En color
rojo los nombres de los Legisladores que impulsaron la votación de la #Lay
Chaote.
La Ley de Comunicación Social avalada
de última hora por el Senado legaliza la discrecionalidad de las autoridades en
el uso de los recursos públicos para restringir la libertad de expresión, en
sentido opuesto a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN).
El colectivo
#MediosLibres, integrado por más de cien organizaciones sociales y periodistas,
expresó su rechazo a la ley que pasó primero en la Cámara de Diputados y luego
el Senado, a pesar de la oposición que tuvo de organismos nacionales como el
Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) e internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos y las relatorías de libertad de expresión de la ONU y de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La ley avalada en el Senado la noche
del miércoles fue producto de un proceso legislativo lleno de claroscuros,
inconsistencias y cargado de irregularidades, pues se aprobó en el pleno (60
votos a favor, 46 en contra y una abstención) a pesar de la falta de acuerdo en
las comisiones dictaminadoras.
De acuerdo
con el colectivo, la ley “legaliza las
malas prácticas” que ocurren en la publicidad oficial, incumple los criterios
con los que la Suprema Corte otorgó el amparo a la organización no
gubernamental Artículo 19 para que el Congreso legislara sobre la materia y
desestimó las propuestas sociales y de organismos internacionales.
El uso arbitrario y discrecional del
reparto de la publicidad oficial genera censura a los medios de comunicación y
periodistas críticos, estableció la Corte en la concesión del amparo, en noviembre del año pasado.
El
colectivo, que desde entonces emprendió distintas iniciativas para lograr una
ley acorde con los principios internacionales en el tema, señaló que el comportamiento del Congreso demuestra su falta de
compromiso con los derechos y libertades de la sociedad.
“Esta ley impide que los medios de
comunicación sean verdaderos instrumentos de ciertas libertades y no vehículos
para restringirlas”,
expresó.
La Ley solo obedece a “intereses muy
particulares y no a los que una sociedad como la mexicana requiere” y “deja en
un estado más vulnerable la libertad de expresión y el derecho a la
información” de la sociedad.
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