Eduardo
Murillo y Gustavo Castillo.
Las
investigaciones por lavado de dinero han aumentado desde el año pasado como
parte del cambio en la política de seguridad que privilegia el impacto en
finanzas hacia los grupos criminales por sobre las acciones de fuerza.
Así, por ejemplo,
entre 2014 y 2018 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó sólo 10 denuncias por
este delito ante la Fiscalía General de la República (FGR), mientras en 2019
las que interpuso sumaron 43.
La FGR también
ha incrementado el número de sus investigaciones por lavado de dinero. Entre
2016 y 2018 presentaron 31 denuncias y tan sólo en 2019 se acumularon 33.
Estos
datos son parte de la respuesta a una solicitud pública hecha ante la FGR en la
que se requirió la información estadística desglosada de denuncias relacionadas
con el lavado de dinero por fecha, estado de la República, medio por el cual
fueron hechas dichas denuncias, incluyendo primer contacto y seguimiento y
cuántas de ellas fueron ratificadas.
Aunque la
respuesta de la FGR no agota todas las peticiones de la solicitud debido a que
no hay registros disponibles o no se cuenta con niveles de desvinculación
específicos, sí se destaca que la Ciudad de México es la entidad en la que más
casos de lavado de dinero se han denunciado por parte de la UIF.
El año
pasado la capital del país tuvo 16 casos presentados, seguida por Tamaulipas
con 12 y Nuevo León con cinco.
Sobre la
información presentada por la FGR, no se descarta el número de denuncias
levantadas en cada entidad, sólo se apunta que esta dependencia ha interpuesto
cargos por lavado de dinero ligados con casos de delitos contra la salud y
tráfico de drogas, mediante sus unidades especializadas en investigación de
ilícitos cometidos por parte de servidores públicos y contra la administración
de justicia, además de la dedicada a perseguir los de orden fiscal y
financiero, siendo este último el que más casos llevó el año pasado, con un
total de 29.
Desde el
inicio de la actual administración se anunció un cambio en la política de
seguridad pública, que dejaría de lado los operativos policiacos y el uso de la
fuerza para buscar ahora golpear la base económica de los grupos de la
delincuencia organizada.
Para eso
se hicieron cambios legales en materia de extinción de dominio, combate la
corrupción y al robo de hidrocarburos que dieron a la FGR y a la UIF mayores
atribuciones para recabar información financiera y congelar cuentas bancarias,
así como bienes.
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