Sabía el panista Jorge Romero desde
2013 que había al menos 209 obras ilegales en BJ; ofreció pararlas y
demolerlas, pero no clausuró una sola.
El panista Jorge Romero Herrera,
actual coordinador del grupo parlamentario de su partido en la Asamblea
Legislativa capitalina, sabía desde 2013 que, en la Delegación Benito Juárez,
una de las más afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre, había cuando
menos 209 construcciones, “empadronadas” en un listado inicial, que violaban el
uso del suelo al exceder el número de pisos permitidos.
El 21 de febrero de ese año, a casi
cinco meses del inicio de su gestión como jefe delegacional de Benito Juárez,
anunció en conferencia de prensa un programa para detener esas obras ilegales
contenidas en un “primer padrón” y ofreció clausurarlas a razón de “tres al
día” para iniciar un procedimiento de revocación que culminaría en su
demolición.
“Esta es una acción que responde a
una solicitud de los vecinos, no es una ocurrencia de este gobierno”, dijo
enfático ante los medios de comunicación en el vestíbulo de la sede
delegacional. “Es
una preocupación ciudadana, me atrevo a decir: la principal”.
Sin embargo, tras simular la
suspensión de apenas 122 de esas 209 iniciales, todas reanudaron actividades y
ni una sola fue clausurada ni menos demolida durante su gestión. Fue mera
simulación.
Para acallar en efecto las protestas
vecinales sobre la proliferación de construcciones ilegales en la demarcación
juarense y las denuncias sobre actos de corrupción en las que estarían
involucradas las autoridades delegacionales encabezadas por Romero Herrera. Se acordó
hacer una declaración.
Al hacer su espectacular anuncio, el
entonces delegado aseguró que en total había en la BJ “más de 700”
edificaciones que violaban las normas y que se irían incluyendo en sucesivos
padrones “después de una auditoría y una revisión ocular”. Enseguida,
acompañado por los reporteros de diversos medios, acudió a pegar sellos en las
tres primeras obras de su listado inicial, en las colonias Mixcoac, General
Anaya y San José Insurgentes.
En cada caso posó para los fotógrafos
con gesto grave al lado de una enorme manta de “suspendida” que simuló colocar
en la fachada de cada inmueble sancionado, aunque resultó ser la misma que usó
en sucesivas acciones, sostenida por dos empleados de la Delegación…
Dos semanas después, ante el
incumplimiento de su promesa de cerrar tres obras irregulares diarias,
argumentó en una entrevista con el diario Reforma que eso, su propia promesa,
era “material y humanamente imposible” (sic).
En realidad,
su propio conteo, que divulgaba cotidianamente en su cuenta de Twitter, sólo llegó a las 122 construcciones
“suspendidas”; pero no decía por supuesto que a medida que se actuaba contra
nuevas las anteriores iban reanudando sus actividades, hasta que todas fueron reabiertas y Romero Herrera simplemente no
volvió a tocar el tema. Nunca hubo una nueva “tanda” de obras ilegales
La propia Delegación reconoció que no
se había clausurado ninguna construcción. A través del oficio
DGJG/DJ/SJ/JUDRJRSC/4021/2013, del jueves 21 de marzo, Horacio Martínez
Becerril, jefe de la Unidad de Registros de la DBJ, informó que “por
instrucciones del director General Jurídico y de Gobierno (Luis Vizcaíno”) da a
conocer que “no se ha llevado a cabo la ejecución de ninguna clausura en
materia de obras y construcciones”.
Lo anterior fue confirmado por
Montserrat Flores García, jefa de la Unidad de Calificación ‘A’, en el oficio
DGJG/DJ/SCI/JUDC-A/3710/2013. “De los procedimientos de verificación que se han
iniciado en lo que va del 2013, no se ha llevado a cabo la ejecución de ninguna
clausura en materia de construcciones”, manifiesta.
El 21 de
agosto del mismo año, la fracción parlamentaria del PRD en la ALDF a través de la diputada Dinorah Pizano Osorio acusó a
Romero Herrera de simulador y logró que la Asamblea le solicitara un informe
cabal sobre obras ‘suspendidas’ y ‘clausuradas’ en Benito Juárez que han sido
reabiertas. Nunca respondió a esa solicitud.
Nunca, tampoco, cumplió su promesa de
campaña de revocar la manifestación de construcción y demoler el edificio
ilegal de Millet 39, en la colonia Extremadura Insurgentes –clausurada desde
2012 por innumerables violaciones a la norma– que se volvió emblemático de la
corrupción inmobiliaria.
Aunque aseguró a los vecinos que los
“sorprendería” con la celeridad con que actuaría en ese caso, nunca lo hizo. No
fue casual que la desarrolladora Grupo Rouz, propietaria de ese inmueble,
otorgó a Romero Herrera un “descuentazo” de 1.6 millones de pesos en la compra
de un penthouse de lujo en el condominio de Gabriel Mancera 1542, colonia del
Valle, según se documentó ampliamente.
El jueves pasado, un reportaje
televisivo denunció que durante la gestión de Romero Herrera como delegado en
Benito Juárez se autorizó la construcción de 14 inmuebles con más pisos que los
permitidos por el Uso del Suelo H3, sólo en una de las 56 colonias de la demarcación, la
Zacahuitzco, donde el derrumbe de un edificio en Bretaña 90 causó la muerte de
dos personas en el reciente sismo.
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