Las insuficiencias e ineficiencias de
la investigación criminal son el corazón de la impunidad penal en México, sobre
todo en delitos de mayor impacto, señala un estudio sobre la incompetencia de
las fiscalías y procuradurías del país realizado por el investigador Guillermo
Zepeda Lecuona.
En
conferencia de prensa, Federico Reyes Heroles, presidente de la organización
Impunidad Cero, dio a conocer el estudio
“Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías”, cuyo resultado
es que en México es más probable obtener un doble reintegro en la Lotería
Nacional que esclarecer un delito, en proporción de 1% a 0.90%,
respectivamente.
Según el
estudio, en el país sólo se denuncia
9.7% de los delitos que se cometen. De éstos, únicamente se investiga 65%. Ello
significa que sólo se indaga 6.4% de los delitos que se cometen en el país. De
acuerdo con estos números, la cifra negra, es decir, lo que las autoridades no
atienden, es de 93.6%.
Por lo tanto, la efectividad de la investigación basada
en los parámetros de determinar si hay o no delito que perseguir, si existe un
probable responsable, o bien, alguna otra forma de resolución es de 14.1%.
Esta cifra se distribuye en 10.2% en
el sistema tradicional y 18.1% en el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).
El estudio
“Índice Estatal de Desempeño” concluye
que, a sólo unos meses de que cerró el plazo para la implementación del NSJP en
todo el país, la capacidad de investigación criminal se ha deteriorado, esto
significa que hace 15 años se resolvían 23% de los casos y hoy sólo 14%.
Los estados
de Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato y Baja California son los únicos en que la
profesionalización y modelos de gestión se aplican con mayor eficiencia.
De acuerdo con el estudio, sólo en
nueve de cada 20 órdenes de aprehensión giradas por los jueces locales se logra
la detención del probable responsable. Además, sólo uno de cada 10 mexicanos (9.7%) confía “mucho”
en el ministerio público local.
“Un dato inquietante es que, en el
sistema acusatorio, uno de cada tres casos en los que se determina que no hay
delito que perseguir, se hace sin haber desahogado una investigación”, explicó Reyes Heroles.
Además,
informó que, antes de la reforma penal, en
México se resolvían a través del perdón de la víctima entre 8% (2006) y 10.5%
(2004) de las averiguaciones previas.
Con el nuevo sistema se resuelven por
mecanismos alternativos en el país, en promedio 6.4% de asuntos respecto de las
carpetas de investigación iniciadas.
Todo ello, a
pesar de la capacitación y certificación de los facilitadores, como son los
ministerios públicos y los jueces.
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