Martí Batres.
Cuando todo mundo, propios y
extraños, hablan de evaluar el cambio, el Senado de la República ha devuelto a
la Tesorería de la Federación de la Secretaría de Hacienda 281 millones de
pesos de ahorros derivados de su plan de austeridad.
Se trata de un hecho concreto. Ya no
es sólo la promesa o el plan. Hay dos resultados tangibles: un ahorro logrado y
la devolución de los recursos ahorrados a las autoridades federales.
El gobierno federal podrá agregar
este ingreso adicional al Presupuesto general para sumarlo a los gastos
sociales o de inversión productiva.
Este recurso proviene de las medidas
que aprobó el pleno del Senado en la primera sesión ordinaria de la actual Legislatura.
Y demuestra, además, una victoria política en el debate sobre la austeridad,
pues los detractores de estos planteamientos afirmaban que aún siendo loables
no redundarían en ahorros reales.
También se llegaba a afirmar que un amplio recorte
podría afectar las funciones sustantivas del ente público sometido a medidas
como esta. No ocurrió.
En cambio, sí se afectaron numerosos privilegios,
onerosos e injustificables. Recordemos algunas de las medidas:
-Eliminación del llamado bono de
bienvenida, de casi 400 mil pesos, que se entregaba a los senadores por el
simple hecho de llegar a la Cámara Alta, con el argumento de que necesitaban
recursos para establecerse en la capital.
-Eliminación del Seguro de Gastos
Médicos Mayores con cargo al erario para funcionarios y senadores.
-Eliminación del seguro de separación
individualizada.
-Eliminación del llamado “complemento
de aguinaldo”, que consistía en otorgar 40 días más de sueldo hasta completar
80 días de salario como aguinaldo para senadores y altos funcionarios del
Senado.
-Eliminación del sistema de Estímulos
por Evaluación, que no es otra cosa que los llamados bonos de productividad que
se autoasignaban senadores y asignaban a altos funcionarios en los períodos en
que consideraban que habían trabajado mucho.
-Retiro de vehículos oficiales al
servicio de senadores.
-Retiro de escoltas o guardaespaldas
al servicio de altos funcionarios.
-Disminución en un 50% de las
subvenciones para los grupos parlamentarios.
-Disminución en un 30% de los techos
presupuestales para los órganos de gobierno.
-Disminución en un 30% del número de
mandos de estructura.
-Retiro de vales de despensa a
funcionarios y senadores.
-Cierre de peluquería y salón de
belleza para senadores y senadoras.
Estos
puntos, entre otros, conformaron el primer plan de austeridad de esta época. Y
a éste se han ido sumando otras decisiones en otros espacios.
La Cámara de Diputados canceló las
pensiones millonarias de los ex-presidentes y los llamados “moches” derivados
de la partida etiquetación de obra a propuesta de los legisladores.
La Suprema Corte disminuyó en un 25%
los altos sueldos de sus ministros.
En varios órganos autónomos y algunos
Congresos Locales comienzan a disminuir presupuestos onerosos.
El gobierno federal, por su parte, ha
puesto en venta el avión presidencial, convirtió la residencia oficial de Los
Pinos en un espacio abierto a la ciudadanía, devolvió el Estado Mayor Presidencial
al Ejército y bajó el sueldo al Presidente y sus secretarios.
Ahora el discurso de la austeridad
gana terreno y se convierte en una idea dominante y aceptada como acertada en
los diversos ámbitos de la cosa pública. La condena moral de la opinión pública
es para los órganos que no han tomado medidas de esta naturaleza.
Sin embargo,
será necesario hacer el balance de lo
que falta. Es probable que haya aún mucha tela de donde cortar. Falta
reglamentar y transparentar muchos gastos y hay ajustes pendientes en otros.
Lo
importante es que este proceso ya empezó.
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