A pesar de
las demandas de la sociedad civil y especialistas en materia ambiental, la
reforma a la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y la Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable dieron un paso más para convertirse
en una realidad. Ambas iniciativas
tienen en común que son impulsadas por el Partido Verde Ecologista de México
(PVEM) y son dañinas para el sector medioambiental.
La LXIII legislatura del Congreso de
la Unión se ha visto marcada por la ausencia de legisladores que, en tiempos
electorales, han ido en búsqueda de otros cargos de elección popular y se han
ausentado para asistir a actos de campaña, lo cual ha ocasionado la falta de
quórum. No obstante, este jueves, se prevé se apruebe una serie de iniciativas
que incluye algunas que resultan dañinas para el medio ambiente y los derechos
humanos.
Ayer, en la
Cámara de Diputados, con 264 votos a
favor, 72 en contra y ocho abstenciones se avaló el dictamen que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con lo
que es turnado al Senado de la República.
Dicha reforma incorpora el artículo
27 Bis que le da la facultad al Presidente de la República –en este caso
Enrique Peña Nieto– de designar a los cinco vocales que conformarán el Órgano
de Gobierno de la Agencia, con lo que, alertó la Alianza contra el Fracking, se
le da poder al Gobierno federal en turno –desde las más altas esferas– para
evitar vigilancia a las empresas y se les siga permitiendo contaminar el país,
pues los cargos tienen una duración de siete años, así que el actual mandatario
decidiría quiénes estarían al frente durante la siguiente administración.
En
entrevista para SinEmbargo, Claudia Campero, integrante de la Alianza contra el
Fracking, alertó sobre los efectos negativos que se avecinan.
“Las empresas de hidrocarburos son
desafortunadamente famosas por sus actos de corrupción y de desprecio al futuro
climático del planeta. Son ampliamente conocidos los escándalos de Odebrecht y
Exxon Mobil. La propuesta para modificar la Ley de la ASEA no toma provisiones
para evitar el conflicto de interés en el Órgano de Gobierno propuesto, ni para
evitar la famosa puerta giratoria entre el sector público y privado que lejos
de proteger el ambiente asegura la operación empresarial a costa de las
comunidades”.
La activista pronostica que con la
cercanía del fin de sesiones, la reforma sea aprobada este jueves o se convoque
a periodo extraordinario.
“Con las prisas de fin de sesiones,
podrían tratar de sacarla esta misma semana o convocar a periodo extraordinario”, dijo.
Por ello,
Campero hizo un llamado a los
legisladores a estudiar el dictamen y a que “hagan lo que es su obligación:
consultar de forma amplia a especialistas y comunidades afectadas por la
contaminación de hidrocarburos”.
LEY FORESTAL
VIOLA DDHH DE INDÍGENAS.
La Comisión
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Comarnat) de la Cámara de Diputados, votó a favor de la minuta de la Ley
Forestal, con lo que se prevé mañana sea votada en el Pleno. De ser aprobada
mañana, sería turnada al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario
Oficial de la Federación (DOF). La nueva Ley abroga la publicada en el DOF el
25 de febrero de 2003.
La Comarnat está integrada por 29 diputados: doce de
ellos miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), seis del Partido
Acción Nacional, tres del PVEM, tres del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
dos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), uno de Movimiento Ciudadano
(MC) y uno más de Nueva Alianza (NL).
Ante este
panorama, la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF),
la Red Indígena de Turismo de México (RITA), la Unión Estatal de Silvicultores
Comunitarios del Estado de Oaxaca (UESCO), además de Bosques y Gobernanza manifestaron su rechazo a la Ley
principalmente por la violación a los derechos humanos que representa y por la
omisión de la consulta a pueblos indígenas.
Sin embargo,
también reconocieron que algunas
demandas de la sociedad civil fueron atendidas, entre ellas, la vulneración de
derechos sobre pago por servicios ambientales, la disminución de las funciones
del Consejo Nacional Forestal (CONAF), la degradación del papel del Comité
Mixto del Fondo Forestal Mexicano y alentar el rentismo a través de la
transmisión de autorizaciones de programas de manejo forestal.
Desde hace
varios meses, las organizaciones han
solicitado reiteradamente someter a consulta con las comunidades indígenas los
contenidos de la Ley Forestal, pero jamás recibieron respuesta.
Gustavo
Sánchez Valle, presidente del consejo directivo de la Red Mocaf, lamentó “que este proceso finalmente se
vaya a concluir sin haber concedido una respuesta a la solicitud de consulta
que se hiciera formalmente en el mes de marzo […] No hubo voluntad política
para respetar un derecho humano básico de las comunidades indígenas y
equiparables, que es la consulta”.
“Las comunidades, los ejidos y los
pequeños propietarios no están teniendo la oportunidad de opinar directamente
sobre una Ley que les afecta en sus medios de vida. Es grave el precedente que
se sienta con este proceso legislativo que está viciado de origen”, añadió en entrevista para este medio
de comunicación.
El activista
alertó que entre los retrocesos que
presenta esta nueva Ley se encuentra la eliminación del objetivo general V de
la Ley vigente, el cual le da preferencia a las comunidades indígenas para el
uso y aprovechamiento de los ecosistemas forestales.
Asimismo,
puntualizó, se permite la colecta de recursos biológicos forestales y a las
patentes y certificaciones de recursos genéticos forestales, que, desde el
punto de vista de la Red Mocaf, “abre la
puerta a la biopiratería y al despojo de las comunidades”.
La biopiratería, explicó, es el
aprovechamiento y uso de recursos biológicos, genéticos y forestales por parte
de terceros, para fines comerciales, de investigación y biotecnología, sin
tener el consentimiento previo de los pueblos indígenas, quienes son los
guardianes de la biodiversidad.
“Me parece que [la Comarnat] no
valoró adecuadamente la importancia que tiene el respeto de los derechos a
pueblos indígenas, me parece que están actuando con un sentido pragmático. Si
bien se incluyeron propuestas de la sociedad civil, no podemos aplaudir que la
incorporación sea violentando los derechos de nuestros compañeros y nuestros
representados”, destacó.
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