En 1981, el entonces
Presidente José López Portillo quería vencer lo que él mismo definió como una
“grande tentación”. Un grupo de empresarios y políticos le obsequió un rancho
en Tenancingo en el Estado de México para que pasara cómodamente sus días fuera
de la residencia oficial de Los Pinos.
Pero él, no sólo lo
rechazó; sino que puso la primera semilla para la legislación anti regalos para
los funcionarios mexicanos.
El 3 de septiembre de 1981, el proyecto de ley fue
presentado por el legislador del Partido Revolucionario Institucional, Ignacio
González Rubio. La ley fue aprobada por 270 votos a favor y dos en contra. En la letra quedó que los funcionarios
públicos sólo podrían aceptar quince regalos por año, siempre y cuando el valor
de cada uno de ellos no exceda la suma de 20 días de sueldo que por funciones
les pague el presupuesto.
Aquella vez, algunos
diputados no creyeron que esa ley fuera a contribuir con el combate a la
corrupción nacional. Luis M. Farías, del PRI, presidente de la Gran
Comisión, dijo que su aplicación sería “muy difícil” y Rafael Alonso y Prieto,
del PAN, estuvo en contra por considerarla intrascendente y “una mínima parte
de la corrupción” del país.
35 años después, la base del marco legal al respecto es un
acuerdo de la Secretaría de la Función Pública (SFP), publicado en 2013 en el
Diario Oficial de la Federación que indica que los funcionarios mexicanos deben
poner a disposición de la Dirección General de Responsabilidades y Situación
Patrimonial de esa dependencia, los regalos cuyo costo exceda los 10 salarios
mínimos; es decir, unos 800 pesos en este momento.
De 2012 a 2015, sólo
cinco miembros del Gabinete legal y ampliado entregaron obsequios con esas
características a la Función Pública, mientras que 19 no reconocieron haber
recibido presentes con costo mayor al que marca la ley.
Claudia Ruiz Massieu,
quien ocupó la Secretaría de Turismo y luego la de Relaciones Exteriores se
deshizo de 20 regalos; Rosario Robles Berlanga, primero en Desarrollo Social y
luego en Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) puso a disposición
de la SFP, cinco obsequios; Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos
Mexicanos hasta 2016, entregó cuatro; Luis Videgaray Caso, en Hacienda en esos
años, se despojó de uno y Alfonso Naverrete Prida, Secretario del Trabajo y
Previsión Social, también de uno.
Si bien esos
obsequios ya no están en sus manos, los ciudadanos no pueden conocer quién, por
qué y cuál fue el costo real del obsequio pues no hay formatos para que ello
quede registrado.
Entre quienes en esos años no pusieron ningún obsequio a
disposición de la SFP están Miguel Ángel
Osorio Chong, Secretario de Gobernación; Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario
de la Defensa Nacional; José Antonio Meade Kuribeña (en ese tiempo Secretario
de Desarrollo Social) y ahora Secretario de Hacienda; Rafael Pachiano Alemán,
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Arely Gómez González (en ese
tiempo Procuradora General de la República) y hoy Secretaria de la Función
Pública, entre otros.
Además, el Presidente Enrique Peña Nieto regresó 90
obsequios. De hecho, el registro de los regalos del Jefe del Ejecutivo es el
más transparente. No se conoce el costo, ni quién se los dio, pero sí qué son. En 2013, se deshizo de una corbata marca
Prada, color rojo de rayas, de otra roja con rayas blancas marca JBE, y una más
de Scappino rayada, azul y blanco. Así también, el Presidente puso a
disposición de la SFP el libro “Isidro Fabela Alfaro, Pensamiento y obra a cien
años de la Revolución y Carta de felicitación, el libro “Aníbal y Escipión”,
así como el libro “Método de Escritura y Lectura”.
López Portillo no
dejó la impronta del combate a la corrupción por haber ideado la ley
anti-regalos. Su sexenio estuvo marcado por el despilfarro y la
superficialidad. Su esposa, Carmen Romano, se desplazaba por la ciudad de
México con 11 vehículos escolta y los hijos se casaban en la residencia oficial
de Los Pinos en fastuosas bodas en las que los regalos eran automóviles,
viajes, terrenos, cuadros y joyas.
Fue un sexenio donde,
además, se instaló el nepotismo. Su hermana, Margarita, era directora de Radio,
Televisión y Cinematografía (RTC); otra hermana, Alicia, su secretaria
particular; uno de sus cuñados era oficial mayor en la Comisión Federal de
Electricidad, su primo Guillermo era titular del Instituto Nacional del Deporte
(Inde). Lo que coronó ese rasgo de López Portillo fue su José Ramón. Lo llamó
“el orgullo de mi nepotismo” cuando el joven fue designado Subsecretario de
Programación y Presupuesto.
Treinta y cinco años después pese a la construcción de
instituciones de combate a la corrupción y la rendición de cuentas, el cáncer
es mayor. El estudio “Anatomía de la corrupción” describió en octubre de 2016
que no hay escenario de la vida de los mexicanos en que no esté el mal, desde
los litros de 900 ml que se despachan en las gasolinerías, personas liberadas
de pagar condena en la cárcel a cambio de una retribución económica,
enriquecimiento inexplicable y desvío de fondos públicos.
México cayó 28 posiciones en el Índice de Percepción de la
Corrupción en el sector público, elaborado por Transparencia Internacional. En
2015, el país se ubicó en el lugar 95 y en 2016 pasó al sitio 123, entre 176
países analizados. La evaluación obtenida fue de una puntuación de 30 en una
escala que va de 0 a 100. A partir de los datos de este índice puede inferirse
que a México le puede tomar unos 45 años dejar ese sitio donde está hundido.
Los regalos para los
funcionarios continúan. De hecho, el marco legal es más rígido. El acuerdo más
reciente al respecto fue el publicado en 2013 en el Diario Oficial de la Federación
por la Secretaría de la Función Pública. En este se estableció el impedimento
para todos los servidores públicos recibir regalos o bienes mayores a los 10
salarios mínimos en un año; es decir, unos 800 pesos en este momento.
El acuerdo estableció que la SFP aprovechará todos los
“regalos” que les hagan a los funcionarios como equipos de cómputo, impresoras,
escáneres, agendas electrónicas y consumibles y demás materiales de oficina;
bienes muebles artísticos, históricos o arqueológicos o de naturaleza similar
para donarlos a escuelas, centros de investigación, bibliotecas o museos
públicos.
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