Detrás del muro de Trump.

Raymundo Riva Palacio.

El debate público en México sobre la política de migración del presidente Donald Trump y su intención por construir un muro en la frontera de Texas, no deja de ser bastante parroquial y limitado. La defensa colectiva se centra en la protección legal de los mexicanos indocumentados, donde el único plano analizado es la migración per se. Esa discusión es reduccionista y equivocada. Desde la campaña presidencial, el tema de la migración ha sido encajonado por Trump en la seguridad y el temor, arrastrado desde la administración Obama, de que células de Al Qaeda y el Estado Islámico entren por México para realizar ataques terroristas.

La paranoia no es exclusiva de Trump, y el temor que sean utilizadas las redes de contrabando humano por los grupos terroristas musulmanes ha sido una preocupación constante. Desde hace 20 años ha habido intentos de financieros árabes de pagar mezquitas en México, y desde 2015 las autoridades estadounidenses registraron transferencias de dinero de ese país a Tapachula, Chiapas, para pago de 'coyotes'. Un informe de la Procuraduría de Arizona encontró que Tapachula, frontera con Guatemala, es número uno en recepción de fondos procedentes del Medio Oriente, y Nogales, Sonora –hay un Nogales en Arizona–, la segunda a donde más envíos de fondos procedentes del Medio Oriente llegan.

El informe encontró que ese año, un solo 'coyote' en Tapachula recibió 70 transferencias de dinero de 69 distintos remitentes, cuyos nombres parecían tener un origen de Medio Oriente. Quince de esas transferencias, concluyó, se originaron o en esa región, o en África. La investigación en Arizona surgió de las detenciones, en noviembre y diciembre de 2014, de un 'árabe' en Amado, un pueblo de 300 personas cerca de la frontera con México, y cinco paquistaníes y un afgano en Patagonia, un pueblo ranchero a 35 kilómetros de los límites internacionales, que habían entrado sin documentos a Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses no hallaron vínculos terroristas, aunque un seguimiento realizado por el FBI encontró que la familia del afgano tenía relación con los talibanes, que son cercanos a Al Qaeda. Las capturas provocaron un seguimiento más meticuloso sobre posible actividad terrorista en la frontera con México, que coincidió con la publicación meses después en un sitio de internet asociado con el Estado Islámico, de un escenario para desatar el terror en la Unión Americana.

Ese escenario, describió un reportaje publicado por The Christian Science Monitor hace dos semanas, era la compra por parte de terroristas de un dispositivo nuclear en Pakistán, y enviado a través de las rutas del narcotráfico de África Occidental a América del Sur, y enviada a Estados Unidos a través de la frontera con México. “De ahí –decía la información en ese portal–, una rápida carga a través de un túnel de contrabando y, listo, ya estaba mezclado con 12 millones de ilegales en Estados Unidos, con una bomba nuclear en la cajuela de sus autos”.

Según The Christian Science Monitor, lo que sucedió en Arizona y con el portal asociado al Estado Islámico, fue seguido con atención por los órganos de inteligencia civil y militares en Estados Unidos, y algunos funcionarios en la administración Obama los tomaron con más preocupación que otros. Uno de quienes más interesado estuvo fue el general retirado Michael Flynn, quien era el director de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, nombrado por Trump como director del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, y uno de los miembros de alto nivel del nuevo gobierno que han estado en pláticas con la delegación mexicana en Washington para la renegociación de la agenda bilateral.

Flynn ha expresado su creencia de que las rutas de contrabando humano desde México, algunas de ellas manejadas por los cárteles de la droga, ofrecen un método establecido y seguro para una eventual entrada de terroristas. En una entrevista en agosto del año pasado con Breitbart News –donde notó Trump su existencia–, Flynn aseguró que había grupos terroristas que estaban negociando con los cárteles mexicanos el acceso a sus rutas de contrabando, citando en particular a Hezbolá, una organización con base en Líbano y vinculada a Irán. Breitbart News es propiedad de Stephen Bannon, el supremacista en la Casa Blanca a quien The New York Times identificó esta semana como el poder real detrás del presidente de Estados Unidos.

Las preocupaciones en Washington, sin embargo, tienen sustento. Entre noviembre de 2013 y julio de 2014, 143 personas incluidas en la lista de terroristas del Departamento de Estado, intentaron entrar sin documentos a través de la frontera de Texas con México, según publicó el diario Houston Chronicle. Como resultado, hace 12 días el gobierno texano elevó su alerta contra el terrorismo, por el temor de la concreción de un acuerdo entre el Estado Islámico y los cárteles mexicanos. Paralelamente, su embajada en México apresuró la contratación de empresas de seguridad –se venció el actual contrato con INTER-CON– para proteger a su personal en esa misión y otros nueve consulados, ante el temor de acciones terroristas, según documentos gubernamentales publicados por el portal TMZ, especializado en espectáculos.

El temor a un ataque terrorista domina la conversación sobre la política migratoria en Estados Unidos. Los mexicanos no deben confundir la naturaleza del problema que tienen enfrente y caer bajo el peso de los ladrillos con los que amenaza Trump. El problema es mucho más profundo y, paradójicamente, benéfico para México en una negociación integral con el nuevo presidente, lo que se abordará en un siguiente texto.