El
exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro
Gutiérrez Gutiérrez, enfrentará el
proceso penal por peculado agravado, en el fuero común, una vez que el juez de
Control Alejandro Legarda Carreón, determinó la competencia para continuar la
causa penal 780/2017 en Chihuahua.
Junto con Gutiérrez Gutiérrez serán
juzgados en Chihuahua, Antonio Enrique Tarín García, exdirector de
Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda estatal y Gerardo Villegas Madriles,
exdirector de Administración de la misma dependencia, durante el sexenio de
César Duarte Jáquez.
Legarda indicó que los jueces de control que han
conocido del caso dictaron autos de vinculación a proceso en contra de los
imputados, ya que presuntamente afectaron el erario del estado.
El
Ministerio Público, agregó el juez,
aportó evidencias para demostrar que hay elementos para procesarlos por el
desvío de 250 millones de pesos depositados da una cuenta del gobierno estatal
en la cuenta 4058446945 del banco HSBC, lo que tomó como argumento para dejar
el caso en el ámbito local.
Antonio Tarín y Gerardo Villegas
promovieron amparos contra las respectivas vinculaciones a proceso, pero fueron
rechazadas por jueces federales.
En el caso
de Alejandro Gutiérrez, quien promovió
el amparo 67/2018 para que un juez federal atraiga su caso porque los recursos
presuntamente desviados eran federales, el juez de Control de Chihuahua indicó
que dichos recursos no estaban etiquetados y, por lo tanto, él sostiene la
competencia para juzgarlo.
Explicó que
el juez de Distrito Gerardo Moreno, de la Ciudad de México, aceptó la
competencia por inhibitoria, por lo que hay un conflicto de competencia.
Por más de nueve horas, en la
audiencia se discutieron los argumentos para que los imputados sean juzgados o
no por el juez federal Gerardo Moreno.
El juez
Eduardo Alexis Ornelas Pérez vinculó a proceso a Gerardo Villegas el 2 de abril
del año pasado; el juez Alejandro Legarda vinculó a Antonio Tarín el 1 de junio
y el juez Octavo Armando Rodríguez Gaytán a Alejandro Gutiérrez el 21 de
diciembre de 2017.
El Ministerio Público argumentó ayer
que los imputados eran servidores públicos de la Secretaría de Hacienda estatal
cuando se aprobaron los contratos otorgados a empresas fantasmas o de forma
irregular, para desviar los recursos del gobierno estatal.
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