Ante el riesgo de que
sea aprobada la Ley de Seguridad Interior y con ello se favorezca la
militarización de la seguridad pública, activistas y académicos exigieron a los
legisladores tomar en consideración la “experiencia empírica” de los últimos
diez años, en los que se ha incrementado la violencia y las violaciones a
derechos humanos a partir de que las fuerzas armadas incrementaron su presencia
en labores propias de autoridades civiles.
En rueda de prensa, activistas advirtieron que “la Ley de Seguridad Interior representa una
afrenta a las recomendaciones que diversos organismos internacionales han dado
a México”, además de que la
experiencia de diez años ha demostrado que el despliegue militar ha sido
“riesgoso para la población y poco efectivo para lograr la reducción de la
violencia desencadenada desde la implementación de la estrategia de seguridad
contra el narcotráfico”.
Las organizaciones destacaron que existe evidencia de “graves casos de tortura, detenciones arbitrarias,
desapariciones y ejecuciones a manos de militares”, por lo que esos factores
deben ser tomados en cuenta antes de aprobar una ley que a todas luces es
contraria a la Constitución y a la legislación internacional en materia de
derechos humanos.
Alejandro Madrazo, académico del Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE), sostuvo que
después de diez años de que “la militarización ha sido la política pública”,
aplicada a la seguridad nacional, “las bases de datos, los informes, los
análisis de órganos internacionales, los análisis de la academia y del propio
Instituto Belisario Domínguez del Senado, lo que nos dicen es que hay fuertes
señales de alarma” si se aprueba la Ley de Seguridad Interior.
El investigador destacó que de acuerdo con análisis sobre el
despliegue militar durante la gestión de Felipe Calderón, del 2006 al 2011, la aplicación de operativos conjuntos
significó un incremento de la violencia y una demostración de la letalidad de
las fuerzas armadas.
Al señalar que a escala municipal se registró durante ese
periodo “una explosión de los homicidios”, agregó
que los registros pasaron de ocho homicidios por cada 100 mil habitantes a una
tasa superior de 24 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Madrazo agregó que en
acciones de combate los homicidios aumentaron 6%, “pero si en ese combate
participaban las fuerzas armadas, ese incremento es de 8%, y específicamente si
participó la Sedena el incremento en promedio es de 9%, un dato que tendría que
tomarse en cuenta si es que se pretende regular la militarización”.
El investigador dio datos aún más contundentes, al señalar
que el índice de letalidad de las
fuerzas armadas y de las policías alcanzó niveles “inaceptables, al grado de
que es tan alta que es incalculable, pues no existen heridos y sólo se reportan
muertos, lo que hemos llamado eventos de letalidad perfecta”.
Del análisis de los
eventos o enfrentamientos en los que participaron las fuerzas castrenses de
2006 a 2011, la investigación de Madrazo identificó que aquellos en los que
sólo se registraron bajas mortales representaron “37% de los combates, pero
aportan 90% de los muertos”.
Entre los riesgos de
aprobar dicha ley destaca la invasión de competencias del fuero civil por la
castrense, sobre todo en lo que compete a la procuración de justicia,
alertó el director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de
los Derechos Humanos (CMDPDH), José Antonio Guevara.
Al señalar que es una
ley que significa “un golpe para los derechos humanos, porque puede facilitar
la comisión de abusos”, y que no está sola sino que forma parte de una
estrategia global, Guevara destacó que en la
iniciativa de reforma al Código de Procedimientos Penales, PRESENTADA POR EL
DIPUTADO PRIISTA CÉSAR CAMACHO QUIROZ, se incluyen “disposiciones que le dan a
la Procuraduría de Justicia Militar facultades que son invasivas, como la de
ingresar a los organismos autónomos para hacer investigaciones, así como darle
la atribución de poder producir pruebas de referencia”.
De aprobarse la Ley de Seguridad Interior, Guevara alertó
que lo que se avecina en diez años es
“un desprestigio inimaginable de las fuerzas armadas, tal como ocurrió en
Guatemala o en Argentina, lo que se avecina es la imposición de la impunidad”.
Ante la eventual aprobación de la ley, Santiago Aguirre,
subdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh),
hizo un llamado a la CNDH a interponer un juicio de inconstitucionalidad, como
ya lo hizo en la reforma al Código de Justicia Militar.
Los activistas resaltaron que tanto la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como el Alto Comisionado de Naciones
Unidas de Derechos Humanos exhortaron al
Estado mexicano a diseñar un “plan concreto para el retiro gradual de las fuerzas
armadas en tareas de seguridad”, en tanto que el representante de la ONU
recomendó “promover un enfoque de seguridad pública en línea con los derechos
humanos”.
En la conferencia también participaron Tania Reneaum Panszi,
de Amnistía Internacional; Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos
Humanos y Democracia; Pablo Girault y Lisa Sánchez, de México Unido contra la
Delincuencia; Luis Fernando Fernández, del colectivo #seguridadnomilitarizada;
Mario Patrón Sánchez, director del Centro Prodh; Jesús Robles Malof, de
Enjambre Digital, y Denise Dresser, politóloga y escritora.
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