierno de Estados Unidos proporcione información, sino para que una vez que
la dé el gobierno mexicano, la tome en cuenta y realice las investigaciones”, apuntó el director de la Clínica de
Derechos Humanos.
Y es que los testimonios contenidos en los procesos
judiciales son relevantes no sólo porque señalan de manera la incuestionable
responsabilidad de Los Zetas en las masacres de Allende y Piedras Negras en la
primavera de 2011, sino que marcan que en docenas de casos el patrón de los
homicidios fue el descuartizamiento y la ‘cocina’.
“Los Zetas secuestraban,
desaparecían, amenazaban y reclutaban forzadamente a mucha gente en Coahuila y
en los estados vecinos. Su razonamiento era mantener el control, mostrar fuerza
o represalias, castigar a quien perdiera drogas, y para crecer en números y
territorio”, se lee.
Sin embargo,
“el Estado también tiene un grado de
culpa en las violaciones a derechos humanos cometidas. (…) La Clínica estima
que la información presentada complementa la evidencia existente y ayudará con
más esfuerzos para demostrar el grado y tipo de violencia practicada por Los
Zetas y el Estado”.
Para las
investigadoras, las declaraciones en las cortes de Texas también revelan “profundas conexiones sistemáticas y a veces el control
que Los Zetas tenían sobre el aparato de justica y los oficiales en línea
ascendente del gobierno del estado”.
Las implicaciones evidenciadas van
desde la operación directa contra miembros de cárteles rivales, la asignación
de contratos a las empresas de Los Zetas, así como las omisiones de
funcionarios del estado y de las fuerzas de seguridad, que permitieron la
perpetración de abusos contra habitantes de Coahuila y otros estados.
El informe
de la Clínica resalta que los testigos en los juicios en Texas confirmaron que el control del cártel
penetró entre los jefes de las policías municipales, entre procuradores
estatales y federales, centros penitenciarios, así como sectores de la Policía
Federal y el Ejército, así como que a la única entidad a la que temían era a la
Marina.
Al señalar
que el proyecto inicial de la Clínica en
colaboración con el Centro Fray Juan de Larios era “buscar entre los
testimonios información que permitiera esclarecer algunas de las desapariciones
ocurridas en Coahuila”, Ariel Dulitzky apuntó que al menos de esa revisión es posible advertir que “tanto Los Zetas
como el Estado son responsables por la violencia en Coahuila. En el mejor de
los casos, el Estado hizo caso omiso a la corrupción generalizada y a los
graves abusos a los derechos humanos cometidos por Los Zetas en esa entidad, y
en el peor de los casos, participó directamente en cometer estos abusos”.
Dulitzky
resaltó que también se pude identificar que “contrario a la narrativa del Estado mexicano de que todas las víctimas
de desaparición o de homicidios estaban involucrados con el crimen organizado,
lo que se ve es que muchas de las víctimas no tenían ninguna relación con los
Zetas, y que muchos de los crímenes se cometieron con el afán de aterrorizar a
la población y tener el control del territorio”.
Michael
Chamberlin, subdirector del Centro de Derechos Humanos Juan Fray de Larios,
destacó que desde que se presentó el
primer borrador en julio pasado ante la CPI, “se le ha ido alimentando de
información a la fiscalía, con la idea de que se abra un expediente sobre
México; lo mismo ha sucedido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), EN TANTO QUE CON EL ESTADO MEXICANO NOS HEMOS TOPADO CON PARED, NO HA
HABIDO RESPUESTA”.
El reporte
de la Clínica de Derechos Humanos también fue presentado ante la Comisión de
Derechos Humanos del Senado, que preside la perredista Angélica de la Peña.
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