El gobierno mexicano rechazó el
informe “Justicia Olvidada” publicado por la Oficina de Washington para Asuntos
Latinoamericanos (WOLA), en el que destaca la impunidad en las violaciones a
derechos humanos cometidas por militares en México.
A través de
un comunicado, el gobierno de México
rechazó que exista violación a los derechos humanos.
También se comprometió a investigar diligentemente,
a través de la Procuraduría General de la República (PGR), los hechos de su
competencia presuntamente cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en
contra de civiles.
El gobierno mexicano reviró a WOLA,
al invitar a Estados Unidos a realizar un análisis en la materia de
narcotráfico. Planteó:
“Consideren dicho contexto, para reflejar una
perspectiva más certera de los desafíos que acarrea el tráfico indiscriminado
de armas desde los Estados Unidos de América hacia el territorio mexicano, los
flujos de capital a organizaciones criminales, así como los efectos del
trasiego de drogas a través de México, con destino a ese país”.
Indicó que estudios en ese sentido serían una enorme
contribución a la imperiosa necesidad de establecer mayores controles a la
venta de armas y drogas en el vecino del norte.
Ello, en los términos establecidos por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación
aplicable, particularmente aquellos que podrían constituir violaciones a derechos
humanos y así, cerrar cualquier espacio de impunidad, con absoluta
transparencia y conforme a los principios que sustentan un sistema democrático
de derecho.
“México valora muy especialmente las
labores de las Fuerzas Armadas de México en labores de asistencia humanitaria,
así como acciones en apoyo a las autoridades civiles en materia de seguridad
pública, especialmente en el combate al crimen organizado en nuestro país”, reiteró.
Destacó su
compromiso con los derechos humanos, y añadió que, en atención al derecho
internacional de los derechos humanos, así como lo expresado por distintos
organismos y mecanismos internacionales, el Estado Mexicano ha fortalecido el
marco jurídico que rige la jurisdicción militar para asegurar que los casos de
violaciones a los derechos humanos cometidos por personal militar en contra de
la población civil sean juzgados por tribunales civiles.
Refirió que
el Código de Justicia Militar fue reformado en 2014, con la finalidad de
armonizar la legislación nacional con los estándares internacionales en la
materia, en línea con la reforma constitucional de derechos humanos de 2011.
Por su
parte, siguió, para abatir la impunidad y perseguir las violaciones a derechos
humanos, la PGR impulsó la creación de unidades especializadas que incorporan
esta perspectiva en sus investigaciones. Además, destacó la suma de los
esfuerzos a través de la sociedad civil, los expertos académicos y los
interesados a partir de la publicación de los resultados de la Consulta
Nacional de Procuración de Justicia, en el reciente Informe Ejecutivo 2017.
En esta Consulta y en el
Autodiagnóstico presentado en febrero de 2017 por la PGR, subrayó, “se hacen
señalamientos específicos con lo que este Informe reporta y ya se han iniciado
trabajos al respecto, específicamente en los puntos 1,2, 4 y 5 de la sección de
Recomendaciones de WOLA”.
Entre otros
puntos, indica el comunicado, la participación de las Fuerzas Armadas de México
en atención al crimen organizado forma parte de las tareas de acompañamiento
temporal a las autoridades locales, y responde a “los enormes retos” que
plantea el tráfico internacional de armas y drogas, que afecta de manera
particular a México.
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