El Senado ante la desaparición de personas.

Jesús Robles Maloof.

En el Senado de la República se discute un asunto de la mayor relevancia para el país. La creación de una Comisión Nacional de Búsqueda para las más de 28 mil personas desaparecidas en México.

Por un lado las familias en búsqueda proponen lo obvio desde el punto de vista lógico, ético e institucional. Un órgano autónomo con facultades suficientes cuya prioridad sea la búsqueda. Por otro lado el gobierno de Enrique Peña Nieto ha propuesto una Comisión de Búsqueda que no busque como prioridad. Viniendo de ellos no nos sorprende si atendemos al dicho que mi abuela decía regularmente. El que busca encuentra.

Reitero, si desaparecen a las personas y desaparece la justicia, también desaparece la razón por la que el Estado existe, a saber, garantizar la seguridad y los derechos de las personas. Este es el desafío si queremos un futuro como nación.

Cientos de familias y organizaciones de víctimas han asumido el reto y colocando la necesidad de una amplia articulación por encima de la diferencias, han construido el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MovNDmx), en mi opinión, el ejemplo más digno y acabado de la respuesta cívica contra la violencia.

En apenas unos años y a la par de un proceso de reconocimiento en el dolor y en la lucha que ha unido a esfuerzos surgidos en la guerra sucia hasta aquellos de la guerra contra las drogas, han sido capaces de articular en su favor a universidades, organizaciones de la sociedad civil e instituciones internacionales de derechos humanos.

Lograron no solo diagnosticar los obstáculos legales, además elaboraron y llevaron a buen término, la reforma al artículo 73 constitucional que faculta al Congreso de la Unión para crear una Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares. Esta ley es indispensable como un marco lógico que ordene definiciones, competencias y responsabilidades en el tema.

En septiembre escribía ¿Por qué luchar por leyes en un país en donde no se respetan? Porque existe un caos en este tema donde un cúmulo de conceptos legales que fueron pensados en otros tiempos o creados para otros delitos como el secuestro, se usan “legalmente” por autoridades para no buscar, para no hacer nada. Una ley contra la desaparición es el piso de su lucha. Es el inicio no el final de la movilización.

El Congreso de la Unión aprobó la citada reforma a la Constitución el 2 de febrero de 2014. El 17 de junio de 2015 y tras recibir el apoyo de 19 congresos locales, cumplió los requisitos para finalmente ser publicada el 10 de junio del mismo año, entrando en vigor el 13 de junio de 2015. Este recuento es importante dado que la misma reforma establecía un plazo de 180 días, tras su entrada en vigor, para expedir la Ley General. Tiempo razonable si, como lo mencioné, existe una propuesta de Ley aportada por el el MovNDmx y avalada socialmente. El trabajo estaba hecho.

El plazo que marca la Constitución se venció el 29 de marzo de 2016 sin que el Congreso haya cumplido como es su costumbre. Hoy, 9 de febrero de 2017, aún no hay siquiera un dictamen sobre la desaparición y hace unos días, Senadoras y Senadores, literalmente festejaron una Constitución que abiertamente incumplen.

El impasse legislativo es el mejor retrato de este crimen de lesa humanidad. Operado por Osorio Chong el PRI quiere una Ley cuyos efectos, potencialmente dañinos para sus intereses, puedan controlar.

Con admirable paciencia el MovNDmx acudió en diciembre pasado a reuniones de trabajo planteadas por el Senado para revisar las iniciativas, incluida la de Presidencia. Todos los conceptos y definiciones clave fueron revisados a detalle por el MovNDmx, con la seriedad que se requiere y se aportaron los argumentos y puntos de vista técnicos con oportunidad.

El MovNDmx propuso colocar el peso del diseño institucional en la búsqueda y en la autonomía. A toda desaparición debe corresponder una búsqueda, no por quien pudiera estar implicado, sino por una entidad que garantice imparcialidad. Eso significa una Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) como institución con las facultades suficientes para coordinar esfuerzos entre las comisiones locales y fiscalías especiales de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas en todos los estados del país.

Pero la Secretaría de Gobernación piensa más bien en una CNB con un titular designado libremente por el Presidente y subordinado a Bucareli. De la autonomía luego hablamos. Desde la oficina de Osorio Chong se han opuesto activamente a una CNB con facultades para realizar búsquedas inmediatas y sin previo aviso a lugares de detención de personas (incluyendo cuarteles militares), como es necesario en muchas ocasiones. No es coincidencia el hecho que desde la misma Secretaria se impulse como prioridad legislativa, la iniciativa de Ley de Seguridad Interior que significa la militarización de la seguridad pública y el permiso e impunidad para los abusos del Ejército.

El gobierno de Peña Nieto busca desinflar cualquier posibilidad de contar con una Institución que busque efectivamente a las personas desaparecidas. Para su gobierno la tarea de la CNB debe ser de “auxilio o apoyo” a las instancias estatales corruptas y coludidas  Su propuesta retira de la Comisión las atribuciones de conducción y coordinación de las autoridades de los distintos niveles como demanda el MovNDmx.

El Senado tiene ante sí una decisión. Seguir como comparsa del peor Presidente de la historia moderna de México y acompañarle en su debacle o tomar una decisión de Estado.

Pero no solo el Senado debe actuar ya. Sinceramente creo que como ciudadanos decidiremos si damos la espalda a las familias o caminamos a su lado. Dar la espalda significa aceptar que el Estado y sus cómplices cancelen por la violencia, no solo la hermosa vida como concepto y existencia material, sino el derecho a la muerte como su natural correlación.

En juego está el derecho a morir como es propio a la humanidad, sea por un accidente o por una enfermedad. De forma súbita o por el lento pasar de los años.

Por lo mismo creo que lo más parecido a la desaparición no es la muerte, sino la tortura. Al desaparecer una vida los ejecutores instalan en las familias, un proceso de sufrimiento interminable que se renueva día con día durante el resto de su existencia, sin que el luto y la justicia permitan la continuidad y la esperanza.

Bajo la determinación de “un periodo más y NO más” las familias de nuestros desaparecidos nos convocan al Senado de la República este viernes 10 de febrero a las 11 horas, para exigir la expedición de la Ley. El tiempo se agota. Ahí nos vemos.