El anuncio del presidente Andrés
Manuel López Obrador, del retiro de las propiedades otorgadas por las pasadas
administraciones federales, a la activista y exsenadora panista, Rosi Orozco,
ha puesto los reflectores sobre las finanzas de sus asociaciones civiles.
A través de
documentos oficiales, fue posible
detectar que, aunque la activista sólo aparece inscrita en una asociación
civil, otras dos organizaciones comparten el mismo domicilio fiscal y han
recibido donativos por más de 31 millones de pesos desde 2009, e, incluso, han
triangulado fondos entre sí.
Rosa María
de la Garza Ramírez, mejor conocida como
Rosi Orozco, es la fundadora de la Comisión Unidos Contra la Trata, misma que
ha recibido más de cinco millones de pesos en donativos durante los últimos
cuatro años, de acuerdo con los reportes anuales presentados ante la Secretaría
de Hacienda.
Esta asociación comparte domicilio
con la Fundación Camino a Casa, a la cual pertenece su esposo, Alejandro Orozco
Rubio, y que ha obtenido cerca de 26 millones de pesos en los últimos 10 años.
En 2016, Comisión Unidos Contra la Trata declaró
haber realizado un donativo de 28 mil 596 pesos a la Fundación Camino a Casa.
Ésta, a su vez, hizo otro donativo a la asociación La Casa Sobre la Roca, fundada
por los Orozco y registrada con la misma dirección fiscal.
“En varias ocasiones hemos recibido
donativos a comisión que han sido etiquetados para Fundación Camino a Casa, y
nuestra obligación es dárselos”, explicó Rita María Hernández, directora de la Comisión
Unidos Contra la Trata.
En su portal
de internet, Comisión Unidos Contra la
Trata reportó que en 2018 que recibió 5 millones 14 mil 930 pesos. Sin embargo,
presentó otra cifra ante Hacienda: 2 millones 674 mil 182 pesos en donativos
recibidos.
A pesar de
que la asociación reportó que alrededor de la mitad de sus recursos son
utilizados directamente para dar atención a sobrevivientes de trata, los informes de Hacienda revelan que en
2016, cerca del 80 por ciento de ese dinero se destinó al pago de sueldos,
honorarios y aportaciones patronales, siendo que reportaron tener tan solo
cinco empleados en nómina.
“Un refugio,
en donde se atienden a víctimas de violencia y de trata de personas,
necesariamente tiene que tener especialistas para atenderlos; cuidadoras de
tiempo completo, por lo menos dos, de día y de noche, dependiendo del número de
niñas, una psicóloga, una trabajadora social, una maestra, tutoras”, sostuvo
Rita María Hernández.
Para la diputada tlaxcalteca, Adriana
Dávila, Rosi Orozco ha utilizado sus agrupaciones de defensa a víctimas de
trata para obtener notoriedad social y política, una práctica que considera “un
proceso de trata con fines de explotación política”.
“En el caso concreto de los últimos
seis años, yo denuncié el uso, incluso, electoral que se estaba dando. Vimos a
Rosi en muchos de los lugares, haciendo campaña a favor de candidatos”.
Las finanzas
de las asociaciones de Rosi Orozco y su familia continúan bajo escrutinio de la
diputada federal, mientras que las propiedades facilitadas por las
administraciones de Calderón y Peña Nieto están próximas a ser retiradas de su
poder.
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