Militares y gobernadores de Coahuila
y Veracruz recibieron dinero de Los Zetas para mantener el control de
territorios, expone el Informe “Control… sobre todo el Estado de Coahuila”
realizado por la Universidad de Texas.
En concreto señala a los Gobiernos de los hermanos
Rubén y Humberto Moreira en Coahuila y Fidel Herrera Beltrán en Veracruz, los
tres llegados al poder bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional
(PRI).
El informe
de 53 páginas analizó las declaraciones de 24 testigos en tres juicios
federales contra integrantes de Los Zetas que se realizaron en San Antonio,
Austin y Del Rio, Texas entre el 2013 y el 2016 y documenta los abusos a los derechos humanos que son mencionados en las
declaraciones de los testigos, incluyendo las desapariciones y las masacres de
Piedras Negras y Allende de 2011.
El texto resalta que los testigos en
los juicios en Texas relataron que el control del cártel se extendió a jefes de
la policía municipal, procuradores estatales y federales, centros
penitenciarios estatales y sectores de la Policía Federal y del Ejército
mexicano.
“Los Zetas pagaron sobornos e
integraron a oficiales de policía en su jerarquía para garantizar que el cártel
podría continuar sus operaciones ilícitas sin resistencia. Sin embargo, los
Zetas no sólo influyó en la policía estatal o municipal de bajo nivel; los
testigos describen un nivel de Zeta control que se extendió a los jefes de
policía de la ciudad, fiscales estatales y federales, prisiones estatales,
sectores de la policía federal y del ejército mexicano, y políticos estatales”, resalta el trabajo realizado por
Sarah Gohary y Moravia de la O, ambas estudiantes de la Clínica de Derechos
Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas.
El Informe
realizado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Texas revela que las
instituciones y funcionarios púbicos de Coahuila tuvieron un papel -ya sea por
acción u omisión- en la comisión de los abusos cometidos por el cártel.
“Los funcionarios estatales se han
negado intencionalmente a buscar la justicia a pesar de tener conocimiento de
innumerables abusos contra los derechos humanos perpetrados por miembros del
cártel Zeta. Tanto los Zetas como el Estado son responsables de la violencia en
Coahuila. En el
mejor de los casos, el Estado hizo la
vista gorda ante la generalizada corrupción y los graves abusos contra los
derechos humanos cometidos por los Zetas en Coahuila, y en el peor, participó
directamente en la perpetración de estos abusos”, concluye el informe.
Y recuerda que varios testigos
hicieron declaraciones sobre sobornos de millones de dólares pagados a los
hermanos Humberto Moreira y a Rubén Moreira, gobernadores de Coahuila, a cambio
del control total del estado.
De acuerdo
con los testimonios, la influencia de
Los Zetas sobre las operaciones del gobierno de Coahuila en todos los niveles
les permitió llevar a cabo sus negocios en todo el estado con impunidad y, a
menudo con la ayuda directa de funcionarios del estado y oficiales de policía.
Apunta que otros testimonios refieren
que, en 2012, “los Zetas buscaron expandir su influencia dentro de la esfera
política. Efraín Torres, un miembro fundador de Zeta, comenzó a enviar grandes
cantidades de dinero a un gobernador candidato en el estado de Veracruz. De
acuerdo con el testimonio jurado de un agente del FBI, este candidato fue Fidel
Herrera, quien se
desempeñó como Gobernador de Veracruz de 2004 a 2010. Durante el juicio de
Austin, los testigos también mencionaron
los pagos hechos a la campaña para gobernador de Fidel Herrera en 2004”.
Agrega que
los tres juicios analizados permiten
concluir que “el Gobierno de EU puede actualmente poseer información no
divulgada que podría conducir a la aclaración de asesinatos y desapariciones
perpetrado en México. Por lo tanto, el esfuerzo para abordar los abusos contra
los derechos humanos cometidos por organizaciones del crimen en México
necesariamente debe involucrar soluciones transnacionales”.
Los
investigadores resaltan además que el
Estado mexicano no ha investigado las declaraciones que surgieron de estos
casos.
“Los testimonios y las
investigaciones llevadas a cabo para estos ensayos incluyen información clave,
como los lugares donde tuvieron lugar las desapariciones y los asesinatos. Sin
embargo, los testigos dejaron en claro que el Estado mexicano no ha llevado a
cabo investigaciones sobre estos asesinatos, incluso cuando el Gobierno de EU
compartió información vital directamente”, dice en las conclusiones del informe.
Además, el informe resalta el patrón de secuestros,
asesinatos, tortura y desapariciones en contra de cualquier persona que Los
Zetas consideraran una amenaza a sus operaciones ilícitas o como una manera
para intimidar y reclutar personas.
Los testigos declararon sobre la
manera “cruel en la que Los Zetas despojaban a sus víctimas de su humanidad,
les asesinaban y se deshacían” de sus cuerpos.
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