Rubén Martín.
Entretenida
como está una mayoría de la sociedad mexicana en la campaña electoral,
especialmente en sus formas espectaculares como los debates entre aspirantes a
gobernar el país, y entretenidos en otro de los shows más importantes de la
vida moderna, como son los Mundiales de futbol, a los mexicanos nos están pasando desapercibidos asuntos esenciales
como es el destino de las aguas nacionales.
En efecto,
mientras se concentra la mirada en las campañas electorales y en el Mundial, el presidente Enrique Peña Nieto utilizó la
figura legal de los decretos para modificar el estatuto de las vedas existentes
sobre 40 por ciento de las cuencas del país, que contienen 55 por ciento de las
aguas superficiales de la nación.
En el marco
del Día Mundial del Medio Ambiente el pasado 5 de junio, Peña Nieto anunció la firma de diez decretos que modificaron un estatus
de veda que existía sobre 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en el
país. En ese 40 por ciento de las cuencas escurre 55 por ciento de las aguas
superficiales del país.
En términos
sucintos, lo que Peña Nieto autorizó con
la aprobación de dichos decretos fue eliminar la “prohibición que había para la
entrega de permisos de extracción de agua” en esas cuencas con el pretexto de que servirían para
establecer reservas de agua para áreas naturales protegidas y la naturaleza
para los próximos 50 años.
Para tratar de legitimar su decisión,
el mandatario se hizo acompañar de una organización no gubernamental
internacional: World Wildlife Fund la cual aplaudió la decisión presidencial.
El presidente de esta ONG en México, Jorge Rickards, se animó a declarar lo
siguiente: “Estos decretos representan una visión de futuro que evitará la
grave sobre explotación, contaminación y escasez que vivimos en muchos otros
ríos del país”.
Pero en lugar de promover la
protección de las aguas nacionales, como intentaron justificar el presidente
Peña Nieto y el representante de esta ONG internacional, los diez decretos que levantan la
veda sobre estas diez cuencas de agua, abren
la puerta para que 55 por ciento del vital líquido se utilice para fines lucrativos,
ya sea privatizando directamente el manejo del agua en organismos operadores
empresariales municipales o entregando concesiones de agua para las distintas
empresas extractivas del país, como son minería, hidrocarburos, turística, o
inmobiliaria.
Esa es una de las principales
conclusiones de la coalición Agua para Todos donde confluyen “pueblos
originarios, organizaciones sociales, trabajadores, sistemas comunitarios de
gestión del agua e investigadores comprometidos con la construcción del buen gobierno
del agua y el territorio (las cuencas)”.
En un primer
análisis de la decisión ejecutiva de Peña Nieto del pasado 5 de junio,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio, la coalición Agua para Todos encontró que “estos
decretos van a permitir a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) garantizar
los volúmenes de agua que están exigiendo las empresas mineras, petroleras y
privatizadoras de sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos de los
pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores
populares urbanos”.
Los decretos del ejecutivo federal
favorecen los trasvases de agua a gran escala como los que ocurren o están
diseñados en varios megaproyectos hidráulicos: el sistema Cutzamala del estado
de México a la Ciudad de México; Monterrey VI que prevé trasvase del agua del
río Pánuco a Monterrey, o la presa y acueducto El Zapotillo que pretende
trasvasar aguas del río Verde de Los Altos de Jalisco al complejo industrial de
El Bajío de Guanajuato.
Los trasvases de agua de una cuenca a
otra, según explican los especialistas, son uno de los casos más evidentes de
despojos de bienes comunes. En este caso, se despoja el agua de las comunidades
indígenas o agrarias que han cuidado y protegido este bien común para que de
pronto, mediante agresivos proyectos de “desarrollo”, se les expropie ese bien
para llevarlo a grandes áreas urbanas.
Pero además,
la coalición Agua para Todos estimó que
los decretos de levantamiento de veda anunciados por Peña Nieto el 5 de junio,
podrían poner en riesgo hasta 50 mil concesiones sin título actualizado o
vigente de comunidades indígenas o núcleos agrarios, quienes tenían “las
dotaciones del líquido por decreto presidencial, pero esta figura cambió en la
ley de Aguas Nacionales y no las renovaron”.
No hay que ser un genio para prever
hacia donde se dirigen los cuerpos de agua con las nuevas concesiones
previstas: hacia todas las actividades extractivas como minería, explotaciones
energéticas, fracking, hidroeléctricas, actividades industriales, desarrollos
turísticos e inmobiliarios.
Por sus
consecuencias, estos decretos ejecutivos
son el equivalente a una “reforma estructural” en materia de agua, pero sin
pasar por el poder Legislativo, sólo utilizando facultades del poder Ejecutivo.
Visto en
conjunto, estos decretos de levantamiento
de veda de utilización de aguas en 300 de las 756 cuencas que existen en el
país, significan la “joya de la corona” de las reformas estructurales de
Peña Nieto, pues implican dirigir el
principal recurso y bien común de los mexicanos no a la satisfacción para la
reproducción de la vida, sino para alimentar las distintas dinámicas de
acumulación de capital que predominan ahora en México.
Desde ahora
podemos vaticinar el fracaso de esta política estatal y la defensa de pueblos,
comunidades y barrios de sus recursos.
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