León: todo el poder a la IP

Arnoldo Cuellar.

Como nunca en tiempos recientes el actual Gobierno municipal de León, la mayor ciudad de Guanajuato, se encuentra obsesionado con potenciar la visión empresarial de la ciudad y romper equilibrios penosamente creados en el pasado reciente.

Con un PAN cada vez más débil, una oposición diluida y sin presencia y la preeminencia de los hombres de negocios en los consejos y las políticas de la ciudad, el Alcalde panista Héctor López Santillana está poniendo a prueba lo que hasta hace no mucho era uno de los modelos de gestión municipal más exitosos de la república, con una permanencia de 30 años de la misma fuerza política, salvo la administración de la priista Bárbara Botello, que no paso de la anécdota.

Pese a escándalos como el que culminó con el relevo de un presidente de Consejo en SAPAL, y el que parece querer soterrarse en el Zoológico de León donde las cosas parecen aún más graves por sugerirse un peculado y no un simple abuso de poder, el modelo impulsado por López Santillana no cambia: todo el poder y las posibilidades de negocio a los empresarios, y ninguna concesión a los ciudadanos de a pie.

Está por autorizarse el incremento del pasaje urbano en León con una actitud de parte de los concesionarios que raya en la prepotencia, no digamos en la insensibilidad, ya proverbial.

Con una simulación donde la autoridad pretende defender a los usuarios al limitar el incremento a un peso por los 3 demandados por los transportistas, el rejuego de policía bueno y policía malo no engaña a nadie.

De fondo lo que ocurre es que el municipio ha doblado las manos ante la imposición empresarial de tarifas indexadas sin ninguna mejoría, pese a que se subsidia con recurso público la modernización de estaciones, en lo que también parece un espléndido negocio para los contratistas favoritos de la administración.

Recientemente, un periodista y un ciudadano solicitaron, cada uno por su cuenta, conocer los indicadores mediante los cuales los concesionarios del transporte urbano reportan sus resultados de operación, es decir, la posible utilidad o pérdida con la que operan.

La respuesta de la Dirección General de Movilidad es anonadante: “la información peticionada no se genera ni se tiene en posesión de esta dependencia.” De acuerdo a esa respuesta, el reglamento de transporte municipal de León no cuenta con ninguna herramienta que permita conocer si la operación es rentable o deficitaria.

La consecuencia cae por su propio peso: la autoridad no tiene manera de determinar si lo que plantean los transportistas sobre el comportamiento de sus costos y su posible afectación, es cierto o falso.

Y visto el nivel de debate, donde la respuesta del líder camionero Daniel Villaseñor al cuestionamiento de que los sueldos de los choferes son bajos es que “no les alcanza porque tienen la costumbre de tener dos casas”, es entendible que todo se reduzca a la presión y al chantaje.

Sin embargo, el municipio que encabeza López Santillana como antes el que encabezó Bárbara Botello, están en estado de indefensión porque quieren o porque deben favores. Ante la prepotencia del monopolio camionero, donde esas mismas autoridades permitieron que se generara ese escenario de desventaja, estaría la posibilidad de abrir espacios a otros alternantes, que los hay, para diversificar la oferta y gobernar el mercado de la movilidad.

Sin embargo, nadie parece quererlo en la administración y menos que nadie el actual titular, Luis Enrique Moreno, quien más parece un empleado de los transportistas que un representante de los ciudadanos, solo listo para ver cuántas nuevas oportunidades de negocio ofrece a empresarios a través del control de las estaciones, de la publicidad que en ellas se coloca, mientras se utiliza la mano duro para desplazar a los comerciante ambulantes que no tienen la fortuna de contar con enchufes para sus negocios.

Lo dicho, en esta ciudad se está generando una nueva y flagrante división de castas, que excede incluso la tradicional división en clases, donde unos pocos tienen acceso a todas las posibilidades de negocio, a los espacios de representación que dejan de ser ciudadanos para convertirse en clubes de empresarios; mientras otros deben pagar tarifas cada vez más caras por servicios cada vez más malos, todo sin posibilidad de estar representados.

En este sentido, León cada vez pierde más su esencia de ciudad para convertirse en un botín a repartir, donde solo muy pocos tienen boleto de entrada.

Pareciera risible si no resultara trágico, que hasta la propuesta de Marca de Ciudad (curioso marca y no símbolo) esté de momento privatizada y en manos de un barón de los medios de comunicación, Jorge Torres Gómez, que además como premio por ese comportamiento ya recibió de manos del Alcalde Héctor López Santillana la tesorería de la Feria de León, nada más, pero tampoco nada menos.

Y los empresarios leoneses del Siglo XXI, como sus abuelos de mediados del siglo XX, siguen creyendo que la polarización que crea el injusto reparto de las oportunidades y la expoliación constante de los muchos por los pocos, se arreglará simplemente con el hecho de que el Club de futbol León sea campeón y que pronto disponga de un nuevo y futurista estadio, por cierto, en terrenos que esconden un negocio del anterior gobernador para favorecer a empresarios de Pachuca.

Vaya paradoja más simbólica resulta del hecho de que el mayor amortiguador de las radicales diferencias sociales en la ciudad más pujante de Guanajuato decida sus destinos en otra entidad. Es una muestra de que no todas las variables están bajo control.