Sanjuana
Martínez.
¿Cómo llegó una foto de una
estudiante al celular del Senador panista Ismael Cabeza de Vaca? ¿Existen
catálogos clandestinos de mujeres con fines de comercio sexual? ¿Qué
implicaciones judiciales puede tener la exposición de la explotación sexual
desde el Senado?
Estas y otras preguntas deberían
estarse haciendo los líderes del Senado y sus compañeros panistas de bancada,
para determinar la sanción contra el Senador Cabeza de Vaca, a quien exhibieron
haciendo alarde de gusto por el trabajo sexual comercial.
Ya sabíamos que las redes de trata de
mujeres y niñas con fines de explotación sexual están compuestas por hombres de
poder, hombres ubicados en los estamentos económicos, políticos y sociales.
Pero nos faltaba la confirmación contundente que además de constituir estas
redes de trata, los hombres de poder también son consumidores.
Triste realidad tener semejante
Senador en un país como México, donde se estima en 500 mil casos de los cuales
alrededor de 70 mil son menores de edad sujetas a explotación sexual.
Triste realidad tener a Cabeza de
Vaca como Senador,
en un país donde 47 grupos de la delincuencia organizada están involucrados en
la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, de acuerdo con
un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
Pero los hombres poderosos junto al
Gobierno, valga la redundancia, han triunfado en opacar las cifras, en
disfrazarlas. Tal vez por eso las cifras son escasas. Tampoco hay una política
social encaminada a su verdadero combate. Instituciones y leyes quedan en la
simulación. Tal vez por eso no hay suficientes redadas en el país, no hay
suficientes traficantes de mujeres y niñas en la cárcel. Tal vez por eso no
existen condenas ejemplares contra los traficantes.
A pesar de
todo, sabemos que cada año son raptados
21 mil menores de edad para ser explotadas sexualmente y de ellas 45 de cada
100 son niñas indígenas.
Recuerdo que una madrugada andábamos
caminando por las calles de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas con madres de
desaparecidas, buscando a sus hijas en los distintos antros y giros negros, un
joven nos contó que existían casas con niñas para explotación sexual, una por
cierto, muy cerca de donde estábamos. “¿Podemos ir?”, le preguntó una de las
madres. “No, claro que no, ahí sólo pueden entrar políticos. Las niñas son para
ellos”, dijo con
total naturalidad. Al insistir, el joven
hizo una advertencia: “Ni se les ocurra acercarse. Los policías no dejan
pasar”.
El crimen de la trata de personas en
México no se está combatiendo debidamente por obvias razones. Son los mismos
políticos los que se benefician del mercado sexual; unos explotando y otros
consumiendo, o bien, haciendo ambas cosas.
Quizá eso
explique que el 93 por ciento de las
víctimas de trata sean mujeres y de ese porcentaje, el 26 por ciento, menores
de edad. Y la realidad a la que nos enfrentamos quienes nos hemos dedicado a
investigar esta lacerante realidad, es que cada vez, se las llevan más niñas.
La nueva modalidad es raptarlas a los 9 o 10 años.
El estudio que mencioné señala que el
45.4 de las víctimas de trata son captadas por una persona conocida, mientras
el 49.1 por desconocidos. Y solamente, el 5.5 por ciento serán captadas por
miembros de la delincuencia organizada.
Los cárteles que han decidido vender
el cuerpo de las mujeres y niñas están obteniendo más ganancias que vendiendo
armas. La trata de mujeres y niñas ha desplazado el tráfico de armas y ya se
coloca en nuestro país en el segundo negocio más redituable, después de las
drogas.
Cada año, quienes trafican con mujeres obtienen más
de 10 mil millones de dólares en ganancias. Y lamentablemente, a seis años de
la aprobación de la ley que sanciona este infame delito, no existen en realidad
mecanismos para asegurar su implementación, ni a las víctimas se les garantiza
la reparación ni la no repetición del daño.
México es el quinto país de flujo de
trata de personas entre Norte y Centroamérica y el Caribe. Y a seis años de la
aprobación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos
en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas de estos Delitos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha
urgido al Gobierno a atender debidamente el delito de la trata, porque no hay
mecanismos armonizados ni coordinados entre los órdenes del Gobierno para
asegurar la implementación de dicha ley. Una ley que es letra muerta en muchos
estados de la República.
¿Pero cómo lo van a atender si ellos
son juez y parte? ¿Cómo van a disminuir el preocupante incremento de la trata
de niñas y mujeres si ellos son los consumidores?
“Pásame el cell [sic] del padrote, no
seas gacho. Ya me la quiero zumbar”, le contesta Manito al Senador Cabeza de
Vaca que compartió la foto de la joven estudiante y contesta: “ya somos 2”.
Este asunto, no termina con una simple
disculpa del Senador, ni tampoco con la comparecencia vergonzosa del mismo,
arropado de manera vergonzosa por sus compañeras panistas. Por eso estamos como
estamos.
El asunto no ha quedado saldado. No,
hasta que sepamos como la foto de la joven Fernanda Moreno llegó al celular de
Cabeza de Vaca. No termina hasta que nos diga por qué compartía esa foto con un
lenguaje vinculado a la trata al hablar del “padrote”. No termina, porque
necesitamos saber las redes a las que tuvo acceso que contienen listas de
nombres y fotos de jóvenes para su posible rapto, con el objetivo de la
explotación sexual.
Y no
termina, porque las autoridades del
Senado, el marco jurídico que lo rige y las leyes de nuestro país, deben ser
suficientes para que el Senador Cabeza de Vaca de entrada, dimita de su puesto
para su investigación. Este es un asunto serio, muy serio.
El Senador Cabeza de Vaca, es casado
y tiene dos hijas.
La pregunta
es obligada. Los señores poderosos
necesitan ponerse en el lugar de las víctimas de trata. ¿Le gustaría que en
esas listas de jóvenes con fotos que circulan en el ciberespacio estuvieran incluidas
sus hijas?
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