La Procuraduría General de la
República (PGR) tuvo conocimiento desde hace tiempo que varios testigos clave
en el proceso por peculado y lavado de dinero en contra del ex Gobernador
Eugenio Hernández fueron amagados y asesinados en años recientes, dijo a
SinEmbargo una fuente oficial del Gobierno de Tamaulipas.
“El
expediente lo tuvieron ellos [la PGR]”, dijo.
La misma Procuraduría federal tuvo en
sus manos la Ficha Roja de la Interpol que pedía el arresto del ex Gobernador
del Revolucionario Institucional (PRI), partido del presidente Enrique Peña
Nieto, y nunca la ejerció.
“La PGR ha actuado de manera
sospechosa” en el caso, agregó la fuente autorizada del Gobierno tamaulipeco.
Hernández, quien todavía es miembro del PRI, mantuvo
total impunidad durante todos los años en que ha gobernado Peña Nieto, y vio la
prisión hasta que la Procuraduría de Tamaulipas ejerció acción penal en su
contra.
Pero la omisión de PGR no sólo se
reflejó en la Ficha Roja de Interpol, que jamás ejerció.
El pasado 12
de octubre de este año, el Fiscal
Especializado en Combate a la Corrupción de Tamaulipas solicitó a la PGR las
averiguaciones previas y las carpetas de investigación de Tomás Jesús
Yarrington Ruvalcaba, Héctor Suverza Ramírez, Fernando Alejandro Cano Martínez,
Celia del Carmen Berlanga Bolado, Alberto Berlanga Bolado y Eugenio Javier
Hernández Flores y varias empresas.
Estas averiguaciones vincularían a
otro ex Gobernador de Tamaulipas, también con el PRI, con Eugenio Hernández. Se
trata de Tomás Yarrington, quien fue detenido en Italia por la Interpol y las
autoridades locales y de Estados Unidos. Yarrington, como Hernández, era
buscado desde hace años por la DEA y otras autoridades locales de Estados
Unidos que lo vinculan con cárteles de la droga.
Sin embargo,
hasta la fecha, la Procuraduría General
de la República no ha contestado el oficio FECC/384/2017 de la Fiscalía
Anticorrupción de Tamaulipas en el que le demanda más información.
Sobre este
oficio FECC/384/2017, una fuente
autorizada de la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas dijo a SinEmbargo que
tienen la sospecha de que la PGR no ha respondido porque teme que se ahonde más
en las posibles relaciones criminales de otros ex gobernadores.
“Sobre todo en la relación Eugenio
Hernández-Tomás Yarrington”, agregó.
Hoy, el
periódico Reforma dice que en el juicio
por peculado y lavado de dinero en contra de Hernández casi nadie acudirá a
sostener las imputaciones que lo tienen tras las rejas.
De los cinco testigos y denunciantes
en su contra, dos fueron asesinados en 2016 -uno de ellos después de ser
amenazado de muerte-, uno se suicidó en mayo de 2014, seis meses después de
delatarlo, y otro más fue “levantado” y está desaparecido desde hace un año.
El único que no corrió la misma
suerte, menciona el diario, es Feliciano Reyes Pérez, activista de 82 años,
quien el 31 de enero de 2005 presentó la denuncia que apenas el 6 de octubre
tuvo como consecuencia la captura de Hernández.
LAS
ACUSACIONES CONTRA EUGENIO.
Hernández
Flores, acusado de peculado y lavado de dinero, fue detenido el pasado 6 de
octubre en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Perseguido
por la justicia de Estados Unidos, Hernández
Flores es miembro PRI, que le ha conservado todos sus derechos a pesar de los
señalamientos de enriquecimiento ilícito y nexos con el crimen organizado. Otro
ex Gobernador del PRI, César Duarte, al igual que Hernández, sigue siendo
miembro del partido, aunque se le persigue por el saqueo de las finanzas
públicas de Chihuahua.
El ex Mandatario tamaulipeco está
acusado de adquirir, mediante prestanombres y a precios subvaluados, mil 600
hectáreas de la zona portuaria de Altamira, que pertenecieron al patrimonio del
Estado, según la causa penal 67/2017.
De acuerdo
con Breitbart –medio ligado al gobierno de Donald Trump–, el priista forma parte de una red que usó los sobornos del Cártel del
Golfo y de Los Zetas para comprar bienes inmobiliarios en Mc Allen y Austin.
Hernández
Flores, de 57 años de edad y conocido como “Geño”, incursionó en la política
gracias a las relaciones que estableció su padre, un prominente empresario y
miembro de los gabinetes de Emilio Hernández Manatou (1981-1987) y Américo
Villarreal (1987-1993), así como por su formación de ingeniero civil en el
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) que lo llevó
a asumir la presidencia de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC) y de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
(COMAPA).
En enero de 2012, el todavía presidente
Felipe Calderón pareció olvidar el apoyo que Hernández Flores le dio durante la
contienda electoral y abrió una investigación en su contra– y contra Tomás
Yarrington y Manuel Cavazos–.
En junio de
ese año, elementos de la PGR y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
catearon propiedades de Eugenio Hernández en Tamaulipas y en Quintana Roo,
entidad a la que supuestamente se mudó al concluir su administración y la cual
era gobernada por su amigo Roberto Borge Angulo, también investigado por
presuntamente encabezar una red de lavado de dinero.
A pesar de haber incautado 10
propiedades que el priista adquirió de forma irregular, las investigaciones no
prosperaron y en 2013 la PGR dio “carpetazo”, exonerando a Hernández Flores y a
Cavazos Lerma.
En agosto de 2013, Guillermo Flores
Cordero, originario de Coahuila, fue detenido en San Antonio, Texas, y
declarado culpable de lavado de dinero. El inculpado señaló que Eugenio
Hernández “utilizó [sus] empresas ficticias para enviar dinero de México a cuentas
en el Valle del Río Grande a nombre de terceros, para encubrir la procedencia
de los fondos”,
según los fragmentos de la audiencia publicados por el medio San Antonio
Express News.
De acuerdo
con la declaración, entre 2009 y 2012
Flores Cordero ganó dos millones y medio de dólares en comisiones por blanquear
30 millones provenientes del narcotráfico. Las autoridades de Estados Unidos
incautaron millones de dólares de las cuentas bancarias que el tamaulipeco
tenía en ese país, así como su casa en el condado de Bexar.
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