Por Adela
Navarro Bello.
16 asesinatos llamaron la atención el
fin de semana, de los en promedio 93 cometidos al día en el país, de acuerdo a
los números del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública de México.
En dos
hechos distintos, uno en Minatitlán, Veracruz, y otro en Comalcalco, Tabasco,
los crímenes tuvieron varios factores en común, de los cuales destacan tres.
1.- Los asesinos dispararon armas
largas en ambientes familiares.
2.- Tres niños fueron agredidos a
balazos, uno de ellos fue asesinado.
3.- Los ataques sucedieron en lo que
para investigadores mexicanos y extranjeros, es territorio criminal del cártel
de Los Zetas.
Es evidente, y así lo han
reflexionado los encargados de las investigaciones en ambos estados, que las
embestidas a balazos tienen las características de haber sido perpetrados por
integrantes del narcotráfico y el crimen organizado. Como se concluyera en la
jerga policíaca, fueron ejecuciones al estilo de la mafia.
El primero fue un acto de terror ocurrido en
Minatitlán, Veracruz. Los sicarios llegan a donde se desarrolla una fiesta
familiar y abren fuego. Aun cuando aseguran iban a matar a una persona
determinada, disparan de manera indiscriminada sobre otros que departían en el
lugar. Al finalizar las ráfagas, catorce personas fueron asesinadas. Entre
ellos, un bebé de un año de nacido.
El terror fue para quienes la vida
les fue arrebatada y para quienes sobrevivieron la masacre. Fueron estos
últimos, testigos de la pérdida de valores y del respeto a la vida. Fueron
torturados al momento de ser obligados a observar los asesinatos. A escuchar
los disparos. A ver la indefensión de las personas acribilladas. El mensaje
criminal fue claro: nadie se salva. Las víctimas colaterales no importan.
En
Comalcalco, Tabasco igual. Dos mujeres,
tía y sobrina, viajaban en familia acompañadas de dos menores. Uno de un mes de
nacido, el otro de siete años. Los sicarios las atacaron cuando se encontraban
en el vehículo. Les dispararon sin piedad. Les destrozaron la cara, el cuerpo.
El niño de siete años fue herido, a saber, el de un mes de nacido también.
La indignación nacional por estos 16
asesinatos de los 93 cometidos diariamente en México, se debió a la afectación
directa a tres menores, uno de los cuales fue asesinado a balazos. Los sicarios
no respetan a las familias, los narcotraficantes asesinan a diestra y
siniestra. El Presidente Andrés Manuel López Obrador, abordó el tema de
Veracruz hasta estar en Ciudad de México el lunes 22 de abril, y no cuando
visitó aquel estado un día antes.
El hartazgo social ante la
inseguridad que se vive en México va en incremento y no es para menos. Con todo
y que el Presidente López Obrador tenga “otros datos”, la realidad es que el
primer trimestre de 2019, y por tanto parte del primer cuatrimestre del sexenio
de Andrés Manuel López Obrador, es el más violento del que se tenga registro
desde 1997, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
Las cifras
de esa instancia y confirmadas por la organización Semáforo Delictiva,
determinan que entre enero y marzo de 2019 fueron asesinadas de manera violenta
en México, 8 mil 493 personas. Desglosada la cifra, 2 mil 855 en enero, 2 mil
802 en febrero, y 2 mil 836 en marzo.
El problema de México, como sucede en
Veracruz, en Tabasco, y en la mayoría de las 32 entidades federativas, es que
se ha convertido en territorio del narcotráfico. Sea para la producción de
drogas, la importación de precursores, la siembra de otras, el tráfico de las
mismas en territorio nacional, el trasiego para la ilícita exportación, o la
venta al narcomenudeo, pero los estados están tomados por los criminales, que,
evidentemente, están rebasando a las autoridades, fiscalías, policías
investigadoras, preventivas, operativas, y las que faltan.
La guerra de las drogas continúa en
México, pero sin la participación del gobierno. Los cárteles se pelean por los
territorios para la siembra o la producción de droga, se agarran a balazos por
la venta al narcomenudeo, se asesinan por el control de los puertos de importación
y exportación, legales e ilícitos. Por los campos para siembra o para
aterrizajes clandestinos, incluso por las personas que se han cambiado de
estructura criminal o aquellos que amenazan su estabilidad mafiosa.
El Gobierno federal sin embargo, ya
no está en esa guerra. No es prioridad del Gobierno de la República encabezado
por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el combate a quienes encabezan
las estructuras criminales que delinquen en este país, que ordenan los
asesinatos, incluidos los de familias y niños.
Alfonso
Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, declaró en una entrevista para el semanario ZETA, “…hemos dicho que hay
un cambio en la estrategia para combatir el narcotráfico. Que en lugar de
definir objetivos prioritarios como sucedió en el sexenio pasado e incluso el
antepasado, particularmente en el sexenio pasado que se definieron 122
objetivos prioritarios vinculados al narcotráfico, se detuvieron 121, no
obstante, la inseguridad creció exponencialmente… entonces, nuestra estrategia
no es ir por los objetivos prioritarios, sino por las finanzas de las
organizaciones criminales, que es lo que les da la capacidad para operar y
corromper”.
A excepción de una investigación de
la Unidad de Inteligencia Financiera sobre bienes de elementos del Cártel
Jalisco Nueva Generación, dada a conocer hace unos meses, no se tiene
conocimiento de investigaciones y operativos para desmantelar las finanzas de
los otros cárteles, el de Sinaloa, Los Zetas, Arellano, por mencionar algunos.
Tampoco se tiene información pública,
si es que existe, de aprehensiones de capos de la droga, jefes de células
criminales, sicarios, financieros, lavadólares. De hecho, no sabemos a quienes
buscan en cada uno de los cárteles, quiénes son los asesinos, quiénes los
narcotraficantes, cuáles sus nombres, dónde delinquen, porque ya no son
objetivos prioritarios. En el anonimato llevan la impunidad, y la sociedad se
vuelve más vulnerable, al no saber de quién cuidarse, a quién denunciar.
La estrategia de atacar las finanzas
de los criminales y los cárteles de la droga es necesaria, pero no debería ser
la única base de la política pública para el combate a los cárteles. En la
medida que los objetivos, las personas que encabezan a esas organizaciones
criminales, dejan de serlo, amplían su ventaja frente a la sociedad y las
policías.
Mientras la estrategia de enviar
elementos de la guardia nacional a las zonas consideradas de alto impacto en
términos de violencia es para alentar una presencia disuasiva. En la medida que
los elementos de las fuerzas armadas estén en las ciudades patrullando calles y
avenidas, inhibirán la presencia de criminales impunes, y esto podría incidir
en la baja en la comisión de delitos. Hasta que claro, la Guardia Nacional como
todas las policías que le han antecedido, se corrompa en su estructura,
empezando por ser una policía de aproximación, cercana a la ciudadanía lo mismo
que a los criminales.
Los narcotraficantes siguen impunes
en México. No son objetivos prioritarios, pero siguen matando, amedrentando,
trasegando droga y aterrorizando con asesinatos de familias enteras, de niños,
de bebés. El país sigue sin que se ejerza el Estado de Derecho, y ahí, todos
son vulnerables.
El Gobierno federal, este como los anteriores,
sigue debiendo una estrategia integral de combate al crimen organizado y al
narcotráfico. Sí, que acabe con las estructuras financieras delincuenciales,
pero también que tenga como objetivo encarcelar a traficantes, productores,
lavadólares, y asesinos.
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