Por Arturo
Rodríguez García.
El
exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio
Lozoya Austin, y la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), fueron incluidos
hoy en la Lista de Personas Bloqueadas, luego de que la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF), identificara operaciones “que presuntamente no proceden de
actividades lícitas” y que podrían derivar de actos de corrupción.
Esta tarde, AHMSA emitió un comunicado por “Evento
Relevante” a la Bolsa Mexicana de Valores, informando el congelamiento de sus
cuentas, considerando que fue una arbitrariedad. En entrevista con Apro, el
vocero de la empresa, Francisco Orduña, afirmó que se les violó el derecho de
audiencia.
Hasta las
20:00 horas, la UIF emitió un comunicado
dando a conocer el motivo de la medida, asegurando que tanto la empresa como
Lozoya Austin tienen garantizado su derecho de audiencia, en particular para
hacer valer los derechos laborales de sus trabajadores, así como de los
accionistas, proveedores, ante la UIF.
Además, expone que se prevén los medios de prueba
que consideran conducentes, así como para formular alegatos que a su interés
convengan.
La UIF justificó sus acciones en las facultades
constitucionales que posee, así como en lo que corresponde al cumplimiento de
las convenciones de Mérida y Palermo, por parte del estado mexicano.
Asimismo, la dependencia a cargo de Santiago Nieto
Castillo, expuso que no pretende, en ningún escenario, dañar a los
trabajadores, accionistas o proveedores de AHMSA, por lo que el día de mañana,
una vez que se promueva la garantía de audiencia, se descongelarán las cuentas
de los trabajadores.
El
comunicado de la UIF remata afirmando
que tiene una política de cero tolerancia a la corrupción por ser un eje del
gobierno federal.
Las
menciones hacia AHMSA durante el período en que Lozoya Austin fue director de
Pemex, tienen que ver con la recompra de
Agromex, una de las empresas de fertilizantes que el presidente Andrés Manuel
López Obrador ha referido como fraudulentas.
Apenas la
semana pasada, la secretaría de la Función Pública impuso una inhabilitación
por diez años precisamente por supuestas irregularidades en la adquisición de
una empresa de fertilizante, así como sanciones a un alto exfuncionario,
incluyendo una multa por 620 millones de pesos.
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