Por Jesusa
Cervantes.
Por mayoría de votos, el pleno de la
Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado,
que prohíbe la creación de fideicomisos, la compra de vehículos de lujo y la
contratación de seguros de ahorro para servidores públicos, y mantiene el
sábado como día de asueto de la burocracia.
Luego de dos
horas de discusión, con 387 votos la ley
se avaló en lo general. No hubo votos en contra, pero sí 33 abstenciones del
Partido Revolucionario Institucional (PRI). El resto de los partidos (Morena,
PAN, PRD, PVEM, MC, PT y PES) sufragaron a favor.
@EnriqueOchoaR
Lo único bueno que tiene la #LeyDeAusteridad
es su nombre. Lo demás es un Frankenstein incompleto hecho a la carrera. Le
hacen falta referencias a las leyes anticorrupción. Y le da discreción al
Ejecutivo para gastar más de lo aprobado en el presupuesto.
Las medidas de austeridad se
enfocarán “en el gasto corriente no prioritario”, y se evitará “reducir la
inversión en la atención a emergencias y desastres naturales o provenientes de
la actividad humana”.
Todos los vehículos aéreos se
utilizarán únicamente para actividades de seguridad, defensa, marina, fuerza
aérea y protección civil, así como para el traslado de enfermos.
De acuerdo
con el documento, las nuevas medidas se
aplicarán a todas las dependencias, entidades, organismos y demás entes que
integran la Administración Pública Federal (APF), así como a los poderes
Legislativo y Judicial, las empresas productivas del Estado y sus subsidiarias,
y los órganos constitucionales autónomos.
El documento
establece como premisa que el
comportamiento de todo servidor público sea “austero y probo”, sujetándose a un
pago adecuado conforme a sus responsabilidades.
Advierte: “Por ningún motivo se autorizarán bonos,
estímulos, comisiones, compensaciones o percepciones extraordinarias al salario
asignado fuera de lo que se establezca en el presupuesto.
Por ningún
motivo se autorizarán pensiones al
titular del Poder Ejecutivo Federal adicionales a la provista por el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)”.
Y en los
artículos transitorios se insiste sobre
la prohibición y cancelación de “cualquier otro tipo de pensión creada ex
profeso para beneficio de los extitulares del Ejecutivo Federal (expresidentes
de México).
Además, deberá haber una separación “categórica”
entre la función pública y los intereses particulares.
El objetivo de la nueva ley es
“establecer la austeridad republicana como un valor fundamental y principio
orientador del servicio público mexicano. Fijar las bases para la aplicación de
la política pública de austeridad y establecer medidas que permitan generar
ahorros en el gasto público para orientar recursos a la satisfacción de
necesidades generales, entre otras”.
De acuerdo
con el documento, al implementar los
ahorros se abstendrán de afectar negativamente los derechos sociales de los
mexicanos, y queda prohibida la duplicidad de funciones.
De igual
manera, se prohíben las delegaciones de
la administración públicas en el extranjero, debido a que la política exterior
le corresponde sólo a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Para llevar a cabo todas estas
medidas, se formará un Comité de Evaluación que promoverá y evaluará las
políticas y medidas de austeridad republicana.
Y quien viole las disposiciones será sometido
a los procedimientos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Una vez aprobada la ley en el Senado
de la República y luego de su entrada en vigor, se contará con 180 días para
ajustar todos los marcos normativos y se realizarán las adaptaciones para hacer
las compras consolidadas en la adquisición de bienes y servicios, así como la
contratación de obra pública y servicios.
Al
argumentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Hacienda, la panista Patricia Terrazas, dijo que el
proyecto propone la aplicación de medidas de austeridad en la programación y
ejecución del gasto público como política de Estado, con apego a principios de
economía, eficacia, transparencia y rendición de cuentas.
“Se establece que todas las compras
serán por licitación pública, no sólo el 70%, y las excepciones tienen que ser
plenamente justificadas. Lo deseable es que no existan compras fuera de
licitación pública”.
Durante la
discusión, el morenista Pablo Gómez dijo
que se hará “un llamado a todo el Estado nacional mexicano y a la sociedad
mexicana para que cada cual ponga de su parte algo en la lucha contra la
corrupción”.
El Partido
del Trabajo (PT), a través de la
legisladora Ana Carina Rojo Pimentel, aclaró: “No es un decreto presidencial,
es un mandato del pueblo, lo exige. Se llegó el tiempo de dignificar la
política en nuestro país. Se terminó el tiempo donde los representantes
populares se hacían ricos con el erario público”.
El Partido
Acción Nacional (PAN) alabó el dictamen,
construido con la propuesta del Ejecutivo federal y los cambios de todos los
partidos.
“Es adecuada esta ley con contrapesos
y sanciones reales que constriñe afanosamente el problema del gasto superfluo”, puntualizó Sonia Rocha Acosta.
Y el
morenista Humberto Pedrero se explayó detallando la norma:
“Impide que se expanda el gasto
corriente, esto quiere decir que va a impulsar la inversión. Se prohíbe tener
chofer o secretario particular a todos los funcionarios públicos, excepto los
secretarios de Estado. Se limita la contratación de personal por honorarios,
así como servicios de consultoría. Se restringe el gasto destinado a
comunicación social. Se prohíbe la compra o renta de vehículos de lujo. Se
prohíbe remodelar oficinas. Y se limita el uso de fideicomisos públicos”.
El
perredista Antonio Ortega, aunque votó a favor en lo general, advirtió que la ley sólo generará amparos y
suspensiones.
“Es un discurso de campaña, es un
discurso de un símbolo más con el que se quiere retener la esperanza y la
confianza, es una propuesta que va a repetir el camino de la ley de
remuneraciones, amparos suspensiones y dificultad para su aplicación”, soltó.
El PRI, a través de Fernando Galindo, reclamó: “Lo único que tiene de bueno esta
ley es su nombre, porque se llama Ley de Austeridad. ¿Qué tiene de nuevo?
Absolutamente nada. Esta ley es una recopilación de lo que está establecido en
la Ley Federal de Presupuesto, en la Ley de Adquisiciones y en la Ley de Obras
Públicas”.
El morenista
Benjamín Saúl Huerta Corona dio en el
corazón de la ley al advertir: “No habrá yugo suave de la ley en este dictamen.
Se regula. Servidores públicos se sujetarán a la remuneración adecuada y
profesional conforme a sus responsabilidades”.
@Mx_Diputados
La dip. @PatyTerrazas7, de @diputadospan,
fundamentó el dictamen que expide la Ley Federal de Austeridad Republicana de
Estado; y reforma las leyes General de Responsabilidades Administrativas; y
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
https://www.pscp.tv/Mx_Diputados/1YqKDBmVMLDJV?t=7h03m38s …
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