Por Dulce
Olvera.
La entonces
Procuraduría General de la República (PGR),
que estuvo sin titular durante el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto,
fungió como refugio de diversos personajes políticos cercanos al círculo
peñista y practicó los “carpetazos” a casos de alto impacto, como el del ex
agente Tomás de Zerón Lucio; el ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex),
Emilio Lozoya Austin; los ex Gobernadores Humberto Moreira Valdés, Javier
Duarte de Ochoa y César Duarte Jáquez, y el ex Secretario adjunto priista,
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, entre otros.
Desde la
Constitución de 1917, la seguridad y la
justicia se han hallado “al servicio” del poder político y económico, y en
contra de los derechos humanos más elementales de los mexicanos, determinó
apenas hace unos días el Fiscal Alejandro Gertz Manero, quien recibió una
Fiscalía General de la República (FGR) donde
“se favorecieron y encubrieron” los delitos de los miembros y favoritos del
poder, y hubo gastos innecesarios.
En un país
de fosas con más de 40 mil desaparecidos, niveles de violencia históricos y
liderazgo en corrupción e impunidad a nivel internacional, el Ministerio
Público federal acumuló más de 300 mil averiguaciones previas y carpetas de
investigación sin resolver, sumadas a las 30 mil recibidas en esta
administración, y más de 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas, por lo que
no se alcanza más del 5 por ciento de sentencias del total de casos, reportó
Gertz en sus primeros 100 días de gestión.
“La procuración de justicia no sólo
fue lenta, sino también inoperante en el sexenio anterior; una procuración de
justicia selectiva; es decir, algunos casos eran más importantes que otros y
algunos por los intereses detrás de ellos no se procesaban”, coincidió
Maximiliano García Guzmán, politólogo y abogado de la UNAM especialista en
Gobierno y Asuntos Públicos. “Si esa práctica va a continuar con algunos
funcionarios que permanezcan en la Fiscalía [como Felipe Muñoz, titular de la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales], es un
tema que habrá que estar vigilando”.
El viernes
pasado, el Gobernador de Chihuahua,
Javier Corral Jurado, denunció ante la Fiscalía General al ex encargado de
despacho, Alberto Elías Beltrán, por atraer el caso “Operación Justicia
Chihuahua” a nivel federal y con ello presuntamente obstaculizar el proceso
penal contra Alejandro Gutiérrez, ex Secretario general adjunto del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), acusado por el presunto desvío de 250
millones de pesos de la Secretaría de Educación estatal para financiar campañas
en nueve estados durante las elecciones de 2016, en el Gobierno de César Duarte
Jáquez, cuyo proceso de extradición sigue pendiente. Gutiérrez fue
recientemente declarado culpable por el otro desvío de 1.7 millones de pesos a
través de dos de sus empresas.
Pero cada ex Procurador acumuló a sus
“protegidos”, afirmó el académico García Guzmán.
“Fue clara la intención y el perfil
que tuvieron los Procuradores en la época de Peña Nieto. Gran parte de su labor
fue proteger al círculo cercano del Presidente; eran a modo”, aseguró.
“Espero equivocarme, pero la Fiscalía
actual no se está alejando de una influencia política porque si bien se han
anunciado compromisos importantes, como la investigación de los 43 normalistas
y el caso de Lydia Cacho, no estamos viendo a figuras centrales del régimen
anterior siendo investigadas, como del caso Odebrecht. Y si esto llega a
ocurrir, será en momento clave donde la investigación tenga mayor impacto
político y electoral”, agregó.
MURILLO
KARAM: AYOTZINAPA Y TLATLAYA.
Tanto en la
desaparición de estudiantes, aún buscados por sus padres, como en la masacre de
jóvenes, el ex Procurador Jesús Murillo Karam (2012-2015) tuvo sus propias
versiones que contrastaron con los informes de órganos autónomos.
Sobre la
desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Ayotzinapa en
septiembre de 2014, el Fiscal Alejandro Gertz anunció que, “en este caso de
corrupción y encubrimiento”, se trabaja en conjunto con la Comisión de la
Verdad (creada hasta este gobierno), los padres y la Comisión Nacional de
Derecho Humanos (CNDH) para, después de casi cinco años, reponer el
procedimiento.
El ex
Murillo Karam fue destituido del cargo en medio de protestas a nivel nacional e
internacional. En conferencia de prensa anunció “la verdad histórica”, en la
cual la PGR concluyó que los estudiantes fueron asesinados, sus cuerpos
calcinados en el basurero del municipio de Cocula y las cenizas regadas en el
río San Juan, luego de ser entregados por policías municipales de Iguala al
grupo criminal Guerreros Unidos.
Pero meses
después una investigación del Grupo de Expertos Independientes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH) puso en entredicho el supuesto
incendio y reveló torturas a los detenidos, así como la intromisión en las
pruebas de Tomás de Zerón Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación
Criminal (AIC), quien hasta ahora es investigado por la Comisión de la Verdad.
Días antes del
escándalo de Ayotzinapa, la revista Esquire publicó el testimonio de una mujer
testigo de una masacre en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014. “Los
paraban así en hilera y los mataban”, evocó.
La
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solo había informado que en un
enfrentamiento abatió a 22 presuntos delincuentes en la comunidad rural de San
Pedro Limón. Pero omitió que los militares dispararon a sangre fría contra los
jóvenes, algunos incluso menores de edad. Quedaron marcas de bala y manchas de
sangre en las paredes dentro de una bodega de almacenamiento de grano.
La PGR de
Murillo Karam determinó que elementos del Ejército ejecutaron a ocho de los 22
fallecidos, y tres militares entraron a la bodega para ultimar a los heridos y
alterar la escena del crimen, pero la CNDH aseguró que fueron 15 los ejecutados
por los militares y entraron ocho soldados.
ARELY GÓMEZ:
“EL CHAPO”, MOREIRA Y NOCHIXTLÁN
A la ex
Procuradora Arely Gómez González (2015-2016) se le escapó Joaquín “El Chapo”
Guzmán Loera, y durante su gestión se liberó en horas al ex Gobernador priista
Humberto Moreira Valdés, detenido en España por presunto lavado de dinero, y se
registró el enfrentamiento en Nochixtlán, Oaxaca.
El 11 de
julio de 2015 “El Chapo” se fugó del penal del Altiplano, Estado de México, a
través de un túnel. El ex director de la cárcel, Valentín Cárdenas Lerma, fue
detenido, pero liberado en noviembre de ese año. Seis meses después el líder
del Cártel de Sinaloa fue recapturado en Los Mochis y hasta febrero de 2019,
luego de su extradición a Estados Unidos, fue declarado culpable de los 10
cargos que le imputaba la justicia estadounidense, por tráfico de drogas.
Jeffrey
Lichtman, el abogado del capo, aseguró al jurado en Estados Unidos que los ex
presidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa recibieron sobornos
millonarios por parte del Cártel de Sinaloa, lo cual negaron ambos señalados.
El 15 enero
de 2016, la Policía Nacional de España detuvo en Madrid al ex Gobernador de
Coahuila Humberto Moreira por blanqueo, malversación de fondos, cohecho y organización
criminal. Días después, el 22 de enero, el exlíder nacional del PRI fue
liberado. Dos años después las autoridades españolas reabrieron el caso.
Después, el
19 de junio de 2016, se registró un enfrentamiento en Nochixtlán, Oaxaca, entre
elementos de la Policía Federal e integrantes de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE).
Esto ocurrió
luego de que se intentó dispersar un bloqueo que profesores realizaron para
protestar contra la Reforma Educativa. El saldo que dejaron los hechos fue de
ocho muertos y un centenar de heridos. La Organización de las Naciones Unidas
(ONU) comentó que no se ha podido garantizar la verdad, la justicia, la
reparación y la no repetición porque las autoridades no han podido aclarar lo
ocurrido y han optado por culpar a los pobladores y manifestantes sin asumir la
responsabilidad en el evento.
RAÚL
CERVANTES: ODEBRECHT Y DESVÍOS .
Raúl
Cervantes Andrade (2016-2017), quien matriculó un Ferrari en Morelos donde no
es necesario pagar el impuesto de Tenencia, fue el último Procurador del
peñanietismo. Decidió renunciar en octubre de 2017, en medio del escándalo de
Odebrecht, y desde entonces el órgano autónomo se quedó sin titular salvo el
encargado de despacho Alberto Elías Beltrán, en cuyo periodo se liberó a la ex
lideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales.
Respecto a
los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht por 10 millones de dólares
a autoridades mexicanas para presunto uso electoral, el Fiscal Alejandro Gertz
informó que la entonces PGR inició la investigación en enero de 2017 sin
resultado alguno, razón por la cual la Fiscalía “ha tenido que reponer en buena
parte todo este procedimiento” con base en la información recopilada
recientemente.
En un plazo no mayor de 60 días se
judicializará el caso donde ha sido señalado el ex titular de Petróleos
Mexicanos (Pemex) y ex coordinador de campaña de Peña Nieto, Emilio Lozoya
Austin.
Asimismo, Gertz consideró “un posible delito de
Estado” el presunto desvío de recursos públicos a través de universidades
públicas detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La PGR
inició a investigarlo en octubre de 2015 acumulando 21 procedimientos
independientes relacionados con funcionarios de la Sedesol y de la Sedatu, así
como dirigentes de universidades públicas, de las cuales han surgido cinco
vinculaciones a proceso y cinco carpetas de investigación de cinco ex
funcionarios de ambas secretarías.
En 2017 y
2018 la PGR inició otras dos carpetas de investigación más, una relacionada con
ex servidores públicos de Sagarpa y otras instituciones públicas de educación
superior de las que se obtuvieron 10 vinculaciones a proceso, de las cuales en
una de ellas existe una sentencia condenatoria en contra de un particular.
Sin embargo, Gertz aseveró que esta red –que generó un
probable daño patrimonial a la nación por más de 5 mil 875 millones de pesos–
debió de investigarse desde el inicio bajo “la obvia” premisa de colusión y de
un interés colectivo y coordinado para organizar un enorme saqueo concertado
desde el poder público.
“Es necesario reestructurar toda la
investigación desde una perspectiva de delincuencia organizada en un posible
delito de Estado que fue encubierto posiblemente por instancias públicas”, afirmó.
RESTOS DEL
PEÑANIETISMO.
Felipe de Jesús Muñoz Vázquez,
titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos
Federales de la Fiscalía General de la República (FGR) desde 2016, es señalado de
cometer torturas y tocamientos sexuales cuando era Procurador en
Aguascalientes; y de favorecer al prófugo de la justicia Gastón Azcárraga
Andrade tras la quiebra de Mexicana de Aviación y a Aleatica (antes OHL
México).
Pero ahí sigue.
El Fiscal Alejandro Gertz aseguró que
se han retirado todos los funcionarios de alto nivel que no tenían que estar en
la FGR y el resto debe de demostrar si pueden quedarse.
“Esto no es un viejo sistema en el que
se van todos los que estaban y llegan los amigos de quienes llegaron. Eso no es
funcional, eso no es ético”, dijo. “Quien tenga algo que probar tiene todo el
apoyo de la institución, pero no generamos cacería de brujas”, agregó específicamente sobre el Subprocurador
Muñoz Vázquez.
El académico
Maximiliano García Guzmán aseguró que el
cambio dentro de la Fiscalía General ha sido más de rediseño jurídico, por lo
que falta “un examen muy cuidadoso de qué perfiles están integrando a la
Fiscalía, pues hay heredados del sexenio anterior, y vigilar los nombres que no
son tan visibles para ver quién puede desempeñar esos puestos”.
En febrero,
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
concluyó que Muñoz Vázquez cometió tortura y violencia sexual en 2011 cuando
fue Procurador de Justicia de Aguascalientes en el sexenio del priista Carlos
Lozano de la Torre (2010-2016). No obstante, el Subprocurador argumentó que hay
una serie de irregularidades en esa recomendación, ya que no se tomaron en
cuenta documentos clave durante la investigación.
Asimismo, el Subprocurador Felipe Muñoz reiteró el 12
de diciembre de 2018 la petición del ex encargado de despacho Alberto Elías
Beltrán de cancelar las dos órdenes de aprehensión vigentes contra el
empresario Gastón Azcárraga Andrade tras la quiebra de Mexicana de Aviación.
Gastón Azcárraga, dueño del Grupo
hotelero Posadas, compró Mexicana en 2005 durante el Gobierno de Vicente Fox
Quesada por 165 millones de dólares, pero en 2010 entró en concurso mercantil y
quebró en 2014.
La
Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) lo denunció por haber
cometido dos delitos de la Ley del Mercado de Valores, ya que difundió
información falsa al público inversionista y omitió informar un evento
relevante como lo fue la suspensión de actividades de una de las aerolíneas
líder en el sector.
El Subprocurador también solicitó la
vinculación a proceso del abogado Paulo Díez Gargari, quien ha denunciado desde
2013 la corrupción en las concesiones otorgadas a la constructora Aleatica en
el Estado de México durante las administraciones de Arturo Montiel, Enrique
Peña y Eruviel Ávila.
“Felipe
Muñoz ha sido señalado por la CNDH por actos de tortura y abuso sexual. Solo en
México es posible tener un Subprocurador de la FGR que esté cuestionado de
actos tan graves y que conserve la libertad y el puesto”, dijo Díez Gargari en
entrevista previa.
DESPILFARRO
EN LA PGR
Respecto a gastos innecesarios, el
Fiscal enunció que 800 elementos policiales protegían a ex funcionarios o
políticos por lo que ya se reubicaron a 320 en áreas necesarias; se detectó
despilfarro en gastos no justificados o inútiles, incluyendo viáticos, talleres
y la renta de edificios a precios exorbitantes pese a contar con inmuebles
propios; no había control sobre el empleo de más de 4 mil carros, entre ellos,
unidades blindadas; ni en el uso de flota aérea para actividades que no
aportaban a la procuración de justicia.
Por ejemplo,
entre 2013 y 2015 se invirtieron más de mil millones de pesos en adquisición,
mantenimiento, capacitación y seguros de drones mediante adjudicación directa
sin contar con un estudio de necesidades, resultados ni costos competitivos.
En octubre
de 2013 la entonces PGR adquirió un avión por 19.5 millones de dólares mientras
que el precio de comercialización era por 15.5 millones de dólares.
“Los gastos
de seguridad pública se aplicaron en forma irracional y sospechosa sin
mecanismos de supervisión adecuados lo que propiciaba que el presupuesto se
ejerciera de manera discrecional e inexplicable, que en ocasiones permitieron
gastar más de 144 millones de pesos en una sola área y año”, dijo Gertz.
NUEVAS
MEDIDAS
Del 1 de diciembre a la fecha el
Gobierno federal y organismos han presentado 12 mil 700 denuncias por actos de
corrupción, sobre todo de la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos
Mexicanos, la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Hacienda, y la Consejería
Jurídica del Poder Ejecutivo, de las cuales se han judicializado más de 400
casos con más de 620 detenidos, reportó el Fiscal Alejandro Gertz.
Se generará
la Ley Orgánica de la Fiscalía y una nueva Ley Nacional de Cultura y Justicia
Cívica para responder a la crisis de justicia cotidiana con prontitud,
reparación del daño y control social, así como un nuevo Código Penal Nacional priorizando
la reparación de daño.
Bajo una
nueva política de trato respetuoso y eficiente a los denunciantes, desde mayo
todas las actividades del Ministerio Público en carpetas de investigación y de
procesos tendrán nombre, apellido y responsable para ser evaluados, y evitar
atrasos.
En sintonía
con la política de austeridad del Gobierno federal, se revisaron las 26 mil
plazas para reorientar al mayor número de servidores públicos al apoyo de
víctimas y ofendidos en denuncias y seguimiento, y se disminuyó la nómina en
más de mil plazas de alto nivel que eran inútiles o injustificadas, lo que
generó ahorros de 354 millones de pesos frente a 2018.
Sobre el
parque vehicular de 35 helicópteros y 25 aviones, se busca reducir en un 30 por
ciento este año y se realizan auditorías a los contratos de vehículos
brindados.
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