Una escuela para todos.

Javier Risco.

No es un niño “especial”, un niño con discapacidad es como cualquier otro que busca desarrollarse, crecer, socializar, pero sobre todo formar parte, sentirse en igualdad de condiciones y oportunidades. A eso es a lo que deberíamos aspirar cuando hablamos de ‘inclusión’.

El sistema educativo mexicano no está listo para garantizar esa igualdad. El panorama actual es desolador, hace un par de días Alejandra Donají Núñez escribió en Animal Político un extraordinario blog titulado: “La educación inclusiva y la Corte”. En él explicaba el nacimiento, la vigencia y la manera en la que discrimina subdividir en la educación pública la educación especial.

Históricamente el concepto de educación especial surgió en 1970, con la finalidad de atender a personas con “deficiencia mental, trastornos de audición y lenguaje, impedimentos motores y trastornos visuales”; cinco décadas después, este sistema sólo ha logrado mantener la exclusión de millones de niños que no han tenido el derecho a una educación basada en las necesidades particulares, y ha hecho imposible su inserción en un ambiente social y laboral en su etapa adulta.

En el blog, Donají Núñez nos aporta datos que prenden focos rojos, que deberían preocupar a Esteban Moctezuma, próximo secretario de Educación, y avergonzar a Aurelio Nuño, responsable de la educación en el sexenio de Enrique Peña Nieto:

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 identificó que el 53.5 por ciento de la población con discapacidad de tres a 29 años, no asiste a la escuela.

El promedio de escolaridad de las mujeres con discapacidad es de 4.7 grados contra 5.7 de los hombres con discapacidad, y 9.8 grados de la población general.

El 25.8 por ciento de las mujeres con discapacidad son analfabetas contra el 19 por ciento de los hombres con discapacidad, y contra el 3.8 por ciento de la población sin discapacidad.

Al 2016, hay 4.3 millones de personas con discapacidad en rezago educativo, lo que va de la mano con que el 60 por ciento de las personas con discapacidad vivan en pobreza.

Menos del 30 por ciento de las escuelas primarias y una de cada seis secundarias cuentan con personal de apoyo para atender a estudiantes con discapacidad.

El 70 por ciento de los grupos de sexto de primaria y el 80 por ciento de los de tercero de secundaria que tienen estudiantes con discapacidad visual, no cuentan con ningún material de apoyo educativo, como libros en braille, audiolibros o lupas.

El 80 por ciento de los mismos grupos con alumnos con discapacidad auditiva están en la misma situación, sin recursos, sin que siquiera haya una persona que hable Lengua de Señas Mexicana.

Según este panorama, vivimos en una sociedad que no sólo se ha preocupado por generar las mínimas condiciones de infraestructura, laborales, jurídicas o sociales para que las personas con alguna discapacidad se desarrollen dignamente en este país, a pesar de haber firmado la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad –promovida de hecho por un mexicano–, sino que este grupo vulnerable no ha tenido ni siquiera acceso a la educación básica, algo que es violatorio de un derecho básico constitucional.

Después de leer cada uno de estos puntos no cabe duda que la educación para niños con discapacidad no le importa al gobierno. Está guardada en el olvido y en la oscuridad, nadie habló de esto en la campaña electoral.

Sin embargo, esto tiene una gran oportunidad de cambiar. Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un fallo histórico al señalar que “México no puede concebir la existencia de DOS sistemas educativos: uno regular para todos los alumnos y el “especial” para personas con discapacidad”.

Ningún niño puede ser discriminado por padecimiento alguno y el sistema educativo tradicional tendrá que hacer los ajustes razonables para facilitar su aprendizaje. Las últimas décadas hemos violado sistemáticamente los derechos de esa población. ¿Quieren un cambio? Ese es un buen punto de inicio, una escuela para todos.