Ocho personas del pueblo de Salazar,
Estado de México, que se oponían a la construcción de un proyecto de la
Inmobiliaria Hsea S.A. fueron detenidas desde el pasado 31 de agosto. Cinco
hombres y tres mujeres de esta localidad están vinculados a proceso por los
delitos de robo con violencia, privación ilegal de la liberta y lesiones.
Para la
comunidad, es una clara afrenta por la
resistencia a un proyecto de recreación que se pretende construir en terrenos
que consideran que se están usurpando.
Entre los detenidos está el
presidente de bienes comunales Cutberto Vilchis García, encargado de velar por
la defensa del territorio de la localidad otomí. El caso está incluido entre
las denuncias que activistas presentarán a la Relatoría sobre los derechos de
los pueblos indígenas de Naciones Unidas (ONU).
El caso de
Salazar, municipio de Lerma, refleja la
criminalización de los defensores del territorio en el Estado de México,
sostuvo la abogada Citlalli González del Centro de Derechos Humanos Zeferino
Ladrillero (CDHZL). El caso se prevé llegará a las manos de la Relatora
Victoria Tauli-Corpuz, quien estará en el país del 8 al 17 de noviembre.
“Los problemas agrarios también son
parte de la problemática que enfrentan los pueblos indígenas en el Estado de
México. La comunidad de Salazar ha peleado por un reconocimiento de sus
tierras, pero las autoridades no reconocen a sus autoridades comunales para
hacer este reclamo”,
explicó González.
En un breve mensaje, la Relatora
sobre los derechos de los pueblos indígenas Victoria Tauli-Corpuz aseguró que
buscará “información acerca de casos reportados sobre amenazas y
criminalización contra defensores de los derechos de los pueblos indígenas y
estudiaré las medidas de protección disponibles para las y los líderes, así
como las comunidades en riesgo”.
La visita ha alentado a las
organizaciones civiles, que acompañan a los pueblos indígenas, a presentar un
informe sobre los problemas de los pueblos indígenas a nivel nacional, pese a
que la Relatora se limitará a visitar Chihuahua, Chiapas y Guerrero.
Elena
Villafuerte, responsable del programa de incidencia de la organización Prodesc,
que acompaña a localidades de Oaxaca,
resaltó la carencia de la justicia para resolver las disputas territoriales.
“Estamos
viendo que hay un rezago importante en temas de justicia en donde las
comunidades se enfrentan a los procesos muy complejos y tardados en juicios de
amparo, que debería ser en teoría el más efectivo para otorgarles protección a
las comunidades indígenas
“Tenemos casos que han tardado tres
años en resolverse, cuando de acuerdo a la ley si una comunidad lo presenta,
tendría que darse el amparo de forma inmediata”, expuso.
En otros casos los pueblos indígenas
han denunciado abandono. El 31 de agosto Integrantes del Consejo Indígena
Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG- EZ) protestaron frente al Palacio
de Gobierno de Chilpancingo, para exigir la construcción de escuelas y
abastecimiento de medicinas en los centros de salud.
Los marchantes también han pedido a
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas la cancelación
de 70 órdenes de aprehensión en contra de los pobladores de San Jerónimo
Palantla.
El Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo, la declaración de la ONU para
los derechos indígenas, y las sentencias de la CorteIDH en casos como el de
Surinam y Ecuador, servirán de marco para el informe de las organizaciones que
aboga por la autodeterminación de los pueblos indígenas.
“Se plantea
un desarrollo económico, pero no un diálogo para que las comunidades elijan
cuál es el desarrollo al que quieren optar”, señaló Villafuerte.
Otros problemas no resueltos son
básicos, como el derecho los pueblos indígenas a ser reconocidos como tales.
Citlalli
González expuso que expondrán en lo
presentado a la Relatora la falta de protección para que los pueblos puedan
exigir sus derechos basados en la “auto-adscripción” de ser indígenas.
En Ley de
Derechos y Cultura Indígena del Estado de México existe un catálogo en donde se
enumeran el reconocimiento a cinco pueblos indígenas: nahuas, mazahuas,
tlahuicas, otomíes y matlatzincas.
Pero, el CDHZL apunta que pueblos
indígenas en localidades como Magú, en el municipio de Nicolás Romero, o La
Cañada y la Cima, en el municipio de Huixquilucan, no cuentan con el
reconocimiento del Gobierno del estado.
“No podemos decir que se violó el
derecho a la libre consulta, si partimos de que el Gobierno siquiera los
reconoce indígenas”,
expuso González.
CONSULTA INDÍGENA.
La falta de aplicación de las
consultas comunitarias que manda el convenio 169 de la OIT también serán parte
fundamental de la visita de la Relatora.
“Revisaré los procesos de consultas
que se han realizado para buscar el consentimiento libre, previo e informado de
los pueblos indígenas antes de que se apruebe cualquier proyecto que afecta sus
tierras, territorios o recursos”, expuso la Relatora Especial el viernes pasado.
Villafuerte resaltó la falta de cumplimiento con este
convenio en Oaxaca. Donde muchos proyectos de empresas transnacionales ya
cuentan con permisos de parte de las autoridades antes de que se les consulte a
los pueblos si se pueden llevar a cabo dentro de sus territorios.
Uno de los
casos que Prodesc acompaña es el de la empresa francesa Électricité de France,
en la comunidad de Hidalgo.
“[La empresa] ya tiene un permiso de
generación de energía, por parte de la Comisión Reguladora de Energía sin que
haya habido una consulta indígena, y ni siquiera la comunidad esté enterada a
través de la empresa y autoridades de las indicaciones del proyecto. Ese es un
caso de muchísimos”,
dijo Villafuerte.
Los atropellos territoriales en el
Istmo de Tehuantepec con el fin de generar electricidad no son nuevos. Después
de varios estudios, en 1994 la Comisión Federal de Electricidad instaló primer
parque eólico en La Ventosa, en Juchitán, Oaxaca, con miras a aprovechar los
fuertes vientos del istmo de Tehuantepec.
Una
situación que conllevó la venta de diversos terrenos zapotecas en la región,
que sería aprovechada por las empresas transnacionales que llegaron cuatro años
después, de acuerdo con dijo Juan Antonio López, coordinador del área de
justicia transnacional de Prodesc.
“En la región del Istmo empieza a
llegar Iberdrola, Gamesa, Eurus, aún sin empezar a desarrollar un parque,
hablamos de instalarse, porque convencen a la gente y firman contratos”, apuntó Antonio López.
Los contratos por los terrenos se
firman como privados por la vía civil, pese a tratarse de tierras de propiedad
social, antes inscritas en el Registro Agrario Nacional, alertó Prodesc. Lo que supone un atropello a las comunidades indígenas, ya que además
de ponerse en vilo su propiedad, fueron obligadas a pagar impuestos prediales
que antes no.
“Son más de 68 mil hectáreas en el
plano de la carpeta básica del Registro Agrario, y también hay un listado de
los comuneros reconocidos”, dijo el abogado.
Las empresas inscribieron estos
terrenos como privados sin la objeción del Colegio de Notarios y el registro público
de la propiedad y de Comercio Oaxaca. Una inclinación hacia los intereses de las
transnacionales que permanece a la fecha.
Con el sexenio de Felipe Calderón se
construyen 23 parques en el Istmo de Tehuantepec, 12 en la región de Juchitán.
“Los parques en Europa no son los
mismos que tenemos en Tehuantepec. Allá para 100 hectáreas instalan 10 ó 12
generadores. Aquí por una hectárea te instalan 4 ó 5. Ves aerogeneradores muy
cercanos”, explicó López, lo que implica daños a la tierra.
La construcción de los parques
requiere la introducción de maquinaria pesada y la puesta de las torres
aerogeneradores requiere un compacto de la tierra que afectan las tierras para
el uso agrícola y ganadero.
“Los parques
tiene 150, 100 hectáreas. […] Nosotros los
contratos que hemos podido ver son de 250 pesos de renta anual por hectárea. Y
sólo el impuesto predial que tienen que pagar llega de 800”, dijo López.
La ausencia de un Comisariado de
Bienes Comunales en la región de Juchitán ha impedido la defensa de estos
terrenos que se consideran agrarios.
No obstante, las transnacionales han llevado grupos de
guardias de seguridad ante grupos locales, como el Comité de Defensa de la
tierra en contra del Parque Eólico Piedra Larga, que se oponen a los proyectos.
“Traen seguridad privada, y de la
Policía Bancaria Industrial del Estado. Policías hostigan constantemente a los
indígenas. Te detienen bajo el supuesto temor de que pueda haber un boicot
contra los aerogeneradores”, expuso el abogado.
Una vez terminada la visita de la
Relatoría de la ONU en México se espera que la instancia internacional haga
entrega de un informe previo el 17 de noviembre, así como uno final que será
presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza.
Las observaciones de la ONU no son
vinculantes, por lo que el Estado mexicano no está obligado a cumplirás. Mas
las organizaciones civiles esperan que el peso internacional de las futuras
recomendaciones traiga cambios favorables a los pueblos indígenas.
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