Simón
González Reyes es un campesino de 67 años que habita la comunidad de origen
náhuatl Santa María Tepexoyucan, adentrada en la boscosa y turística zona de La
Marquesa en Ocoyoacac, Estado de México, pulmón de la Ciudad de México, Lerma,
San Mateo y Toluca. Sin embargo, por la
construcción del Tren Interurbano México-Toluca ha perdido la tierra donde
sembraba maíz para mantener a su familia de diez personas.
–Lo que sembraba ya no lo puedo cultivar.
¿Ya qué podemos vender, producir o cosechar? Ya nada. No los está quitando el
gobierno– aseguró Simón parado frente a un fragmento de las 32 hectáreas del
territorio comunal donde se realizan las obras a pesar de que a mediados de
octubre el Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa determinó
suspenderlas. La agricultura, así como el turismo, son sus principales
actividades económicas.
Tras
resolver un recurso de queja, la
autoridad judicial expuso que el convenio firmado entre la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) y el supuesto Comisariado “hecho a modo” de
los poblados San Jerónimo Acazulco-Santa María Tepexoyucan, por el que los
representantes Marcelino Narváez de la O y Valente Lima Hernández recibieron
casi 300 millones de pesos, “es violatorio” de la suspensión de obras
solicitada en 2015 mediante un amparo, explicó el abogado de la comunidad,
Gustavo Olivares.
–¿Cómo están
sobreviviendo? –se le preguntó al campesino Simón.
–Pues de lo más mínimo que podemos…
yo con mi edad, de la tercera edad, ya no puedo mantener a mi familia. Ahora
menos, qué va a pasar.
El cronista
del pueblo náhuatl de alrededor de 408 comuneros y 20 mil habitantes, Luis
Miguel Torres, acusó que “el gobierno
pasa encima de ellos y todas estas compañías [que construyen el Tren] pisotean
sus derechos”, por lo que dejan de sembrar y obtener un recurso.
La Secretaría de Comunicaciones y
Transportes dividió la construcción en tres secciones con sus respectivas
licitaciones: el tramo de la estación terminal Zinacantepec a la Sierra de las
Cruces fue asignado a las compañías La Peninsular y Constructora de Proyectos
Viales de México, filiales de OHL México; el tramo entre la Sierra de las
Cruces y Portal Oriente realizado por la constructora mexicana Ingenieros
Civiles Asociados (ICA) y el tramo del Portal Oriente a la estación del Metro
Observatorio.
“¿Cuánto ganará el gobierno con los
boletos de los pasajes y qué reciben ellos, aunque les quitan su tierra? Nada”, criticó Torres.
Durante la
plática, el campesino Simón aclaró que
no están en contra de la construcción, pero acusa que el gobierno está
invadiendo su tierra sin darles un pago de indemnización por el daño. La
habitante Rosa González Díaz coincidió.
“El Tren nos ha afectado socialmente.
San Jerónimo Acazulco, los compañeros incómodos, está menoscabando a nuestra
comunidad. El gobierno no está pagando la indemnización a las personas que
deben ser. Mi inconformidad es que está pasando el
Tren, las autopistas y las torres de electricidad sin que recibamos nada a
cambio. No nos oponemos a la infraestructura, pero no está respetando los
derechos de los indígenas. Queremos que en el juicio que se está ganando a la
SCT nos hagan caso. Somos un pueblo muy unido”, aseguró la mujer dedicada
al hogar y al campo.
El Jefe
Supremo de la comunidad de Tepexoyucan, Francisco Montes, porta un bastón que
le da el poder de hablar en nombre de los habitantes. El joven hombre aseguró que además del Tren Interurbano, sus tierras
han sido despojadas por la carretera privada de la zona y por las torres de
electricidad.
“Es una obra emblemática para el
gobierno de la República, pero transgrede los derechos de esta comunidad.
Pedimos que se respeten las tierras, porque ya no estamos dispuestos a perder
un solo centímetro”,
aseveró.
Francisco Montes y Gustavo Olivares,
Jefe Supremo y abogado, denunciaron que han enfrentado amenazas fuertes y
hostigamientos para que retiren las demandas, pero advirtieron que seguirán
buscando justicia a nivel jurisdiccional.
El activista
Julio César Cervantes Ortega, de la organización Central Campesina Cardenista
que ha acompañado este caso y otros similares, señaló que este conflicto es “algo típico que se ve prácticamente en
todos los megaproyectos del país: corrupción, despojo, afectaciones ambientales
y una falsa expectativa de desarrollo, ya que el dinero que se genera va a
parar a unas pocas manos”.
El Tren
Interurbano, apuntó, es solo una parte
de un proyecto más grande del Gobierno federal que tiene como fin beneficiar a
Toluca al conectarla con la capital del país para que se instalen en el Valle
grandes empresas, viviendas, campos de golf y, dijo, hasta el Tecnológico de
Monterrey, cuyas instalaciones sufrieron daños estructurales luego de los
sismos de septiembre.
Agustín
Montesino, habitante de Tepexoyupan, tampoco está en contra de la construcción
del Tren Interurbano. “El progreso es
beneficio para todos los mexicanos, pero está plasmado en la Constitución que
en cualquier afectación pública el gobierno tiene que indemnizar a la comunidad
que corresponda.
“El gobierno federal no respeta los
derechos que tiene nuestra comunidad. Papeles ancestrales son los que nos
respaldan y nos mantienen en esa lucha”, agregó bastón en mano y a espaldas a un fragmento de la
construcción.
CHOQUE ENTRE
PUEBLOS.
El litigante Gustavo Olivares tiene
en sus manos documentos obtenidos del Registro Nacional Agrario y del Archivo
General de la Nación que avalan que la comunidad náhuatl Santa María
Tepexoyucan data de 1535 por lo que tiene derechos ancestrales. Sin embargo, a partir de una resolución presidencial en 1945, se les redujeron sus
25 mil hectáreas a mil 725 hectáreas y se le añadió el poblado otomí San
Jerónimo Acazulco a través de un supuesto Comisariado, el cual “aceptó” la
implementación de las obras del Tren Interurbano.
“Ese pueblo [San Jerónimo] se quiere
hacer dueño de su historia, derechos y territorio. No estamos de acuerdo que el
Registro Agrario, la Procuraduría Agraria y la Sedatu esté desconociendo esos
derechos. Cada
pueblo tiene su origen y el de nuestra historia es rico, así como lo tuvieron
los aztecas y los mayas”, dijo. “Quieren
segregarlos porque algunos políticos quieren esas tierras para hacer muchos
proyectos donde ellos se vean beneficiados”.
El Jefe Supremo Francisco Montes
afirmó que “San Jerónimo Acazulco ha sido un usurpador”, pero que ellos están firmes en
defender el patrimonio y herencia que les dejaron hace siglos.
“La tierra es la que nos da sustento.
Aquí se sembraba avena, haba y hortalizas. Con estas obras claramente es un
despojo y con esta mutilación de tierra dónde quedarán las generaciones
venideras. Va a afectar porque la gente ya no ocupará un carro, sino un tren
[para pasar por La Marquesa]”, pronosticó.
En octubre
de 2015, la SCT les dio 292 millones de
pesos a dos habitantes de San Jerónimo Acazulco, Marcelino Narváez de la O y
Valente Lima Hernández, a cambio de un convenio para construir el Tren Interurbano
en el tramo de 32 hectáreas denominada El Portezuelo a la altura de La
Marquesa.
“Estamos generando una defensa en
contra de la avaricia de ese pueblo y en contra de las autoridades porque
Tepexoyucan quiere seguir siendo parte de la historia de México, quiere seguir
existiendo. No está en desacuerdo de los proyectos que traen beneficio a la
nación, están en desacuerdo de que su historia sea aniquilada”, afirmó el abogado agrario Gustavo
Olivares.
Desde 2014
ha insistido a la SCT que tienen un problema
en cuanto a la legalidad del Comisariado de bienes comunales del pueblo de
“Santa María Tepexoyucan y San Jerónimo Acazulco” porque el Registro Nacional
Agrario y la Procuraduría Agraria exponen que ese núcleo no existe. El Tribunal
Unitario Agrario todavía no resuelve, pero la documentación del Archivo Agrario
demuestra su origen como pueblo indígena.
“Los antecedentes históricos están
ahí. Entonces son vicios del actual delegado de la Procuraduría Agraria,
Melchor Velázquez Garduño”, acusó. “Nos desconocen y crean un Comisariado a modo denominado San
JerónimoAcazulco-Tepexoyucan”.
Ante el incumplimiento de la
suspensión de obras determinada por el Tercer Tribunal Colegiado, la Central
Campesina Cardenista hará una manifestación en la Ciudad de México y acudirán a
la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que defienda sus derechos
ancestrales.
El cronista
Luis Miguel Torres determinó que el
gobierno está obligado a pagarles por la tierra, pero no han recibido nada ya
que los 292 millones se los dieron a particulares de San Jerónimo, y no a la
comunidad de Tepexoyucan.
“Están siendo robados y despojados.
Si lo hacen aquí, lo hacen en miles de comunidades donde pasan carreteras,
trenes y donde hacen presas”, consideró Torres.
El Tren
Interurbano México-Toluca pasará por nueve comunidades a través de 58
kilómetros. Entre seis estaciones transportará a alrededor de 230 mil pasajeros
diarios en 39 minutos del Valle de Toluca a la zona poniente de la capital del
país, lo que implica una reducción del tiempo de traslado de 90 minutos en
viaje redondo. No obstante, la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) le ha detectado diversas irregularidades.
En la Cuenta Pública 2016 el órgano
fiscalizador señaló “pagos indebidos” por 1, 775 millones 319 mil 600 pesos de
los recursos federales canalizados al proyecto, por lo que concluyó que la SCT
y el Gobierno de la Ciudad de México “no cumplieron con las disposiciones
legales y normativas aplicables en la materia”. Además, se hallaron importes por aclarar de 1, 102 millones 29 mil 500 pesos
por la falta de liberación del derecho de vía.
De igual
forma, en el tramo de la Ciudad de
México, de la Presa Tacubaya a la estación Observatorio del Sistema de
Transporte Colectivo Metro, no se ha realizado ningún tipo de trabajos por
falta de aprobación de las comunidades.
“La Marquesa, además de ser un lugar
turístico muy bonito, es uno de los pocos espacios que generan oxígeno y agua
para la Ciudad de México y Toluca. La devastación que vemos en nombre del
desarrollo tiene una distinta afectación al tumbar árboles. Este es el pulmón
de la Ciudad de México donde hay días donde ya no es recomendable salir por la
calidad del aire”,
reflexionó el activista Julio César Cervantes.
Por ello,
mediante la Central Campesina Cardenista han luchado para que se respete el
derecho a una consulta libre, previa e informada para que los proyectos no se
impongan con maquinarias sin que antes las comunidades o ejidos estén
informadas sobre las posibles afectaciones y consecuencias.
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