El Paso Exprés es una obra de mala calidad
pese a su costo millonario, en donde además hubo pagos por obras no realizadas
y gastos inflados, entre otras irregularidades, señala revisión de la Cuenta
Pública de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La ASF comprobó que hubo pagos por obras no
realizadas, gastos inflados por 186 millones de pesos y material que
supuestamente se compró, pero no apareció ni colocado en la obra ni en las
bodegas.
Según la
Auditoria hay más de 491 millones de
pesos que deben ser aclarados; se estima que el gobierno federal debe recuperar
108.6 millones de pesos que fueron pagados de manera indebida por la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT) dirigida por Gerardo Ruiz Esparza, a
través del Centro SCT Morelos.
A eso se suman 270 millones
recuperables por irregularidades detectadas en la obra y 31.8 millones
pendientes de aclarar por parte de la SCT, en la revisión de los contratos
realizados durante 2015.
En la
revisión también se detectó que, en
marzo de 2014, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras)
asignó al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) el contrato para
la elaboración del estudio y el proyecto de la ampliación del libramiento de
Cuernavaca o Paso Exprés, por un total de 26 millones de pesos.
En agosto de ese año se firmó un
convenio modificatorio para aumentar a 33 millones más IVA el costo de los
servicios y alargar el plazo para entregarlos.
El INAP, dice la ASF, no sólo carece de experiencia
en ese tipo de trabajos, sino que además no está en sus atribuciones el
elaborar proyectos ejecutivos de infraestructura vial, de hecho, el INAP
terminó subcontratando a la empresa jalisciense ORVA Ingeniería, SA de CV sin
que la SCT se inconformara por la irregularidad.
El proyecto ejecutivo definitivo se
entregó hasta enero de 2015, cuando la obra ya había sido licitada y
adjudicada, es decir, se sacó a concurso y se eligió ganador sin que se tuviera
un proyecto ejecutivo concluido.
La Auditoría
recomendó a la SCT “en lo subsecuente se cerciore de que los proyectos para las
obras públicas ejecutadas a su cargo y que sean realizados por empresas,
dependencias, entidades, órganos u organismos, éstos cuenten con las
facultades, atribuciones y capacidad técnica”.
También emitió dos inicios de procedimiento
sancionador, el primero para que la Secretaría de la Función Pública investigue
y castigue a los funcionarios del INAP que aceptaron el contrato “fuera de su
objeto social y sin contar con la especialidad técnica requerida”, y el segundo
para que Banobras investigue y castigue a los funcionarios que contrataron al
INAP.
Compras
inexistentes, pagos inflados.
El Paso Exprés costó 2,213 millones
de pesos, según el titular de la SCT, sin embargo, la ASF auditó solo 772
millones, que es el gasto que realizó durante el 2016.
La revisión
incluyó el contrato para la ampliación del libramiento, a cargo de las empresas
Aldesa – Epccor, y los acuerdos con las empresas SACC Ingeniería SA de CV y
Desarrollo de Ingeniería Civil y Tecnología SA de CV, que tuvieron a cargo la
coordinación y supervisión de la obra, respectivamente.
En los tres casos la ASF encontró
pagos por servicios no realizados, y aunque la SCT entregó información
complementaria para justificar las erogaciones, el organismo concluyó que la
información no justifica ni explica las deficiencias halladas ni el
incumplimiento de contratos.
En el
reporte se señala que el Centro SCT
Morelos autorizó a Aldesa y Epccor un pago de 7.9 millones de pesos para la
compra de unas barreras viales “aun cuando no se justificaba su adquisición”,
pues ya se habían comprado otras barreras viales con anterioridad, pero que,
además, al hacer la inspección a la obra, las barreras no se encontraron ni
colocadas ni en el almacén, es decir no había prueba de que se hubieran
comprado.
También se detectó pagos de más en el caso de la
contratación de andamios para la instalación de pasos peatonales que no estaban
considerados en el proyecto, erogaciones por 184 millones de pesos por
volúmenes de obra que no coinciden con lo proyectado, y el pago de 3.3 millones
de pesos por trabajos que no hay constancia de que se hayan realizado.
Por todas
las irregularidades la ASF emitió un total de 23 observaciones que incluyen 21
solicitudes de aclaración y 3 promociones de Responsabilidades Administrativas
Sancionatorias.
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