Sólo en 2016, la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF) entregó vía adjudicación directa 37 millones de
pesos a cinco empresas que dieron domicilios falsos o fueron desmanteladas, y
que supuestamente realizaron servicios como “análisis de la Constitución
Política”, “análisis sociopolítico de la Ciudad de México”, “inventario de
almacén” o la venta de un “kit de maquillaje”.
Además, entregó 21 millones de pesos más a otras tres
empresas, también sin licitar los contratos, que están instaladas en casas
particulares o en oficinas sin empleados ni infraestructura, pero cuyos
supuestos representantes legales dicen haber cumplido con los servicios.
En total fueron 27 adjudicaciones
directas por montos mayores a 340 mil pesos, lo que rebasa el tope establecido
en el reglamento de adquisiciones para este tipo de contratos.
Todos los contratos fueron firmados
por el Oficial Mayor, Guillermo Sánchez, quien por reglamento de la Asamblea es
el funcionario responsable de avalar las adjudicaciones directas que hacen los
funcionarios que dependen de él.
Uno de los contratos, entregado sin
licitación, fue por 4 millones 988 mil pesos a una empresa que tiene una
dirección inexistente y fue firmado por Leonel Luna, coordinador de la bancada
del PRD y presidente de la Comisión de Gobierno, máximo órgano de dirección en
la Asamblea.
Todos los pagos fueron autorizados y
realizados por el tesorero de la Asamblea, Pablo Trejo Pérez, quien ha sido asambleísta
local y diputado federal por el PRD y quien actualmente busca un lugar en el
Congreso local en los próximos comicios.
Leonel Luna y Guillermo Sánchez
también son integrantes del PRD y en 2015 abandonaron la corriente Izquierda Democrática Nacional,
liderada por René Bejarano, para formar un “grupo neutral” al interior del
partido. Como asambleístas en la V Legislatura, de 2009 a 2012, compitieron con
la corriente bejaranista para liderar comisiones y consiguieron la de
Desarrollo e Infraestructura Urbana, donde Sánchez fue presidente y Luna
integrante.
Leonel Luna, junto con el panista
Jorge Romero, aprobó la asignación de más de 5 mil millones de pesos del
fideicomiso para la reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre para
comprar tabletas electrónicas, juguetes y regalos para día de las madres para
los gobiernos delegacionales.
Animal
Político revisó las adjudicaciones
directas a 15 empresas en 2016, aunque el universo ascendió 127 contratos por
un total de 89 millones de pesos. De hecho, en 2016 hubo un repunte en este
tipo de contrataciones, justo al iniciar la actual legislatura. En 2015 hubo 52
asignaciones directas por poco más de 16 millones de pesos; y en 2017 se
realizaron 27 contratos por 61 millones de pesos.
Al exponer
las irregularidades de las empresas a los funcionarios de la ALDF que firmaron
los contratos y pagaron a las compañías,
éstos argumentaron que la ley no los obliga a revisar la existencia física de
las empresas y, en todo caso, responsabilizaron al Servicio de Administración
Tributaria (SAT) por validar a esas sociedades al entregarles el Registro
Federal de Contribuyentes (RFC).
¿Por qué contratar a estas empresas
por adjudicación directa y no otras? Ni el Oficial Mayor de la ALDF, Guillermo
Sánchez, ni el tesorero, Pablo Trejo, pudieron dar una respuesta a esta
pregunta. En una hora de entrevista no atinaron a explicar quién decide
contratar a empresas irregulares y entregarles dinero público.
La empresa
millonaria de Ecatepec.
Servicios Publicitarios Graicy S.A.
de C.V. lo mismo hace análisis político para la Asamblea legislativa, que tazas
y tortilleros promocionales para el Fondo de Cultura Económica, o un taller de
“ficción” para el Centro de Capacitación Cinematográfica.
La Asamblea dio a esa empresa una
adjudicación directa cada año, en 2016, 2017 y 2018, que suman 24 millones 824
mil pesos, y la ubica como la principal beneficiaria de este esquema de
contrataciones.
La dirección
que registró en los contratos estaba en la delegación Coyoacán, pero se fue de
ahí el año pasado. El local enclavado en un callejón es ocupado en la actualidad
por un negocio de reparación de computadoras desde octubre de 2017.
En esa dirección, además de Graicy,
están registradas otras siete compañías más, también proveedoras de la
Asamblea.
Dirección:
Calle Ciruelos No. 4 BIS, Colonia Los Cipreses, Delegación Coyoacán. C.P. 04815
Según datos
del padrón de proveedores de la propia Asamblea: Maquila Textil del Sur; Grupo
Fraort; Constructora Sello; Logistics y Planificación Empresarial; Consultoría
Express del Sur; Servicios y Asesorías Profesionales Ying Yang; y Constructora
y Remodeladora Metro Cuadrado.
Éstas últimas dos, incluso, son
requeridas por la Tesorería de la Ciudad de México para pagar el adeudo de ISR,
según confirmaron fuentes de la Secretaría de Finanzas.
Servicios y Asesorías Profesionales
Ying Yang, además, fue incluida el 1 de abril de 2018 por el SAT en su lista
negra de empresas ‘presuntas fantasma’, por lo que está
siendo investigada como una sociedad que no tiene personal, infraestructura, ni
productos, y que se dedica a simular operaciones comerciales.
Esta compañía también tiene relación
en el esquema de desvío de recursos de La Estafa Maestra. En 2015 la Sedesol y
la Sedatu hicieron convenios con el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo y
el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, para hacer sondeos y
evaluación de impacto de programas sociales, respectivamente.
Ambos organismos subcontrataron a
esta empresa por 20 millones 903 mil pesos y por 9 millones 860 mil pesos,
respectivamente, según informó la Auditoría Superior de la Federación en las
revisiones a los organismos y en las cuales concluyó que la empresa no cumplió
con los servicios y los recursos públicos fueron desviados.
La nueva sede de Servicios
Publicitarios Graicy S.A. de C.V. es un local de apenas cinco metros cuadrados,
con un escritorio viejo y un toldo con un rótulo que anuncia “servicios
publicitarios” e “impreciones” (sic), ubicado en la modesta colonia Xochicuac
en Ecatepec, Estado de México.
El único “empleado” es un joven que
se negó a proporcionar información por temor a que lo corrieran e insistió a
los reporteros que pasaría el recado. En un pedazo de papel escribió una
dirección de correo electrónico para solicitar la entrevista con la
representante legal, María Luisa Pérez Reséndiz, quien ha firmado los contratos
con la Asamblea del DF. Un día antes, un supuesto encargado había dicho vía
telefónica que “no recordaba” la dirección de la compañía, y que la representante
se encontraba de viaje. Nunca hubo respuesta a los correos ni llamadas
posteriores.
La Asamblea contrató a esta empresa en dos ocasiones
para realizar “el perfil sociopolítico de la Ciudad de México que pueda servir
como un instrumento de apoyo para el desarrollo de las actividades
Legislativas”. Y una tercera para la “elaboración de agenda de riesgos,
información sobre carencias, opiniones, riesgos de alto, mediano y bajo impacto
de la Ciudad de México”. La comprobación de los servicios por los que esta
empresa recibió más de 24 millones de pesos son documentos en Word, y
presentaciones de power point con fotografías de encuestadores y metodología en
documentos PDF de copias fotostáticas.
Servicios
Publicitarios Graicy también fue
utilizada por Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA),
dependiente del Fondo de Cultura Económica en 2015, a través de la asignación
directa de cinco contratos por un total de 92 millones de pesos para
supuestamente hacer tazas, termos promocionales, playeras, tortilleros,
loncheras de plástico, cubetas y mandiles.
Y en 2018 el Centro de Capacitación
Cinematográfica, A.C. de la Cineteca nacional le otorgó un contrato también por
adjudicación directa para realizar un taller de ficción por 18 mil pesos, según
información de Compranet contenida en la herramienta Contratobook.
http://contratobook.org/#/contratos.
Las
adjudicaciones directas.
De acuerdo
con la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, es legal que los
contratos sean directos. Están contemplados como excepción a las licitaciones
públicas, es decir, poner a competir a empresas para escoger a la que ofrezca
mejores condiciones.
Sin embargo,
la adjudicación directa sólo puede
hacerse para contratos de hasta 340 mil pesos. Para una cifra superior y hasta
5 millones 820 mil pesos se debe hacer una licitación restringida y
licitaciones públicas para montos por arriba de ésta última cifra. En los casos
de estas empresas, los montos superan lo establecido para ser adjudicación
directa.
Animal
Político mostró las evidencias
encontradas sobre las empresas al oficial mayor Guillermo Sánchez, el tesorero,
Pablo Trejo, el director jurídico, Félix Martínez, y la directora de
Adquisiciones, Ana Laura Alvarado, pero argumentaron que las empresas sí cumplieron
los servicios porque tienen actas de entrega-recepción y existen los supuestos
entregables.
Ninguno supo responder quién escogió
a las empresas para recibir recursos públicos.
Por ejemplo,
sobre el análisis de la constitución que
costó más de 4 millones de pesos, el “entregable” es un libro en PDF de 28
capítulos, pero la “empresa” Servicios y Administraciones JRS, S.A. de C.V.
registró una dirección inexistente.
¿Cómo una empresa así pudo haber
cumplido?
– Tengo las actas, respondió el
tesorero.
¿Por qué esa empresa y no otra?
¿Quién en específico dice hay que contratar a una empresa como JRS?
– Son empresas especializadas que se
dedican a este tipo de trabajos, hacen una presentación a los diputados y los
diputados deciden si o si no, para que vean”, respondió Alejandro Zepeda
Rodríguez, ex director de adquisiciones de la ALDF.
No existe físicamente, no hay rastro
de ella en internet, el teléfono tampoco existe… si es especializada, debería
de tener al menos una página en internet.
– La
dirección es calle avenida José López Portillo, edificio F, departamento 102
colonia san Rafael, es Coacalco, Arcos de Berriozabal, aquí la factura dice
departamento 102, (aunque no tiene número exterior), que esto es lo que yo verifico en el SAT, y tal como está la
factura así aparece ahí evidentemente. Pero entonces ahí hasta el SAT está
metido en líos, aseguró el tesorero, Pablo Trejo.
Pero el SAT
no las está contratando.
-Pero el SAT es responsable de que
las empresas estén, estoy de acuerdo, pero si el domicilio fiscal me lo ponen
así y en su registro federal de contribuyentes viene así, y su factura viene
así, yo qué, o sea, yo no tengo ninguna obligación de ir a checar una empresa
en dónde está”, agregó Trejo Pérez.
¿Quién
escoge a esta empresa y no otra, por ejemplo?
– Eso sí está medio complicado,
porque como les estoy diciendo, si esta empresa viene a firmar el contrato y da
una dirección, pues no lo sé, necesitaría tener el expediente completo. Sí,
tienes razón, si no aparece en Google pues es un problema. El problema es,
imagínate nosotros la relación que tenemos con Emil empresas, te digo, yo no sé,
a mí se me haría muy complicado ir a checar, dijo el Tesorero.
Trejo insistió en que la Asamblea no tiene
ninguna observación de irregularidad sobre estas contrataciones en la revisión
de 2016. Mientras que el Oficial Mayor, Guillermo Sánchez, dijo que “de buena
fe” firma los contratos que realizan los funcionarios que dependen de él de las
distintas áreas que requieren los servicios.
Más empresas.
El diputado Leonel Luna firmó un
contrato con el Centro de Investigación Socioeconómica Global Hernández y
Asociados, S.C, por 4 millones 988 mil pesos para el “levantamiento de
información para la evaluación de las políticas y programas sociales
implementados por el Gobierno del Distrito Federal” en 2016.
La dirección
de la compañía registrada en el contrato está en la colonia Presidencial
Coalcalco, en el Estado de México, pero se trata de una casa particular con
decenas de volantes arrumbados en el patio, polvo acumulado en las ventanas y
el servicio de luz cortado.
Los vecinos
confirman la imagen: el inmueble fue abandonado desde hace un año
aproximadamente. “Creo que ahí trabajaban capturistas”, dijo uno de ellos, pero
otros dos testimonios aseguraron que nunca se enteraron que ahí hubiera una
empresa. El único rastro en internet de
la compañía es una página de Facebook que tuvo sólo 10 meses de actividad entre
2014 y 2015.
Servicios y
Administraciones JRS, S.A. de C.V. recibió un contrato directo por 4 millones
176 mil pesos para realizar el “análisis de la Constitución Política con motivo
del centenario de su promulgación”. Su supuesta dirección está en Calle
Edificio F, número exterior 29, colonia San Rafael, Coacalco, Edomex, pero no
existe. Tampoco el teléfono, no tiene página de internet y el único rastro
internet es el contrato con la Asamblea.
Otro contrato por 2 millones 485 mil
pesos fue para Grupo Jimto, S.A. de C.V., para “realizar el Diagnóstico e
inventario físico del almacén general y toma física y actualización del activo
fijo”.
Su dirección
está en la calle Patricio Sanz en la colonia Del Valle, pero al acudir ahí, se
trata de un edificio que será demolido, aunque no fue a causa del temblor
porque, según dijeron vecinos, ya se tenía ese plan antes de septiembre de
2017. Aunque dicen que había una persona trabajando en una de las oficinas, no
saben de la empresa.
Para hacer
el mantenimiento correctivo mayor al sistema de detección de humo contra
incendio, compra de un kit de maquillaje y una cámara profesional, y para
“material solicitado para cubrir los requerimientos durante el 2016 de los
diputados”, la Asamblea contrató directamente a Comercializadora y Servicios Alaze,
S. A. de C. V. por seis contratos que suman 1 millón 421 mil pesos.
Dos contratos fueron firmados el
mismo día: el 1 de marzo de 2016 cada uno por 207 y 257 mil pesos. Esto evitó
violar el reglamento de contrataciones al no sobrepasar los 340 mil pesos para
hacer una adjudicación directa. El caso se repitió el 4 de mayo, cuando firmó
dos contratos y los otros dos fueron del 16 de febrero y el 19 de abril.
La empresa
está en una unidad habitacional de Tlalnepantla, pero nadie abrió la puerta. Un
vecino entrevistado dijo que en esa casa “sólo trabaja un chavo, parece su
oficina”. Y después de varios intentos al teléfono localizado en un directorio
de internet, la persona que respondió negó que se tratara de la compañía.
Las
casas-empresas.
Otro grupo de tres empresas comparten
la misma característica: son inmuebles, en algunos casos, casas particulares,
sin empleados, pero cuyos representantes legales sí contestaron el teléfono
celular de contacto que aparece en internet, e insistieron que cumplieron con
los servicios.
Rehesa
Consultoría S. C. cobró 10 millones 149 mil pesos por digitalizar el archivo
central de la Asamblea, en un contrato firmado el primero de enero de 2017 y
con vigencia al 31 de diciembre de ese año. Es decir, cobró 845 mil pesos mensuales por escanear documentos.
En el contrato, la empresa registró
como domicilio en la colonia nueva Oxtotitlán, en Toluca, Estado de México. Al
visitarla se comprobó que es una casa de tres pisos con tres locales de cuatro
metros cuadrados, pero ninguna empresa ha estado ahí. “Hace más de dos años
había una licenciada que rentaba el local. Quizá esa señora pudo ser de esa
empresa, pero lo desconozco”, dijo un empleado del taller de ventanas de aluminio que
ocupa uno de los locales.
Durante la investigación, se pudo
contactar a la representante legal de la empresa,
Azucena Reyes Miranda, quien fue
regidora en Toluca en el 2000; suplente de Claudia Corichi en el Senado de
2006-2012, por el PRD. También fue asesora parlamentaria del PRD de 2004 a 2005 y hasta abril
pasado era directora de Auditoría Fiscal del Centro del estado de Quintana Roo,
según su perfil de Linkedin.
Reyes Miranda también fue
representante legal de la empresa Ciudadanía Democrática que tenía la
franquicia de la Jornada Zacatecas y, junto con Claudia Corichi, hija de la
exgobernadora de Zacatecas, enfrentó un juicio laboral por falta de pago a los
empleados entre 2006 y 2011, según publicó Proceso.
En una
primera llamada telefónica, Reyes
Miranda titubeó sobre la ubicación de su empresa, pero al final dijo que se
había cambiado a Jardines del Ajusco, en la Ciudad de México; al visitarla se
comprobó que es una oficina en remodelación sin ningún empleado.
Reyes Miranda otorgó dos entrevistas
vía telefónica porque, según dijo, estaba de viaje. Aseguró que entregó los
servicios y que sus empleados iban a trabajar a la Asamblea para escanear los
archivos. Al preguntarle cómo es que logró una adjudicación directa explicó que
cumplió con la normatividad como entregar una “constancia de cumplimiento de
obligaciones y tienen controles de calidad muy específicos pues que es nuestra
carta de presentación hemos trabajado en otras instituciones”. Sin embargo, la
empresa ni siquiera tienen página de internet ni aparece en lista de
proveedores del gobierno.
Samp Agencia Publicista y Medios SA
de CV, ubicada en un cubículo de 12 metros cuadrados en un edificio de
Naucalpan, Estado de México, sin más empleados que una joven que atiende el
teléfono, cobró 6 millones 670 mil pesos por hacer un “barómetro
sociopolítico”, para la Asamblea.
Pese a ser una agencia de publicidad,
la persona que contesta el teléfono dice no estar autorizada para dar una
dirección de correo electrónico o transferir con algún empleado de la empresa.
Y pese a reiterados intentos, nunca hubo una respuesta respecto al contrato con
la asamblea ni la empresa. Según información de Contratobook, esta empresa
también consiguió en 2016 un contrato por 230 mil pesos del Instituto Mexicano
de la Juventud, para dar “impartición de cursos a funcionarios públicos”.
Grupo Oryaze, S. A. de C. V.,
constituida en 2014 y dedicada a obra pública, está en una casa particular en
Tlalnepantla, Estado de México. El teléfono celular que aparece en un
directorio de internet, porque no tiene página web, es atendido por el
accionista y representante legal, Jorge Ortega Jandette.
Ortega
Jandette se negó a otorgar una entrevista “por motivos de seguridad”, pero por
teléfono explicó que “toda la
información está en transparencia de la Asamblea” y efectivamente se encuentran
los seis contratos por servicios de impermeabilización, cambio de tubería
barnizado de duela y sustitución de tableros electrónicos. Todos fueron
firmados el 21 de octubre de 2016. En un solo día la empresa logró 4 millones
369 mil pesos.
Al preguntarle cómo es que una
empresa que cumple con tantos servicios no tiene una dirección donde guarde
herramienta, material y acudan empleados, el accionista dijo que “rentan” todo.
¿Cómo logran un contrato directo?, se le pregunta. “Vendiendo el servicio. No
hay un método, simplemente llegas y preguntas, no sé cómo explicarte”, dijo.
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