Por Mathieu
Tourliere.
A decir del presidente de la Comisión
de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, la sanción
de una década de inhabilitación a Emilio Lozoya, por omisión en su declaración
patrimonial, puede ser el principio de un golpe contundente a la impunidad.
Para el legislador, la participación del exdirector de Pemex en las tramas criminales
de Odebrecht y OHL, así como en los daños patrimoniales en las recompras de
Agronitrogenados y Fertinal, apunta hacia Peña Nieto como “el director de una
orquesta criminal”.
La
inhabilitación de 10 años, que la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso
a Emilio Lozoya Austin por omitir al menos una cuenta bancaria en su
declaración patrimonial mientras dirigía Pemex, representa “sólo el inicio” de
“un golpe contundente a la impunidad” que debe llegar hasta el expresidente
Enrique Peña Nieto, estima Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente la Comisión de
Presupuesto en la Cámara de Diputados.
“Lozoya sólo pudo hacer lo que hizo en Pemex
con la protección y el aval del presidente Peña Nieto”, sentencia el legislador
de Morena en entrevista con Proceso.
“Estamos ante la oportunidad de poner
en evidencia y con pruebas contundentes una conducta criminal de un
expresidente de la República a partir del saqueo y del deterioro financiero de
la principal empresa de este país”, sostiene Ramírez Cuéllar, para quien “sería
vergonzoso” que, al terminar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, “Peña
Nieto no fuera sancionado por todo este cúmulo de irregularidades”.
La sanción contra Lozoya y la multa
de 620 millones de pesos que la SFP ordenó contra su exasesor Édgar Torres
Garrido, por la compra a sobrecosto de Grupo Fertinal, marcan una línea más en
el amplio historial de irregularidades, corrupción y favoritismos que el
primero arrastró durante sus tres años al frente de Pemex, y que Proceso
documentó ampliamente el sexenio pasado.
A más tardar el próximo 4 de julio,
el “joven maravilla” –como se apodó a Lozoya en el arranque del sexenio–
enfrentará la judicialización del caso Odebrecht por parte de la Fiscalía
General de la República (FGR) y deberá responder ante la justicia por el
presunto cobro de un soborno de 10.5 millones de dólares, primero mientras
coordinaba los asuntos internacionales de la campaña de Peña Nieto, y luego
como director general de Pemex.
Tiene otros casos pendientes, como el
presunto favoritismo en el que incurrió con la empresa española OHL –de cuyo
consejo de administración fue miembro– en los primeros meses que estuvo al
frente de Pemex, o las adquisiciones de las plantas de Agronitrogenados y del
Grupo Fertinal, que provocaron en un desfalco multimillonario en las finanzas
de Pemex.
(Fragmento
del reportaje especial publicado en Proceso 2221, ya en circulación)
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