En uno de
los contratos asignado por Pemex en 2011, equivalente a casi mil millones de
pesos, una parte del dinero se pactó a favor de una empresa ‘fantasma’ ubicada
en Nuevo León, que utilizaba como prestanombres a una familia que reside en una
colonia popular de Monterrey.
En la
revisión de archivos de los llamados Paradise Papers, se localizaron
negociaciones realizadas en paraísos fiscales de Bermudas e Islas Vírgenes,
mediante las cuales se acordaba la triangulación de diferentes contratos
asignados por Pemex, que terminaban en manos de inversionistas extranjeros,
algunos de ellos grandes consorcios.
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