Salvador Camarena.
Visto
desde afuera, México debe parecer una gigantesca zona de silencio. Un espacio donde las leyes de la 'física de
la procuración de justicia' obedecen a fuerzas caprichosas, muy distintas, muy
diferentes, a las que aplican en otras naciones, ya no digamos del planeta sino
de la región.
Así, mientras el domingo el
presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski prometió llegar hasta las últimas
consecuencias en la indagatoria sobre los sobornos de la petrolera brasileña
Odebrecht en su país, en el nuestro ese
caso, que sacude con variada intensidad a una decena de países
latinoamericanos, simplemente no existe,
no es tema público ni del presidente Enrique Peña Nieto ni del procurador Raúl
Cervantes.
Por este caso, Kuczynski persigue un
día sí y otro también a su antecesor Alejandro Toledo. Y no es el único país en
el que las élites que han gobernado en este siglo están contra la pared por
haber hecho tratos con Odebrecht. La lista incluye a Panamá, Colombia,
Venezuela, Argentina, Guatemala...
Pero
nada de eso ocurre en México. Ni siquiera luego de que a finales de diciembre
en una Corte de Nueva York se supiera que funcionarios de esa petrolera
brasileña reconocen haber dado sobornos en nuestro país por 10.5 millones de
dólares durante un periodo que comprendería a las administraciones de Pemex de
dos sexenios, el de Calderón y el actual.
Los
nombres de los funcionarios involucrados en esos sobornos son un misterio. Pero
lo que no debería resultar sorpresivo es el historial de irregularidades de la
operación de Odebrecht en México, y al decir Odebrecht en México debe
entenderse para empezar Odebrecht y Pemex.
Porque como lo dieron a conocer ayer
Raúl Olmos y Daniel Lizárraga en un extenso reportaje, 'La negra historia de
Odebrecht en México' (http://bit.ly/2lR4GIG), las operaciones de la petrolera brasileña en nuestro país han merecido
a lo largo de muchos años señalamientos de la Auditoría Superior de la
Federación.
Dicho con palabras de Olmos y
Lizárraga, “los sobornos por 10.5
millones de dólares que Odebrecht ha confesado que pagó a funcionarios
mexicanos, son mínimos frente a los negocios por más de cinco mil 100 millones
de dólares que ha concretado con Pemex en los últimos 10 años”.
Sin embargo, este silencio es muy particular. Es una nada nebulosa que a pesar de
todo guarda las apariencias, es un escándalo sordo que no ha estado exento de
señalamientos, de alertas públicas de que algo andaba muy mal en la relación
entre Pemex y Odebrecht.
“La
Auditoría Superior de la Federación detectó desde 2010, y en forma consecutiva
en los años siguientes, múltiples irregularidades en los contratos otorgados a
Odebrecht, pero esas banderas rojas no provocaron investigaciones inmediatas
por parte del gobierno de Felipe Calderón ni de su sucesor, Enrique Peña Nieto.
Tampoco se promovieron acciones penales contra el poderoso consorcio. Por el
contrario, los contratos a su favor se multiplicaron”, reportan Olmos y
Lizárraga en el material ya citado.
Y
si alguien dijera que esos cuestionamientos pertenecen a un pasado que ya no es
relevante, hete aquí que el día de ayer de nueva cuenta la Auditoría pone el
dedo en la llaga.
El informe correspondiente a 2015 de
la ASF incluye cuestionamientos, rescatados ayer mismo por Raúl Olmos en otro
reporte (http://bit.ly/2lSt37Z) sobre contratos otorgados a Odebrecht en las
refinerías de Tula y Salamanca. En pocas
palabras, se habla de dos gastos irregulares, uno por 120 millones de pesos y
otro por 822 mil dólares.
¿Acabará
por fin en México el silencio y la inacción oficial en torno a Odebrecht?
Realmente es difícil hacer un
pronóstico al respecto.
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