Georgina
Morett.
Una vez más la CNTE mantiene en vilo
al gobierno de Michoacán, pero esta situación, que no es nueva, se mantendrá al
infinito si no se resuelven los problemas estructurales que la originaron.
Seguros de su fuerza, los maestros
levantan los plantones de las vías férreas sin prisa, total sólo han provocado
un costo de mil millones de pesos diarios a la economía mexicana y llegan dos
horas tarde a las negociaciones con las autoridades estatales y federales
porque deben esperarlos.
Pero detrás de todo esto hay un mal
manejo por parte de los gobiernos federal y estatales, no sólo con la CNTE sino
también con el SNTE; de hecho, desde noviembre pasado, el gobernador de
Michoacán, Silvano Aureoles, decidió regresar la educación al gobierno de
Enrique Peña, al manifestar su imposibilidad de pagar al magisterio.
Desde esa fecha se dio a conocer que
la totalidad de recursos que requería la Secretaría de Educación estatal para
finalizar 2018 eran dos mil 911 millones 278 mil 103 pesos, para pagar los
bonos vencidos de 2017 y de 2018, así como los bonos por vencer de 2018 y la
nómina para las quincenas 19 a 24 del año pasado.
El tiempo pasó y una vez más el
problema reventó, no sólo al dejar a los niños sin clases, sino también por que
detuvieron el trasporte férreo en buena parte del país.
Pero qué ha pasado desde 1992, cuando
se firmó el Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica y Normal y que
fue modificado en 2014.
Para el gobierno de Aureoles las
etapas del desequilibrio estructural en la educación se entienden si se
considera que en 1992, cuando se dio la descentralización de la educación
básica, el apoyo por parte de Michoacán a este rubro era de 9.6 por ciento,
pero en 2012 se incrementó a 36.59 por ciento.
Entre las causas estructurales de
este problema está la doble negociación laboral, ya que a partir de 1992 se
estableció un doble mecanismo de revisión salarial: la central al SEP-SNTE para
la revisión de incrementos salariales y de prestaciones en general, y la que
cada gobierno estatal tuvo que concretar con las secciones sindicales del SNTE.
Y en el caso
de Michoacán se dio una tercera
negociación con la CNTE, en la que por cierto también participaban las
autoridades federales debido al alto costo social, político y económico de las
movilizaciones y a la decisión de no actuar legalmente por parte de los
gobiernos.
Esta situación provocó un enorme
desequilibrio en las finanzas del estado, que depende en un 96 por ciento de
las participaciones federales.
Y el otro, es el denominado Apoyo a Cierres, que es
una partida que se ha utilizado en la negociación laboral y que su entrega ha
obedecido a la presión que ejercen las organizaciones sindicales en la
negociación laboral en la Ciudad de México.
Estos acuerdos cupulares celebrados
con la participación de las secretarías de Gobernación y de Educación Pública,
han otorgado plazas y prestaciones adicionales, tanto en el sistema federal
como significativamente en el originalmente estatal, con su respectivo costo.
Si continúa
el chantaje no habrá dinero suficiente.
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