Directivos
del área de Comunicación Social del Congreso de Guerrero anunciaron el pago a trabajadores de varios medios de información,
registrados en la nómina del poder Legislativo, sin que sean establecidos los
mecanismos de transparencia.
El hecho contrasta con el discurso
del presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo y
coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Pablo Sandoval Ballesteros,
quien anunció medidas de austeridad, honestidad, ética y transparencia.
A través de
un grupo de WhatsApp, denominado “Facturas Congreso 2018”, los directivos del área de Comunicación Social del Congreso informaron
que a partir de la próxima semana “se va a pagar” a trabajadores de medios de
comunicación que están dados de alta en la nómina del poder legislativo de la
entidad.
Algunos reporteros preguntaron si la
mecánica consiste aún en presentar “sólo la credencial de elector” y
cuestionaron también si les van a pagar el mes de septiembre que acaba de
concluir, refiere la comunicación virtual que fue exhibida públicamente.
Desde 2015, las organizaciones civiles Artículo 19 y
Fundar han advertido que existe una preocupación particular por la opacidad que
existe en Guerrero y Tamaulipas, debido a que durante cuatro años las
autoridades de ambas entidades no han transparentado la información sobre su
gasto en publicidad en medios de comunicación.
En el
informe “Libertad de expresión en
venta”, las ONG consideran que estos recursos públicos se distribuyen conforme
a criterios políticos e intereses privados, y se convierte en el medio idóneo
para controlar las líneas editoriales de los medios, una práctica definida como
“censura sutil o indirecta”.
En agosto
pasado, Apro informó que los diputados
de la pasada legislatura local, que encabezó el PRI, destinó más de 17 millones
de pesos anuales por concepto de “apoyos” y pago por “servicios publicitarios”
a medios de comunicación sin criterios transparentes de la asignación de estos
recursos públicos.
De acuerdo
con la información oficial, la Dirección
de Comunicación Social del Congreso manejó tres listados donde contempla
“convenios” con 117 empresas y particulares por un monto de un millón 303 mil
980 pesos, así como el “pago” a 13 columnistas por 70 mil pesos y “apoyo” a un
centenar de reporteros por 110 mil pesos.
Esta cantidad destinada a reporteros
y empresas de medios suma un millón 483 mil 980 mensuales y solo se indica que
forma parte del “Fondo 23”, administrado por la exjefa del departamento de
contabilidad del Congreso, Imelda Pérez Pantaleón, indican los reportes consultados.
En la lista de beneficiarios que se
maneja de forma discrecional y no se encuentra disponible en el portal de
transparencia, pese a que es información pública de oficio como marca la ley,
se encuentran funcionarios estatales y municipales que cobran como servidores
públicos y por “brindar servicios” publicitarios a la LXI legislatura local.
Incluso, el exdirector de Comunicación Social, Jaime
García Monteros, se auto.entregó 400 mil pesos en los tres años que estuvo en
el cargo para beneficiar a su negocio de comunicación.
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