Georgina
Morett.
Limitar el
número de asesores a tres por dependencia, cancelar todos los puestos de
inspectores supervisores y verificadores para que sus funciones sean ejercidas
por los órganos de control interno, prohibir la contratación de servicios de consultoría
y asesoría a despachos externos y dejar con cargo honorífico a los
representantes gremiales que participen en organismos tripartitas son parte de
la iniciativa de la Ley Federal de Austeridad de Estado, que realiza el
gobierno de transición.
Para cumplir
con “Los 50 lineamientos para combatir la corrupción y aplicar una política de
austeridad republicana”, presentados por el presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador el pasado 15 de julio de 2018, el gobierno de transición trabaja
en esta iniciativa con proyecto de decreto, que será presentada por los
diputados de Morena, para sustituir la que se presentó el 11 de septiembre, ya
que contiene puntos más específicos.
En este borrador de 23 cuartillas, se
da una larga Exposición de Motivos en la que se compara la austeridad
republicana contra la austeridad neoliberal así como al gobierno rico contra el
pueblo pobre.
En este último apartado se señala que
en México existe una alta burocracia que se trata de una casta de altos
funcionarios públicos, que con el dinero del pueblo realizan compras abusivas
para su beneficio personal como celulares de lujo, vehículos blindados,
frecuentes viajes y transportación en clases ejecutivas.
Se explica que la alta burocracia
mexicana es la segunda mejor pagada de toda América Latina sólo después de
Colombia y que un ministro de la Suprema Corte ganaba en 2016 más que el
presidente de Alemania o de Italia.
Además, el
proyecto cancela las plazas con nivel de Dirección General Adjunta, asigna
secretarios particulares únicamente para los titulares de las dependencias y
limita la contratación de personal de honorarios, la cual no podrá resultar
superior al 10 por ciento del gasto destinado al personal de estructura de los
entes públicos.
Y establece
que los Poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos constitucionales
autónomos, darán cumplimiento al presente artículo de conformidad con la
normatividad correspondiente.
La propuesta señala que el personal
de confianza laborara de lunes a sábado y prohíbe a los burócratas convivir en
fiestas, comidas, juegos deportivos o viajes con contratistas, concesionarios,
grandes contribuyentes, proveedores, o inversionistas vinculados a su función
pública.
Además, les prohíbe cerrar calles, detener el
tráfico, no respetar los semáforos y los obliga a brindar un trato expedito,
digno, respetuoso y amable a los ciudadanos, eso sí sería cambiar por completo
el rostro de los funcionarios públicos.
Y les prohíbe recibir, “con motivo
del desempeño de su empleo, cargo o comisión, cualquier tipo de pago, regalo,
dádiva, viaje o servicio que beneficie a su persona o sus familiares hasta el
cuarto grado por consanguinidad o afinidad”.
Asimismo, se establece que no habrá más de una
oficina para cada asunto y que, por ello, los temas relacionados con la
comunicación social y los de tecnologías e informática se concentrarán en la
Oficina de la Presidencia de la República.
Todavía se trata de un proyecto que
busca dar legalidad a las propuestas de austeridad del próximo gobierno, debido
a que no fue aceptado el que presentaron los diputados.
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