AMLO: Usaron
facturas falsas y serán requeridos funcionarios, gobiernos, partidos,
periodistas…
El
Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que en el fraude con
facturas falsas participaron la Cámara de Diputados, la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), partidos políticos, periodistas, gobiernos,
funcionarios públicos, Radio y Televisión Hidalgo, el Club Atlas y más.
En su
conferencia de prensa matutina, afirmó que todos serán requeridos y que la
defraudación fiscal podría superar los 50 mil millones de pesos. Las denuncias
serán contra 43 empresas defraudadoras y 8 mil contribuyentes, personas físicas
y morales.
“¿Cuándo
se había presentado una denuncia de defraudación fiscal como la que se acaba de
dar a conocer? Porque esto fue tolerado por muchos años y desde luego que
participaban funcionarios públicos y les diría algunos empresarios, no todos,
porque hay empresarios muy responsables, pero como en todos los sectores, hay
‘fichitas’ y en esto también participaron medios de comunicación. Era la
corrupción somos todos”, comentó el mandatario.
Frente a los
medios de comunicación, confirmó que en esta evasión fiscal participaron
“partidos, periodistas, funcionarios, públicos, gobiernos “, por lo que “todos
van a ser requeridos”.
“No hay
impunidad y qué bien que se explicó el procedimiento. Son dos niveles: los
autores intelectuales, los que maquinaron todo este fraude con influyentismo,
las empresas factureras están bien identificadas, por eso se están presentando
denuncias penales; y la gente, los contribuyentes que utilizaron este
procedimiento para reducir el pago de impuestos, algunos conscientes, otros sin
saberlo. Entonces por eso de inmediato querellas penales a los de arriba, son
43, y a 8 mil contribuyentes, personas físicas o morales”, precisó.
Antes, Raquel
Buenrostro Sánchez, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT),
informó que se están ya presentando denuncias penales contra las factureras y
que se citará además a quienes recurrieron a ellas. Buenrostro se le considera
uno de los brazos más sólitos del proyecto del Presidente Andrés Manuel López
Obrador.
Desde
Palacio Nacional, anunció que el Gobierno de México presentará un primer
paquete de denuncias en el caso de las factureras contra el fraude fiscal de 43
empresas que realizaron evasión de impuestos al SAT por un valor total de 55
mil 125 millones de pesos.
“De los
últimos 10 años para acá, empezaron a surgir unas empresas que facturaban
operaciones, algunas, la mayoría, reales, pero muchas fueron operaciones
simuladas. ¿Qué es una operación real? Es un servicio, un bien que realmente
existió. Una operación simulada es un bien que se facturó, que se documentó,
pero que nunca existió. Y que es difícil comprobar a lo largo del tiempo”, detalló.
La jefa del
SAT explicó que el modus operandi de estas compañías consistía en la
simulación de facturas sobre bienes o servicios simulados o inexistentes, así
como el incremento de gastos falsos, para la disminución en los beneficios
registrados por la empresa y la posterior disminución en sus obligaciones
tributarias.
“Nosotros
hemos encontrado diferentes empresas factureras, algunas que simplemente se
dedican a incrementar falsamente los gastos con servicios o bienes inexistentes,
pero muchas veces estas empresas están vinculadas con las dos actividades. O
sea, no sólo inventan facturas de gastos falsos, sino que también llevan
facturas para encubrir o disfrazar gastos y pagos ilícitos”, agregó.
Buenrostro señaló
que en este fraude llegaron a participar hasta 8 mil 212 empresas en una red
que presentó operaciones simuladas por 93 mil millones de pesos. La funcionaria
añadió que este tipo de operaciones también se utilizaron para operaciones
ilícitas a través del blanqueo de dinero.
El
Ejecutivo de López Obrador ha emitido siete querellas contra los principales
grupos de estas factureras. Por tipo de impuestos, las compañías generaron un
fraude fiscal de 24 mil 583 millones de pesos en el Impuesto Sobre la Renta y
de 11 mil 396 millones de pesos (450 millones de euros) en el IVA.
Las empresas que se han visto expuestas a esta
red de fraudes se caracterizan por no tener empleados en muchos casos y se
reparten en diferentes sectores como comercio e industrias manufactureras,
aunque en los últimos años se han trasladado hacia el área de servicios por la
complejidad en comprobar dichos fraudes en este sector, según Buenrostro.
“Cuando
se empezó a revisar el tema de facturas, sobre todo el año pasado, porque como
lo mencionó el Presidente estas empresas vienen proliferando desde 2010 y
empiezan a crecer exponencialmente. Al principio la incidencia estaba en temas
de comercio al mayoreo, construcción, comercio al menudeo e industrias manufactureras.
A medida de que pasa el tiempo, se van al área de servicios. ¿Por qué? Porque
los servicios son más difíciles de comprobar”, sostuvo.
El
Gobierno enviará una carta a los posibles defraudadores para que regularicen su
situación en un periodo de tres meses, incluso para aquellos contribuyentes que
no sabían de dicha irregularidad y han participado en el fraude de manera
involuntaria. En el caso de que no se produzca dicha regularización, la
Procuraduría Fiscal podría imponer penas de hasta nueve años de prisión.
En su
oportunidad, Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, subrayó
que primero van a atacar a quienes venden las facturas falsas, al que
constituye las empresas. Por ello, “el día de hoy se estarán presentando 7
querellas contra los grupos principales de estas factureras para tratar de
cuadrar dos delitos: uno que es la defraudación fiscal y otro que es lavado de
dinero para tratar de equiparar la delincuencia organizada”.
“Como
mencionaba la jefa del SAT, se va a mandar un requerimiento, un exhorto a los
contribuyentes pensando que todos actuaron de buena fe y que no saben que
compraron estas facturas y que las utilizaron en su contabilidad o que incluso
recibieron algún dinero vía asimilares a salario. Se les va a dar tres meses
para que cumplan y se regularicen. Si en estos tres meses no se regularizan, la
Procuraduría Fiscal presentara las querellas contra el que compró las facturas
o el que se vio beneficiado, o el que recibió el dinero por asimilable a
salario, porque se presume entonces que sí hay un contubernio, que sí hay un
acuerdo criminal entre el que compró y el que vendió”, añadió.
Finalmente, Romero
Aranda recordó que “antes no se llevaban investigaciones, proliferaron las
factureras porque se permitía. El mensaje que se quiere mandar hoy es que se
acabó la fiesta, que las factureras ya no pueden seguir adelante. Todos tenemos
que pagar impuestos, es el cambio de la cultura tributaria”.
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