Por Linaloe
R. Flores.
Durante el
Gobierno de Enrique Peña Nieto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV) supo de los malos números de Libertad Servicios Financieros, antes
llamada “Caja Libertad“, en cuya presidencia estaba el abogado Juan Collado Mocelo,
hoy preso en el Reclusorio Preventivo Norte, acusado de delitos de delincuencia
organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Pero las
autoridades no la reconvinieron, ni pusieron mayor cuidado en sus operaciones.
Por el contrario, el registro de la concesión indefinida que le fue otorgada en
2008, en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, fue actualizado en 2016 en el
Portal de Obligaciones y Transparencia, cuando Jaime González Aguadé era
presidente de la CNBV y Luis Videgaray Caso era Secretario de Hacienda y
Crédito Público.
En 2013, se
le señaló por operaciones sospechosas con la empresa Oceanografía, firma que
defraudó a Citigroup-Banamex por 400 millones de dólares. Un año después, tuvo
una visita de inspección especial por parte de la CNBV debido a un reporte
sobre la mala utilización del dinero de sus ahorradores. En los dos casos, las
autoridades determinaron que Libertad Servicios Financieros no estaba
contaminada de ningún ilícito y podía continuar con sus operaciones.
Hoy, en la
trama de la detención del abogado Juan Collado Mocelo, “Caja Libertad” habría
servido sólo como un cascarón. El empresario inmobiliario, Sergio Hugo
Bustamante, que presentó la denuncia que provocó la detención del litigante
expuso ante un juez que “los verdaderos propietarios de la Caja Libertad
Servicios Financieros son los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari
(1988-1994) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), y el Gobernador de Querétaro,
Francisco Domínguez Servién”.
Lo cierto, hasta
ahora, es que la empresa fue una puerta giratoria veloz. Desde marzo, el ex
presidente de la CNBV, Jaime González Aguadé -el mismo que ordenó su inspección
en 2014-, forma parte del Consejo de Administración. Su nombre aparece en el
Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros de la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(Condusef).
Aun
disipados sus problemas con las autoridades, las cuentas de Caja Libertad no
mejoraron. A septiembre de 2018, contaba con un saldo en su cartera de ocho mil
200 millones de pesos, con un índice de morosidad de 16.22 por ciento cuando
este indicador en todo el sector era de 9.67 por ciento. Además, presentó un
rendimiento sobre activos de 0.2 por ciento y un rendimiento sobre capital de 1
por ciento, según sus reportes a la CNBV, revisados por SinEmbargo.
Y, debido a
que Libertad Servicios Financieros era -aún lo es- dominante, con una
concentración de 35 por ciento de todos los activos, el sector de las
Sociedades Financieras Populares (Sofipos) estuvo en riesgo de contagiarse. De
por sí, desde que esta figura fue regulada con la Ley de Ahorro y Crédito
Popular en 2009 para brindarle oportunidades a las personas con menos ingresos,
el sector más bien mostró un fenómeno de divergencia y poca consolidación.
Para la
Fundación de Estudios Financieros (Fundef), una institución sin fines de lucro
dedicada a estudios del sector financiero, no hay evidencia de que las Sofipos
hayan logrado consolidar su nicho de mercado, expandirse y al mismo tiempo
controlar sus indicadores.
En el
estudio “Sector de Ahorro y Crédito Popular: Impacto de la Regulación en su
Evolución”, la organización indica que en la pasada década, desde que las
sofipos cuentan con un marco regulatorio propio, se observó un fenómeno de
divergencia donde hay un grupo de entidades que ha crecido de manera
consistente, mientras que otro se rezagó.
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