Para los pobladores de la zona donde
se empezó a construir el nuevo aeropuerto no están en riesgo grandes ganancias,
sino sus casas, la salud de sus hijos, sitios arqueológicos y el entorno
natural. En un recorrido por las inmediaciones del megaproyecto del gobierno de
Peña Nieto se recogieron las voces de los afectados. Ellos sufren agresiones de
grupos de choque, presiones de empresas y demandas amañadas de abogados para
que cedan esas partes de su vida al “progreso”, representado por la devastación
de cerros y terrenos.
A pocos días
de que se lleve a cabo la consulta ciudadana convocada por Andrés Manuel López
Obrador para elegir la sede del Nuevo Aeropuerto Internacional de México
(NAIM), entre Texcoco y Santa Lucía, un
recorrido por algunos de los municipios afectados por la construcción del
megaproyecto saca a la luz historias de resistencia en defensa de la tierra, el
territorio y la propiedad, así como de despojo, desacatos judiciales y
corrupción.
Reporteros de este semanario
recabaron denuncias de afectados en algunos municipios del oriente del Estado
de México por la edificación, que según el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México (GACM) en su primera fase costaría 285 mil millones de pesos, lo que
representa un incremento de 69% sobre lo calculado en septiembre de 2014 por la
empresa encargada de supervisar la construcción.
Es
recurrente la frustración por el desgaste de años de lucha. Las personas entrevistadas se apegaron a
las reglas del juego del Estado mexicano: todos han recurrido a instancias
judiciales a fin de revertir los daños que les ha causado el megaproyecto, pero
los tribunales no les han dado nada.
Los peligros
de defender su casa.
Apoyada en
una muleta, Nieves Rodríguez Hernández
sale de su hogar al encuentro de los reporteros. Por negarse a dejar su
propiedad para dar paso al “progreso”, Nieves se ha convertido en un símbolo de
la resistencia.
Su casa de 90 metros cuadrados,
construida en medio de un terreno de mil 125 metros en San Salvador Atenco,
quedó atrapada entre un camino vecinal y la construcción de la autopista
Pirámides-Texcoco. No tiene agua ni luz; los servicios le fueron cortados por
su oposición a ceder su propiedad.
Rodeada de
perros que le avisan de la presencia de extraños, Nieves se queja de intensos
dolores en la pierna izquierda. En febrero se la fracturó al caer en una zanja
cuando circulaba en su motocicleta y fue rebasada por camiones con piedra para
la mega-construcción.
“Una zanja la pude esquivar, pero
otra ya no. La constructora no se quiso hacer responsable porque dice que no
traía casco, y ahora no puedo trabajar porque no puedo doblar la pierna”,
lamenta la mujer, que ha resistido a los personeros de la empresa Pinfra, a la
que en 2015 se le concesionó la construcción de la autopista (Proceso 2131)
En lo que va
del año Nieves y su familia han sido más acosados que cuando empezaron su
lucha. “Una noche iba llegando a mi casa en la moto, cuando de repente me salió
un hombre de entre los árboles y me gritó: ‘¿Tú eres la pinche vieja que no
quiere vender?’ En otra ocasión amaneció un muerto en el camino vecinal, frente
a la casa, y otra noche que yo ya venía en camino del Distrito (Ciudad de
México), de compras, me habló mi hija (para decirme) que un hombre se había
metido al terreno, que los perros le ladraban y no se iba. Cuando llegué vi a
ese hombre, estaba drogado y tuve que llamar a la policía para que se lo
llevara.
“Nunca habíamos tenido problemas,
todo estaba tranquilo por aquí hasta que empezaron a presionarnos. Nos dicen
los de la empresa: ‘Arrime su casa para allá o quítese’, pero no tenemos a
dónde irnos, nos venimos al campo porque queríamos tranquilidad. Todo lo que ha
pasado este año es para asustarnos, pero no nos vamos a salir, no es justo”, dice Nieves.
La violencia hacia los opositores a
las obras es uno de los impactos más sensibles que ha registrado el Centro de
Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL): 253 personas de la zona oriente
del Estado de México han sido agredidas a consecuencia de su oposición al NAIM
únicamente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sin contar con la represión de
2006, asegura José Antonio Lara Duque, coordinador general de la organización.
Las agresiones van desde “amenazas
telefónicas o personales, campañas de desprestigio por su labor como
defensoras, agresiones físicas, detenciones arbitrarias y homicidios”, detalla.
La víctima mortal más reciente se
registró el 30 de septiembre: a balazos murió Javier Ramos Arreola, habitante
del municipio de Tlalmanalco y defensor del cerro del Tenayo, devastado por la
extracción de material pétreo para tapar el lago de Texcoco en la construcción
del NAIM.
De acuerdo con los registros del
CDHZL, “las cifras se dispararon a partir del 1 de julio, cuando ya suman 50
personas agredidas”, entre ellas seis habitantes de Tezoyuca cuyas viviendas
están dañadas por las minas para la extracción de material pétreo y quedaron
“al borde de un precipicio”.
(Fragmento
del reportaje especial publicado en Proceso 2190, ya en circulación)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.