Por Jesusa
Cervantes.
En medio de la pandemia y la contracción
económica, el Congreso de Baja California aprobó dos nuevos impuestos que
aportarían al menos 40 millones de pesos al mes al erario estatal. Se trata del
impuesto “ambiental” a expendedores de combustible y un gravamen para las
plataformas de alimentos.
A
propuesta del gobernador morenista, Jaime Bonilla, el congreso de mayoría
Morena avaló los gravámenes durante una sesión virtual y con el rechazo del
empresariado.
La
justificación del gobernador y de los diputados priistas para crear el
“impuesto ambiental”, es que los combustibles generan contaminantes como el co2
y los expendedores deben asumir un costo por vender algo que contamina. El extraño argumento figura en la
exposición de motivos que a la letra reza:
“Dicha
contribución será a cargo de las personas físicas, las personas morales y las
unidades económicas residentes en el estado o los residentes fuera del estado,
que expidan los bienes o productos que contaminan, lo anterior en virtud de la
responsabilidad que deben asumir al enajenar los mismos, obteniendo un ingreso
por ello. Lo anterior en la búsqueda de que, al obtener ingresos por venta de
sustancias contaminantes, contribuya para resarcir el daño al ambiente.”
En Baja
California existe el programa de verificación vehicular desde el año 2013, en
el que se establecen los parámetros bajo los cuales el transporte puede
circular según los contaminantes que emita. Al igual que en el centro del país,
el no verificar acredita a una multa.
Ahora, lo
que el Congreso estatal aprobó finalmente es un nuevo gravamen a los
combustibles, el cual se suma al ya existente que es el Impuesto Sobre
Productos y Servicios (IEPS).
De
acuerdo con la ley, sólo el Congreso de la Unión puede gravar los combustibles,
por lo tanto, el nuevo gravamen local podría ser objeto de controversias
constitucionales o de amparos por parte de los comerciantes.
De
acuerdo con el nuevo impuesto, los empresarios serán ahora responsables de
vender un producto que es indispensable, pero que contamina, lo cual resulta un
contrasentido.
En el
nuevo impuesto se establece que el costo no podrá ser trasladado al consumidor
último, es decir, al ciudadano común y corriente que compra su tanque de gas o
su litro de gasolina. El nuevo gravamen debe ser absorbido por el empresario.
Al
aclararse que no sólo es para empresas locales, sino también para las que están
fuera del estado, se entiende que gasolineras como British Petroleum, Arco,
7-Eleven y todas las gasolinerías extranjeras están obligadas a pagarlo, no
solo quienes cuentan con una franquicia de Pemex o gasolineras mexicanas.
El
impuesto es de 0.17 centavos, sin embargo, los montos a recaudar varían, ya que la
gasolina, el diésel, el gas natural y el gas LP, generan distintos kg de co2.
Por ejemplo,
la gasolina, que por un litro genera 2.196 kg de co2, se pagarían 0.17. Si
se toma en cuenta que un automóvil se llena en promedio con 45 litros y en el
estado hay un millón 200 mil autos, y considerando que cada persona llene su
tanque dos veces al mes, entonces el estado recibiría aproximadamente 40
millones 300 mil pesos cada mes, sólo por gasolina, y todo ello lo pagarían los
empresarios, quienes además pagan el IEPS.
Según la
tabla que se establece en la exposición de motivos, por cada litro de diésel se
generan 2.471 kg de co2, por un kilogramo de gas natural 2.690 y por cada
kilogramo de gas lp 3.000.
El Congreso
local aprobó también gravar con 1.5% a las plataformas de internet de
entrega de comida a domicilio. De ellas se desconoce cuántas existen en el
estado.
Cada uno
de estos gravámenes fueron aprobados en sesión virtual y aprobadas cerca de las
11 de la noche, hora del centro del país.
Desde que
inició la fase 2 de la pandemia, el gobernador Jaime Bonilla advirtió que el
Congreso no pararía, y es que ya se tenía contemplado aprobar este nuevo
impuesto, además, se espera que la próxima semana avalen una nueva ley para las
comisiones estatales de servicio de agua, la cual ya ha sido cuestionada por
los defensores del agua.
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