El informe
de la Universidad de Texas sobre la operación del cártel de los Zetas durante
los gobiernos de Humberto Moreira Valdés y Rubén Moreira Valdez evidencia, una vez más, la protección de la
que gozan por parte del Gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto,
dijeron familiares de desaparecidos y activistas en derechos humanos.
El informe concluyó que el grupo criminal pagó
sobornos millonarios a las autoridades de todos los niveles de Gobierno en
Coahuila y Veracruz para operar con total impunidad.
En el caso de Coahuila, los
testimonios revelan sobornos en millones de dólares pagados a Humberto y Rubén
Moreira a cambio del control de la entidad.
“El Estado mexicano no ha hecho nada,
lejos de investigarlos se les premia. Ahí tenemos el caso de Armando Luna
Canales, a quien nombraron presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la
Cámara de Diputados, algo que nos molesta mucho”, señaló Ariadna García, activista de
Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Piedras Negras, en entrevista con
SinEmbargo.
Armando Luna Canales fue Secretario
de Gobierno durante las administraciones de Huberto y Rubén Moreira, además de
presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la entidad entre 2011
y 2012. Actualmente es Diputado federal por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y preside la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara
baja.
“Salta a la vista que hay una omisión
por parte del Estado mexicano de investigar el tema de los Moreira, no sólo por
el tema de los desaparecidos, lavado de dinero, corrupción, sino por la mega-deuda”, agregó la activista.
Ariadna
García se refirió a la deuda que dejó
Humberto Moreira, quien recibió un endeudamiento en diciembre de 2005 de 323
millones de pesos y a su salida en 2011, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda,
dejó endeudado al estado con 36 mil 509.6 millones de pesos.
En enero de
2016 Humberto Moreira Valdés fue detenido en España por una investigación
relacionada con lavado de dinero, organización criminal, malversación de
caudales públicos, y cohecho; pero fue liberado siete días después. El diario
El País reveló que el Gobierno mexicano desplegó de manera puntual a
funcionarios en el caso.
Ariadna García madre de una joven
desaparecida en Coahuila, dijo que espera que las autoridades mexicanas retomen
información de las investigaciones en Estados Unidos para dar con el paradero
de los desaparecidos de Coahuila y castigar a los culpables.
“Para nosotros es importante porque
una cosa llevaría a la otra. Tiene una gran relevancia que los casos se
investiguen. Espero que realmente se hable con testimoniales y pruebas, que nos
puedan llevar no sólo a lavado, sino a recuperación de personas. Yo no quiero
emocionar a la gente del grupo, porque desde hace años se está manejando esto,
y no hay resultados”,
lamentó.
Los
investigadores del La Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas
resaltaron en su informe que el Estado mexicano no ha investigado las
declaraciones a las que ellos tuvieron acceso: datos concretos de matanzas y
desapariciones.
“Los testimonios y las
investigaciones llevadas a cabo para estos ensayos incluyen información clave,
como los lugares donde tuvieron lugar las desapariciones y los asesinatos. Sin
embargo, los testigos dejaron en claro que el Estado mexicano no ha llevado a
cabo investigaciones sobre estos asesinatos, incluso cuando el Gobierno de EU
compartió información vital directamente”, dice el documento en sus conclusiones.
El informe también resalta el patrón
de secuestros, asesinatos, tortura y desapariciones del grupo criminal.
“Lo menos que esperamos es que el
Gobierno federal empiece a investigar esos testimonios. Nosotros hemos
denunciado en muchas ocasiones la impunidad, hemos hecho visible el tema de los
graves crímenes. Aquí también se está dando que las víctimas que han denunciado
por las masacres de Allende y Piedras Negras, que son víctimas y también
testigos, se les está poniendo en riesgo porque no hay ningún tipo de
protección”, agregó
Ariadna García.
EN MÉXICO LA
JUSTICIA PARA USO POLÍTICO.
Edgar Cortez
Morales, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), opinó
que el informe de la Universidad de Texas tendría que ser estudiado e
incorporado en el proceso de investigación en México.
En el país existen denuncias ante la
Procuraduría General de la República (PGR) por parte de senadores del Partido
Acción Nacional (PAN) en contra de Humberto Moreira desde 2016 por lavado de
dinero y desde 2017 por el presidente de ese partido Ricardo Anaya Cortés por
enriquecimiento ilícito, operación con recursos de procedencia ilícita y
peculado.
A inicios de
este año, el diario español El País reveló que en junio de 2011 se inició una indagatoria en contra de Humberto
Moreira por enriquecimiento ilícito, pero que 16 meses después fue archivada.
La PGR concluyó en 2012 decretar el
no ejercicio de la acción penal, debido a que no pudo acreditar una violación a
la Ley por parte de Moreira Valdés, publicó el rotativo.
“En el caso de los Moreira, es probable, me
atrevo a ventilar la hipótesis de que fueron artífices y participaron en los
procesos electorales de 2012 para llevar a Enrique Peña Nieto a la Presidencia.
Probablemente esos favores que hicieron impide investigarlos, en parte porque
no saben investigar en México y porque no les conviene que ellos pudieran decir
alguna información que pudiera involucrar al presidente o a las dirigencias del
PRI. El tema es que
hay una red de complicidades que finalmente juega junto con la incapacidad de
investigar y el condicionamiento de que algunas investigaciones sí avancen y
otras no. Es el uso político de la
justicia: se usa para ayudar a los aliados y amigos y para afectar y hostigar a
los enemigos”
El activista
de los derechos humanos, quien forma parte del movimiento #FiscalíaQueSirva,
resaltó la importancia de una Fiscalía General y fiscalías locales autónomas
que no respondan a intereses políticos.
A largo
plazo, dijo, en México se debe discutir
la necesidad de generar un mecanismo extraordinario de cooperación
internacional para “apoyar y obligar a la PGR y a las fiscalías locales a
realizar buenas investigaciones”.
“No sólo es investigar a los Moreira: ellos
tuvieron funcionarios, empresarios, empresas que participaron en redes de
corrupción. Son las redes que se han construido en muchos niveles y son las que
permiten que se mantenga esta impunidad y el tema de la corrupción”, apuntó.
FRENTE EXIGE
A PGR Y EPN INVESTIGACION.
El Frente
por un Coahuila Digno, integrado por los ex candidatos a la Gubernatura
Guillermo Anaya Llamas, Armando Guadiana Tijerina, Javier Guerrero García, José
Ángel Pérez Hernández y Luis Horacio Salinas Valdez, exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) y al presidente
Enrique Peña Nieto investigar a Rubén y a Humberto Moreira por sus vínculos con
el crimen organizado.
“Que los hermanos priistas,
permitieron a la delincuencia organizada operar libremente a cambio de la
seguridad e integridad de los coahuilenses”, expusieron los integrantes del Frente quienes
coincidieron que debe haber justicia en comunicado.
El Frente exigió justicia para
Coahuila y pidió el gobierno Federal actuar sin consentimientos tras la
investigación de la Universidad de Texas que señala a los hermanos de recibir
sobornos de Los Zetas.
“Todos los coahuilenses fuimos
víctimas de la delincuencia y testigos de masacres que trataron de esconder,
como la de Allende, Patrocinio o el Penal de Piedras Negras”, agregó el Frente que acusa a
Procuraduría Estatal de actuar de manera impune en los casos.
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