Tatiana
Clouthier.
El tema de
la transparencia ha sido algo muy bien recibido y exigido por parte de la
sociedad en cuanto a recursos públicos se refiere. Este paso –no lo podemos
negar– lo debemos a la llegada del gobierno del pobre Vicente Fox. Así es, fue
durante ese sexenio que se dio el avance fundamental para crear un organismo
que apoyara a la sociedad a conocer en qué y cómo se gastaban los recursos
públicos.
En su inicio, éste funcionó muy bien
a nivel federal y poco a poco nacieron los organismos estatales. Hoy en día se
han buscado “candados” o pretextos para resguardar la información de 6 a 12
años, según convenga al gobernante en turno, so pretexto de seguridad nacional
o protección de datos personales, y que el ciudadano común no tenga acceso a la
información.
Con lo anterior no quiero decir que
no es fundamental cuidar esos puntos, más estos no deben ir contra el derecho
que el ciudadano tiene de saber.
Así las
cosas, en Nuevo León, el tema ha sido
mucho muy complicado. Cuando Felipe de Jesús Cantú ganó la alcaldía de la
ciudad de las montañas, Javier Livas Cantú propuso un mecanismo muy simple para
que el ciudadano pudiera acceder a la información.
El método era eficaz y no costaría
tanto y, por eso, digo yo, no creyeron y/o más pronto que tarde, el Congreso
del estado aprobó la creación de la instancia de transparencia complicada en
Nuevo León.
Tristemente, la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (CTAINL) tuvo
problemas de forma y de fondo, y no ha cumplido con su cometido como debe. Con
el nombramiento de los primeros consejeros surgió un asunto de quién debería
estar al frente y se conoció el organismo por sus pleitos y no por sus
resultados en favor de la transparencia. Además, al día de hoy
nuestro estado se encuentra en el número 29 de 32, en cuanto a transparencia se
refiere, con un 35 de calificación.
No contentos con eso, el Congreso
local decide, vía los diputados del PRI, dar un paso más hacia la opacidad y la
perpetuación de lo que no funciona. Lo anterior significa la modificación al
artículo 49 de la Constitución de Nuevo León, en donde permiten que los
consejeros se reelijan por 7 años más.
El Congreso
sí debería hacer ajustes a la ley más en
favor de que la población tenga más y mejores resultados en transparencia, mas
no para seguir o perpetuar la opacidad.
Queda una luz en el camino, el que la
instancia federal utilice sus facultades para que la instancia local no vaya en
contra de lo federalmente permitido.
Por lo
anterior urge que no quitemos el dedo del renglón.
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