A la devastación ecológica y los
conflictos de tierras, el megaproyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de
México (NAIM) suma la inviabilidad financiera y la condena de generaciones de
mexicanos al pago de una deuda en el que sólo resultan beneficiados cinco de
los hombres más ricos del país, consideraron investigadores del Proyecto sobre
Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).
En
conferencia de prensa, integrantes de PODER dieron cuenta de las inconsistencias en los informes sobre el
costo-beneficio del megaproyecto, presentados por el Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM) a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
que en términos reales se han incrementado 69%, que se acumula en deuda pública
y que está siendo pagada con la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), que paga
todo aquel que compra un boleto de avión.
Los
investigadores de PODER estuvieron acompañados por Trinidad Ramírez, del Frente
de Pueblos en Defensa de la Tierra, y Damián Camacho Guzmán, de la Plataforma
Organizativa contra el Nuevo Aeropuerto, en la presentación de la página de
internet que condensa los hallazgos de la organización no gubernamental durante
los últimos tres años que han acompañado a los defensores de la tierra y del
lago de Texcoco. La página en la que se
encuentra la información es www.torredecontrol.org.
Julieta
Lamberti, responsable de la
investigación, resaltó que en 2014, GACM informó que el costo de la
construcción del NAIM sería de 169 mil millones de pesos, en este año la SHCP
informó que serían 195 mil millones, por los ajustes inflacionarios, pero “ante
la solicitud del nuevo gobierno al GACM para que informara sobre el costo de la
obra, se informó que sería de 285 mil millones de pesos”, explicó Lamberti.
Agregó que el verdadero costo de la
mega-obra es incierto, toda vez que, de acuerdo a estimaciones de la Academia
de Ingeniería de México, podría costar a los mexicanos 440 mil millones de
pesos.
Lamberti destacó que lo que han podido determinar es
que, para solventar la construcción, “se contrata deuda para pagar otras deudas
existentes”, además de que no hay claridad de a cuánto asciende la
participación privada.
“El proyecto no soporta más
endeudamiento, tiene financiamiento del 70% de lo que costaría la primera fase
y faltan 88 millones de pesos, y las propuestas que está proponiendo el Grupo
Aeroportuario para solventar esta crisis de financiamiento son vender los
terrenos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y de la
Ciudad Aeropuerto, endeudar más el proyecto con una nueva emisión de Fibra E
(vender bonos de deuda en los mercados financieros) y empezar a cobrar TUA de
interconexión, lo que encarecería el uso del aeropuerto y lo haría menos
competitivo, además de que se pagaría directamente del bolsillo de quienes
hacemos uso del aeropuerto, al comprar un billete de avión”.
Lamberti urgió a la SHCP a exigir al GACM “que
actualice el estudio de costo-beneficio, porque si es inviable es una pérdida
de dinero (…) es un negocio financieramente frágil”.
Aplicando
las mismas reglas de la SHCP sobre Tasa Interna de Retornos Social (TIRS),
PODER considera que el NAIM ya puede
considerarse “inviable, porque ha aumentado casi 69% su costo más el retraso en
su construcción, el proyecto será más costoso para la sociedad que los beneficios
que podría traer”.
Eduard
Martin-Borregón, director de datos, periodismo y tecnología de PODER, resaltó la opacidad en torno al
otorgamiento de los 536 contratos, que equivalen a 155 mil 732 millones, de los
cuales “70% se otorgaron sin licitación, sin justificar por qué se otorgaron
por adjudicación directa, son contratos por 4 millones, 5 millones o 30
millones que superan el importe permitido para la adjudicación directa”.
Expuso que 15% de los contratos
representan el 78% de la inversión, y fueron entregados a consorcios de los que
no saben quiénes son los propietarios, pero hay claridad que en 51% de la
inversión, se destinó a cinco de los hombres más ricos de México”.
De acuerdo a
la investigación, el mayor beneficiario
fue Bernardo Quintana, con nueve contratos, equivalentes a 24.7 mil millones de
pesos, para su empresa ICA, a la que “salvó el proyecto del Nuevo Aeropuerto”,
porque “estaba en quiebra”.
Los otros
beneficiarios de megaproyecto son Grupo
Carso, de Carlos Slim; Grupo Hermes, de Carlos Hank Rhon; Constructora y
Edificadora GIA+A de Hipólito Gerard Rivero, exsuegro de Carlos Salinas de
Gortari, y Grupo Empresarial Ángeles, de Olegario Vázquez Raña.
Martin-Borregón
destacó que tras tres años de
investigación se han topado “con un proceso opaco, diseñado por los directivos
del GACM donde ni siquiera la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puede
seguir el dinero y hacer una correcta rendición de cuentas”.
Trinidad
Ramírez resaltó que los resultados de la
investigación de PODER respaldan la negativa de los pueblos de la región
oriente del Estado de México en la imposición del NAIM.
“El próximo lunes se cumplen 17 años
de lucha, 17 años de que nuestras vidas no volvieron a ser las mismas; pero
cada vez hay más claridad de lo que significa ese proyecto de muerte, nosotros
sólo queremos vivir en paz, que dejen de vernos con signos de pesos”, dijo Ramírez.
A unos días de que se lleve a cabo la
consulta convocada sobre la construcción del aeropuerto en Texcoco o en Santa
Lucía Hidalgo, Trinidad Ramírez resaltó que el Frente de Pueblos en Defensa de
la Tierra no está promoviendo la consulta, porque “cualquiera que sea el
resultado, la lucha por cancelar el proyecto continuará”.
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