Mecanismos de protección para defensores de derechos, negocio de empresas: organizaciones.

El año pasado, 31 defensores de derechos humanos fueron asesinados en México, de acuerdo a reportes de la organización Front Line Defenders. En el país, diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC) señalan que en lugar de protegerlos, la criminalización, las amenazas, las agresiones y el desprestigio hacia ellos se han vuelto un patrón. Esto pese a que existe una ley y un mecanismo que debería garantizar su seguridad.

Así lo documenta el informe “Es Tiempo Ya, Políticas públicas eficaces para el derecho a defender los derechos humanos”, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y de la organización Protección Internacional (PI), que consideran que la falla radica en que el mecanismo de protección en México y en la mayoría de los países de América Latina se limita a medidas en el ámbito físico, muchas basadas en tecnología, botones de pánico, telecomunicaciones y escoltas.

En México está vigente la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (LPPDDHP), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio del 2012, pero no hay una política pública integral de resguardo para estos colectivos, señala el informe. Solo se cuenta con un mecanismo federal de protección, que está restringido y centrado en la seguridad y el riesgo.

Para Leonardo Díaz, de Somos Defensores, el modelo centrado en la protección individual ha fracasado en Colombia y ahora se está replicando en México. “Es un modelo que ni siquiera considera enfoques como el de género, el étnico o el territorial. Es un negocio para las empresas de seguridad”, explicó durante la presentación de Es Tiempo Ya.

El informe de CEJIL y PI documenta que desde 2015, del total de las medidas de protección otorgadas en México, 75 % fueron de botón de pánico (la más frecuente) y circuitos cerrados de seguridad en domicilio y oficina. Si se añaden telecomunicaciones (y el 5 % que abarca vehículo y gasolina), suman el 92 % del total.

La mayoría de las medidas son medios técnicos, “cuya capacidad para generar reacciones efectivas está muy en duda en un país con altas tasas de criminalidad y baja rendición de cuentas de los cuerpos policiales”, refiere el documento.

En el caso del botón de pánico no está probada su eficacia. Un estudio sobre 59 casos de defensores de derechos humanos, de Espacio OSC para la protección de personas defensoras, reporta que solo en 11 se obtuvo una respuesta adecuada después de usarlo.

“La noción de que el botón envía una alerta instantánea es sugerente, pero lo que realmente haría útil esa medida es un sistema que garantice una reacción rápida y adecuada al recibir la alerta, eso parece no existir”, dice el estudio de CEJIL y PI. Todo eso, agrega el documento, a un alto costo económico: cada botón de pánico del programa mexicano cuesta al mes unos 215 dólares (alrededor de 4 mil 300 pesos)”.

EN MÉXICO NO ES NEGOCIO DE MUCHAS EMPRESAS, SOLO DE UNA.

De acuerdo con información proporcionada por Espacio OSC, RCU Sistemas es la única empresa que provee toda la tecnología de seguridad para el mecanismo de protección: desde los botones de pánico, los CCTV, cámaras de vigilancia, pero también chalecos y escoltas, malla ciclónica y cerraduras reforzadas.

El informe Fideicomisos en México, el arte de desaparecer dinero público, de Fundar, hace un análisis de los montos gastados en el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos, que se manejan a través de un fideicomiso.

Hasta mayo de 2017, señala, se habían garantizado medidas de prevención y protección con cargo al patrimonio del fideicomiso a 696 personas, 290 periodistas y 406 personas defensoras de derechos humanos.

En respuesta a solicitudes de acceso a la información, hechas por esta organización, la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (UPDDH) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), encargada del fideicomiso para el mecanismo, señala que el monto ejercido para la implementación de medidas de prevención y protección durante 2015 ascendió a 119 millones de pesos y para 2016 representó 170 millones.

En contraste, en la Cuenta Pública se establece que el monto ejercido del fideicomiso durante 2015 fue de 63 millones y durante 2016 de 153 millones. Además, el monto que reporta la SEGOB es mayor al que se reporta vía la SHCP.

Qué falta.

Más que solo medidas de protección físicas, lo que de verdad hace falta es una ley general que tenga cuatro ejes: prevención, protección, investigación de los perpetradores materiales e intelectuales y los beneficiarios de las violaciones de derechos humanos contra defensores, y la parte de la reparación, explicó Alejandro Cerezo, de Acción Urgente para los Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH), durante la presentación de Es Tiempo Ya. En suma, dice, se requiere una política integral para prevenir y proteger, y que atienda la violencia estructural y sus causas.

Cerezo agrega que la ley actual es de carácter federal, así que solo obliga a la federación a cumplirla; queda un limbo jurídico para los estados y los municipios. “Si la ley dice que se establezcan convenios y acuerdos entre estos y el poder federal, entonces deja todo a la voluntad política de esos poderes. Es necesaria una ley general que norme y obligue a todos”.

Además, la reglamentación actual va más allá de la protección y tiene un componente preventivo que abarca la violencia estructural, pero esto no se da en la práctica. “Hay un problema de lo que está en la ley, lo que se aplica en la ley y el gran problema de la empresa privada que está involucrada en la protección, cuando la CIDH recomendó ya que no debe haber empresas privadas en la ejecución de las medidas de protección a defensores de derechos”.

Para rematar, Cerezo subrayó que es un buen momento para que los legisladores y la administración federal entrante “se pongan a pensar sobre cómo generar una ley que tenga la parte de investigación; los diversos enfoques que faltan, como el de género; la parte interseccional, para hacer de esa reglamentación un verdadero elemento que apoye una política integral para el derecho a defender los derechos humanos”.