Organizaciones de la
sociedad civil exigieron que el espionaje contra activistas promotores del
impuesto a las bebidas azucaradas, el correcto etiquetado de productos
industrializados y otras regulaciones para terminar con la obesidad y la
diabetes, no quede impune.
Un informe de Citizen Lab y la Red de los Derechos
Digitales, SocialTIC, Access Now y Amnistía Internacional demostró que tres defensores del derecho a la salud fueron víctimas de
espionaje ilegal.
El fin de semana, The New York Times reveló que el doctor
Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP);
Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor; y Manuel Encarnación,
de la Coalición Contrapeso, recibieron mensajes entre el 8 de julio y el 17 de
agosto del año pasado, con enlaces maliciosos a fin de infectar sus
dispositivos móviles con malware para vigilancia comercializado por la firma
israelí NSO Group, de la cual “México es asiduo cliente”, de acuerdo con Luis
Fernando García, de la Red en la Defensa de los Derechos Digitales.
Los afectados, al
hacer clic en los enlaces recibidos, el malware identificado como Pegasus se
descarga “sigilosamente” en el dispositivo, con lo que los atacantes obtenían
el control, así como acceso a utilizar la cámara, el micrófono y GPS,
principalmente, explicó.
Calvillo, de El Poder del Consumidor, sentenció: “Somos incómodos para el Gobierno y la
industria”. Subrayó que en México defender el derecho a la salud “se ha vuelto
un
El activista señaló que la industria cuenta con aliados en
el Gobierno: “Fue el Gobierno con
nuestros recursos con nuestros impuestos […] El poder económico se ha
convertido en poder político”, dijo.
Asimismo señaló que
dichos mensajes pueden ser considerados amenazas de muerte e intimidación, ya
que redireccionaban a la página de la conocida funeraria Gayosso.
En su oportunidad, Luis Fernando García, de la Red en la
Defensa de los Derechos Digitales, condenó
el hecho y exigió la “inmediata apertura” de una investigación, ya que,
subrayó, vulnera el ejercicio a la libertad de expresión.
“Es reprobable,
inaceptable y agravia a toda la sociedad”, acusó.
Adelantó que presentarán una denuncia ante la Procuraduría
General de la República (PGR) y una queja ante la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) y exigió que en el caso no prevalezca la impunidad.
Los tres defensores
de la salud tienen en común la promoción en 2014 el gravamen contra las bebidas
azucaradas en el país. Incluso, recordaron, tanto Encarnación como Calvillo
convocaron a una rueda de prensa para exigir el aumento a dicho impuesto,
apenas una semana antes de recibir los primeros mensajes. A la par, el
investigador Barquera se pronunciaba a favor del gravamen en sus redes sociales
y en foros.
El Gobierno sólo
puede utilizar dichas herramientas para garantizar la seguridad de los
ciudadanos y no para limitar la capacidad de defensa y libertad de expresión
tanto de activistas como de periodistas, explicó
Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19 y destacó que Pegasus únicamente
es vendido a gobiernos.
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