La Auditoría
Superior de la Federación (ASF), en la segunda entrega de la Cuenta Pública
2016, observó un monto por 5 mil 651
millones de pesos en los recursos federales ejercidos por estados y municipios
durante el año pasado, cifra conformada por 3 mil 954 millones de
recuperaciones determinadas y mil 697 millones de subejercicios.
Por el nivel de dinero fiscalizado
destacan Veracruz por mil 881 millones (33 por ciento), San Luis Potosí por 434
millones (7.7 por ciento) y Guanajuato por 402 millones de pesos (7.1 por
ciento).
Las fallas observadas son
principalmente por subejercicio o gasto en obras suspendidas con los recursos
federales destinados a infraestructura para agua potable, drenaje y letrinas;
electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda.
A los estados que más se les encontró
montos de subejercicio –menos gasto del presupuesto– fueron Guanajuato por 380
millones de pesos, Chihuahua por 173 millones y Jalisco por 160 millones.
La Cuenta
Pública 2016 reportó un gasto
federalizado por un billón 781 mil 660 millones de pesos, de los cuales 693 mil
777 millones (38.9 por ciento) fueron para las participaciones estatales, que
representan más del 70 por ciento de los ingresos totales de los gobiernos
locales y uno de los principales gastos del gobierno federal junto con el pago
de la deuda pública y la cobertura de pensiones.
LOS HUECOS
DE VERACRUZ.
La lista negra la vuelve a liderar
Veracruz, entidad bajo la gestión del ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa, encarcelado por enriquecimiento
ilícito. El órgano autónomo determinó
que el Gobierno de Veracruz no realizó una gestión eficiente ni transparente de
los recursos transferidos ni cumplió con las disposiciones normativas respecto
de la distribución y ministración de las participaciones federales a los
municipios de la entidad federativa.
En el fondo para infraestructura, los
objetivos y metas no se cumplieron, ya que el estado no les ministró a los 212
municipios un total acumulado por mil 488 millones de pesos, correspondientes a
agosto, septiembre y octubre de 2016, ni los intereses generados por los
atrasos en las ministraciones por 986 millones de pesos, por lo que se dejó de
atender a los beneficiarios programados.
Asimismo, se detectaron 14 millones 825 mil pesos del
Impuesto Sobre la Renta participable que no fueron pagados a seis organismos
municipales de agua potable, saneamiento y/o alcantarillado. Otros 27 millones
884 mil pesos de participaciones federales no se ministraron a cinco municipios
y se presentó retraso del pago de las mismas a todos los municipios del estado.
El Gobierno
veracruzano, ahora bajo la
administración de Miguel Ángel Yunes, no presentó documentación comprobatoria
ni justificativa del gasto por 6 mil 543 millones de pesos y se pagaron sueldos
que excedieron los tabuladores autorizados por 75 millones 969 mil pesos.
A nivel
municipal, los recursos federales transferidos a Álamo Temapache, Los Choapas,
San Andrés Tuxtla, Tantoyuca y Veracruz para agua potable, drenaje y letrinas;
electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda fueron afectados por la falta de adecuados
sistemas de control y opacidad en la gestión. Además, una parte se usó en obras
suspendidas.
Álamo Temapache generó un probable
daño a la Hacienda Pública Federal por 182 millones 200 mil pesos, concluyó la
ASF. No obstante,
los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera favorable, ya que el
municipio destinó los recursos del fondo al pago de derechos y aprovechamientos
por concepto de agua, seguridad pública de sus habitantes, obra pública y
combustible, lubricantes, mantenimiento de vehículos, servicio de energía
eléctrica e impuestos.
A Los
Choapas se le señaló en el fondo para
infraestructura un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 3 millones
728 mil pesos por transferencias injustificadas a otras cuentas bancarias y se
afectó a la población objetivo al no ejercer 161 millones de pesos.
Otro municipio que tampoco cumplió
con el sistema de control y transparencia fue San Andrés Tuxtla, por lo que
provocó un posible daño a la Hacienda Pública Federal por 89 millones 815 mil
pesos. Sus objetivos
se cumplieron de forma marginal, pues el
estado no entregó al municipio el 30 por ciento de los recursos asignados. De
los recibidos, el municipio invirtió 42 millones 194 mil pesos en proyectos que
no beneficiaron a la población objetivo porque eran obras suspendidas.
En Tantoyuca de igual forma su falta
de transparencia y control ha sido cuestionado por la ASF. Sus inobservancias a
las normativas provocaron un probable daño a la Hacienda Pública por 73
millones 28 mil pesos y el municipio invirtió el 6.6 por ciento de los recursos
disponibles en cinco obras que no operan.
Por parte del municipio Veracruz se
detectó un probable daño al erario público por 47 millones 317 mil pesos, y se
afectó a la población objetivo al no ejercer recursos por 9 millones 536 miles
de pesos. Asimismo, se gastaron 14 millones 151 mil pesos en obras que no
beneficiaron a la población objetivo en virtud de que corresponde a obras
suspendidas.
LAS FALLAS
DE SAN LUIS POTOSÍ.
El segundo
estado que encabeza el mayor monto de irregularidades es San Luis Potosí, gobernado por el priista Juan Manuel
Carreras López desde 2015. En el informe de la Cuenta Pública 2016 la Auditoría
Superior de la Federación observó fallas a nivel estatal y en el municipio
homónimo.
Respecto al
fondo de financiamiento e infraestructura, la
entidad tiene pendiente de comprobar la vinculación de compromisos por 5
millones 631 mil pesos por la adquisición de la reserva territorial del derecho
de vía del bulevar Ferrocarrilero Bicentenario. Tampoco ha acreditado las
gestiones para formalizar el diferimiento del plazo, la suspensión, rescisión o
terminación anticipada del contrato ni la recuperación del anticipo otorgado
por 2 millones 682 pesos.
En el
municipio San Luis Potosí se ha detectado un probable daño a las arcas
públicas por 388 millones 953 mil pesos, y señaló que no existe calidad y
congruencia de la información contenida entre el informe del cuarto trimestre y
los registros contables.
En materia de infraestructura la
posible afectación a la Hacienda Pública es por 31 millones 585 mil pesos y al
28 de febrero de 2017 no se ejerció el 41.8 por ciento de los recursos
disponibles.
LA OPACIDAD
EN GUANAJUATO.
Guanajuato,
entidad gobernada por el panista Miguel Márquez Márquez, ocupa el tercer sitio
en el cúmulo de observaciones del órgano fiscalizador debido a deficiencias en
el uso de los recursos federales que se le transfirieron.
A nivel
estatal, la Auditoría Superior de la Federación ha señalado que 312 millones 910 mil pesos no se vincularon a
compromisos formales de pago en el ejercicio fiscal para el que fueron
asignados; y de los recursos comprometidos no se han ejercido 829 millones 406
mil pesos de los fondos Regional, Metropolitano, y para el Fortalecimiento de
la Infraestructura Estatal y Municipal.
Además,
detectó fallas en el control en los registros u operaciones realizadas y
reportadas sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos
federales transferidos a esa entidad federativa. También se comprobó la mala calidad en los trabajos ejecutados por 8
millones 436 mil pesos, debido a deficiencias de supervisión en la ejecución de
la obra pública, lo que ocasionó el incumplimiento de los alcances establecidos.
Los
municipios son cuestionados por su sistema de control y transparencia en la
gestión de los recursos federales destinados a infraestructura que derivó en
subejercicios (gasto menor del presupuesto).
San Miguel de Allende hizo un
probable daño a la Hacienda Pública Federal por 29 millones 343 mil pesos; San
Felipe por 16 millones 609 mil pesos; León por 59 millones 711 mil pesos;
Irapuato por 62 millones 861 mil pesos; Dolores Hidalgo Cuna por 28 millones
428 mil pesos, y no reportó las metas establecidas para los indicadores
oficiales de desempeño del fondo; Pénjamo por 25 millones 901 mil pesos y las metas establecidas no se pudieron
verificar debido a que la entidad no los reportó en el Sistema de Formato
Único; y Jerécuaro por 27 millones 874 mil pesos y por pagar obras y acciones
que incumplen el destino.
En cuanto a fondos de financiamiento,
San Miguel de Allende vuelve a ser señalado por un probable daño a las arcas
públicas por 9 millones 315 mil pesos; Irapuato por 86 millones 82 mil pesos; y
Celaya por 49 millones 295 mil pesos, por lo que los tres municipios no
realizaron una gestión eficiente y trasparente de los recursos del Fondo de
Aportaciones.
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