Misma historia una vez más.

Llevo varios años escribiendo el mismo artículo; no es pereza o que disfrute el auto plagio, sino que año tras año se repiten los hallazgos de daño patrimonial que encuentra la Auditoria Superior de la Federación (ASF) respecto al desempeño de los entes fiscalizados y cada año hay estridencia mediática dos o tres días y las aguas vuelven a su nivel de cinismos anterior. Así pasó nuevamente. El informe se presentó el pasado 15 de febrero; dos días hubo primeras planas que reportaban el hecho, políticos indignados que reprobaban los hallazgos y muchas entrevistas en la radio. Ayer lunes la atención mediática ya estaba en otro lado.

Los principales hallazgos de la revisión de la cuenta pública 2015 son el presunto daño al erario público por 165 mil millones de pesos, de cual 65 mil 194 millones de pesos es de gasto federalizado (sobresalen Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Guerrero); la opacidad en el Congreso de la Unión en el ejercicio de los asignaciones a grupos parlamentarios; y diversos riesgos que identificó la ASF: gasto en infraestructura y obras públicas, las contrataciones entre dependencias y entidades del sector público, los padrones de beneficiarios y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Veracruz repite como el estado más observado y que presenta el mayor número de denuncias de hechos interpuestas entre 2011 y 2015 por un monto (acumulado) de más de 4 mil millones de pesos.

Respecto al Congreso mexicano, no hay nada nuevo bajo el sol. A pesar de haber aprobado nueva legislación en materia de transparencia, de haberse obligado a cumplir con ella mediante un programa de reorganización administrativa, ambas cámaras siguen sin cumplir. Según la ASF, los senadores no pudieron comprobar 1,206 millones de pesos destinados a trabajos legislativos. Por su parte, en la Cámara de Diputados la opacidad detectada fue de 1,742 millones de pesos.

Cuando inició la legislatura actual, los coordinadores parlamentarios prometieron transparencia. En su momento, César Camacho (PRI) y Guadalupe Acosta Naranjo (PRD) se comprometieron a hacer cumplir la ley que los obliga a presentar las cuentas claras de los recursos que reciban las fracciones como subvenciones. Marko Cortés (PAN) reiteró el compromiso de su bancada y de Acción Nacional en “combatir la corrupción y en impulsar la rendición de cuentas”.

Lo mismo dijo en 2015 Miguel Barbosa, entonces presidente del Senado, al reconocer que “la exigencia de transparencia en el ejercicio del poder público y el combate a la corrupción, constituyen una de las demandas más apremiantes de la sociedad”. Los resultados han sido deficientes.

Como resultado de la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), a partir de la revisión de la cuenta pública 2016, la ASF se regirá por la nueva legislación y podrá revisar el ejercicio del gasto en tiempo real, así como fiscalizar –en promedio– más del 90 por ciento del gasto total de las entidades federativas (incluyendo las participaciones federales). También, podrá promover juicios de responsabilidades por faltas graves cometidas por servidores públicos y particulares ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, en su caso, denunciarlas ante la Fiscalía Anticorrupción.

Asimismo, es previsible que haya un monitoreo más estricto sobre el destino de las denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR). El nuevo Comité de Participación Ciudadana cuenta con la atribución para exigir cuentas a los integrantes del SNA, de tal forma que puede pedir explicaciones del enorme rezago que hay de denuncias que no han sido desahogadas. Según la misma ASF, se han presentado 741 denuncias de hechos de 1998 a 2014 sin conocer su desahogo.

El nuevo comité ciudadano tiene la oportunidad de evitar que los informes anuales de la ASF sean letra muerta al no poder concluir en castigo a quienes cometen peculado. Puede invitar a que la sociedad civil se involucre en la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción y proponer mejoras para evaluar el cumplimiento de los objetivos del SNA. Dicho de forma simple: el Comité puede ser el escaparate para romper los cuellos de botella y la complicidad que con frecuencia está detrás de la omisión para investigar y sancionar actos de corrupción.