Por Adrián
López Ortiz.
En el
prólogo del libro “Drogas sin fronteras” (Debolsillo, 2015) el académico
sinaloense Luis Astorga nos dice sobre el narcotráfico en México:
“El negocio nació dentro del campo
del poder donde el de la política ocupaba la posición dominante, hegemónica, y
el del tráfico una posición secundaria, periférica, pero no ajena ni autónoma.
Por ello, en el desarrollo posterior del negocio no habrá “infiltración” ni
“penetración” […] sino un mayor desprendimiento de la supeditación, una mayor
autonomía relativa, y en ciertos momentos y lugares una relación de
supeditación invertida.” (p. 10)
Indudablemente,
uno de esos lugares donde el narco
creció hasta imponerse a la política es Sinaloa. Las revelaciones surgidas
durante las audiencias del juicio a Joaquín Guzmán Loera en Nueva York arrojan
muchísima luz sobre cómo opera el narcotráfico mexicano y cuál ha sido su
relación con la política nacional y local.
Lo primero que se confirma es la
repetida tesis de que no es posible crimen organizado sin apoyo institucional. Es decir, para que una organización criminal alcance los niveles de poderío
económico y violento que construyó el Cártel de Sinaloa durante décadas, es
necesaria una amplia red de apoyo, encubrimiento y protección por parte de las
instituciones de seguridad y procuración de justicia del estado mexicano.
Precisamente esas instituciones diseñadas para combatirlo.
Esa red se construye con relaciones,
dinero y miedo, pero se resumen en una palabra: corrupción. Por eso, y más allá
de la posibilidad de probar o dar seguimiento formal a los dichos y acusaciones
de los testigos del llamado “juicio del siglo”, es increíble la larga lista de
nombres de políticos, funcionarios, policías y militares que sostenían alguna
relación de cooperación con el Cártel de Sinaloa.
En Sinaloa dos casos destacan por su notoriedad: el de
Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, “Chuy Toño”, ex comandante de la policía
ministerial; y el de la exdiputada local Lucero Sánchez López.
El caso del comandante “Chuy Toño” es
más que emblemático, toda vez que figuró en la lista de los más buscados de la
PGR tras resultar implicado en proteger al narcotraficante Rodolfo Carrillo
Fuentes durante el sexenio de Juan S. Millán y quien fuera asesinado por
órdenes de “El Chapo” Guzmán en Culiacán, Sinaloa.
Aún así, el posible vínculo narco-político del
comandante no importó para el exgobernador Mario López Valdez, quien lo rescató
primero como asesor y luego lo instaló como comandante en jefe de la Policía
Ministerial y su hombre fuerte en materia de seguridad.
La semana
anterior, Vicente Zambada Niebla declaró
que el comandante “Chuy Toño” estaba en la nómina del Cártel de Sinaloa.
Retirado, el comandante vive ahora pensionado por el gobierno de Sinaloa.
El caso de Lucero Sánchez es todavía
más complejo. Originaria de Cosalá y postulada por una coalición de partidos
liderada por el PAN y el PAS, Sánchez López se convirtió en diputada local en
2013. Al respecto, el entonces diputado local por el PRD, Ramón Lucas
Lizárraga, reveló que su candidatura habría sido impulsada con el “visto bueno”
del entonces Secretario de Gobierno de Sinaloa, Gerardo Vargas Landeros.
Pero el
escándalo estalló cuando se reveló que habría visitado a Guzmán Loera el 4 de
septiembre de 2014 en el penal del Altiplano con documentos de identidad
falsos. Una versión que ella misma negó en repetidas ocasiones pero que culminó
en un proceso de desafuero en la Cámara Federal.
La mentira se derrumbó totalmente
esta semana pues la misma Lucero Sánchez, quien enfrenta un proceso ante las
autoridades estadunidenses, testificó haber sostenido una relación sentimental
con el capo y, de acuerdo con la transcripción de las llamadas reveladas, ella
habría colaborado en actividades de narcotráfico.
Ambos casos confirman que el
narcotráfico sinaloense ha tenido la capacidad, en ciertas circunstancias, de
trascender su condición periférica y subordinada para asumir una posición de
poder dominante frente a los actores de la política.
El juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán
todavía no termina pero la información surgida del mismo es digna de una
narconovela inverosímil. Abundan los detalles que develan la vida del capo de
La Tuna que soñó con dirigir su propia película. Incluso, cabe la posibilidad
de que él mismo testifique, pero hasta ahora no está confirmado.
Sin embargo,
habría que tomar cierta distancia y más
allá del romanticismo alrededor de la figura aspiracional en que se convirtió
“El Chapo”, estamos ante un caso paradigmático de crimen organizado, lavado de
dinero, corrupción y violencia.
Todos delitos muy concretos que le
han dejado a México, y en específico a Sinaloa, miles de muertos y
desaparecidos. Mucho dolor, muchas víctimas y un estigma “narco” que tomará
muchos años cambiar.
No hay
romanticismo alguno en esa realidad. No lo olvidemos.
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