Atzayaelh
Torres.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND)
que presentará la siguiente semana el gobierno de México a la Cámara de
Diputados pretende ser la hoja de ruta para alcanzar tres metas específicas:
justicia y Estado de derecho, bienestar, y desarrollo económico.
En este
último punto, que atañe directamente al sector energético, se reafirmarán las metas encaminadas a la autosuficiencia, tanto en
hidrocarburos como en electricidad.
Pero serán enfáticos en separar las
actividades desde el Estado y las que tengan que ver con el desarrollo del
sector privado. Sin embargo, dirán que todas las acciones deberán estar encaminadas
al desarrollo del país.
A pesar de que el gobierno reconoce
que es importante permitir el desarrollo del sector privado energético, como lo
estamos viendo en la competencia en gasolineras, reconocida por el propio
presidente, será enfático en asegurar que cualquier actividad que venga de
ellos deberá ser regida desde el Estado y estar alineado a los intereses de la
cuarta transformación.
Dicho en
otras palabras, el gobierno se encargará
de que los privados complementen las actividades de las empresas productivas
del Estado, y no al revés.
Para llevar a cabo el plan no se
requieren cambios intensos, ni siquiera de forma, pues en el papel se sigue
llevando la batuta. Es decir, por un lado se anuncian dos años sin rondas
petroleras, pero no se han cancelado aún los farmouts de Pemex para octubre
próximo. Y en electricidad, se suspendieron las subastas eléctricas que
impulsaban a las renovables, pero no se han cancelado los llamados “contratos
leoninos” de la Comisión Federal de Electricidad.
Esa carta de
dos vistas que ha manejado el gobierno en política energética en estos cinco
meses de gobierno es la misma que se reflejará en el PND. Recordemos que la Secretaría de Energía convocó a tres foros para la
elaboración de su parte en Campeche, Tabasco y Tamaulipas. ¿Habrán sido
suficientes? ¿Recolectaron todas las impresiones? Al menos sí las que querían.
¿Necesitas
ingenieros?
Este viernes la Universidad
Tecnológica de Tula Tepeji (UTTT) dará a luz a la primera generación de la
Ingeniería en Construcción y Montaje de Plantas Industriales; 82 ingenieros que
podrían aportar mucho al desarrollo de proyectos estratégicos para esta
administración como la nueva refinería en Dos Bocas, así como el rescate a las
seis restantes.
Esta ingeniería tiene una historia
interesante. Surgió desde 2008 ante la promesa de la fallida refinería
calderonista Bicentenario, cuando a solicitud de Construcciones Industriales
Tapia (Citapia), dicha casa de estudios superiores abrió la carrera técnica en
construcción de montajes, de donde egresaron los primeros 48 estudiantes en
2015; y de los cuales 20 se quedaron a trabajar con dicha empresa hidalguense.
Posteriormente,
Tapia solicitó en 2017 que esta carrera
técnica se elevara a grado de ingeniería, y después de una serie de estudios,
la Universidad Tecnológica Tula Tepeji se lo otorgó, coincidiendo justamente
ahora con otro intento del gobierno de construir una nueva refinería en el
país.
La noticia no es menor si tomamos en
cuenta la amplia necesidad de mano de obra calificada que se requiere en el
sector energético, principalmente en este tipo de áreas especializadas en
infraestructura.
Citapia y la UTTT tienen vigente un
convenio que permite además a estudiantes de otras carreras afines llevar a
cabo estadías, asesorías y prácticas, con la oportunidad de incorporarse a su
bolsa de trabajo. ¡Suerte!
Tripulación
exige pago.
La empresa Tecnologías Relacionadas
con Energía y Servicios Especializados (TRESE) lleva más de 22 catorcenas que
no paga su salario a la tripulación de la plataforma agosto 12, que a su vez
depende del consorcio All Solutions, y que ejecutan el contrato 422213801 con
Pemex para compresión de 200 millones de pies cúbicos de gas amargo en
Cantarell (un contrato célebre en este espacio).
Además de sueldos caídos, los
trabajadores no han recibido vacaciones, aguinaldos, días festivos y descansos
laborados, así como seguros de gastos médicos mayores desde 2016. Y por si
fuera poco, la tripulación afirma que por los mismos problemas financieros que
la empresa dice tener a raíz del concurso mercantil por el que comenzó en
noviembre de 2017 y culminó con su quiebra en agosto de 2018, no se les han
provisto los equipamientos de seguridad necesarios, lo que los hace trabajar,
dicen, en una situación de riesgo, vaya, dicen que no tienen ni siquiera
soporte en tierra, incumpliendo múltiples renglones del Anexo SSPA de Pemex.
No es un secreto que los proveedores de
Pemex se han visto apretados por el cambio de gobierno, pues los recursos de la
petrolera se han tardado en bajar; sin embargo, en el caso de TRESE, los
trabajadores afirman que la petrolera nacional no ha dejado de pagarle, por lo
que exigen que se les haga justicia.
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